La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla que José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y Alejandro Henríquez, defensor ambiental y asesor legal de la cooperativa, continúen en detención formal por los supuestos delitos de “desórdenes públicos y resistencia agresiva”, tras participar el plantón pacífico del lunes 12 de mayo.
Según el requerimiento fiscal presentado al juzgado la tarde del martes 27 de mayo, los detenidos son “coautores” de los delitos de “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva” ocurridos en el plantón pacífico realizado por habitantes de la Cooperativa El Bosque, en uno de los arriates de la carretera que conduce hacia la Libertad, frente a la residencia privada donde vive Nayib Bukele.
La Fiscalía está cometiendo un “error” con una petición que va contra la ley, la Constitución y de tratados internacionales que ha firmado El Salvador , dice Oswaldo Feusier, abogado de los detenidos. “Se está solicitando la detención de dos defensores de derechos humanos y que pueden pasar dos años detenidos en este proceso. Desde el punto de vista legal, constitucional, convencional, ético y moral, no se debería estar solicitando la detención provisional por parte de la Fiscalía”, añade.
Amnistía Internacional ha reaccionado ante la solicitud de la Fiscalía y señala que: “estas acusaciones criminalizan el derecho a la protesta pacífica y vulneran la libertad de expresión. Protestar pacíficamente no es un delito. Es un derecho”.
Por su parte, Carlos Flores, integrante Foro del Agua junto a Alejandro Henríquez, sostiene que el abogado ambiental está siendo acusado de resistirse al arresto, cuando lo que pasó, narra Flores, es que “cinco policías nos apuntaron con sus armas largas y nos hicieron bajar del vehículo. Se dirigieron a Alejandro, lo esposaron y se lo llevaron en un carro polarizado con placas particulares”, dijo a MalaYerba.
Los delitos atribuidos no encajan en el cometimiento de desórdenes públicos y resistencia, explica Feusier. “Es imposible materialmente que se constituya el tipo penal de desórdenes públicos. La violencia, me da la impresión por los vídeos que se han recopilado y que se han presentado al tribunal, la actividad de fuerza se realiza por la Policía Nacional Civil cuando inician procesos de detención sin justificación”, comentó a MalaYerba.
La audiencia inicial en contra de ambos está programada para este viernes 30 de mayo. “Estaremos vigilantes del resultado de la audiencia”, señala Amnistía Internacional, que pide al Estado salvadoreño “garantizar los derechos de José Ángel y Alejandro y cesar el uso indebido del proceso penal para silenciar voces críticas”.
Este 28 de mayo, dos líderes de El Bosque reaparecieron desmontando la narrativa oficial de lo que pasó la noche del 12 de mayo, cuando fueron reprimidos por la policía militar y agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO). Tanto Diego Guzmán y Moisés Galeano pidieron la libertad de José Ángel y Alejandro.
A los imputados se les aplicó el protocolo del régimen de excepción, aunque para delitos ordinarios que no están vinculados con pandillas el plazo para presentar el requerimiento fiscal es de 72 horas.
