Sin previo aviso, a mediados de agosto de 2025, el paso vehicular que lleva a la playa Poza Verde, en el lago de Ilopango, quedó restringido. Primero colocaron una docena de postes de cemento de un metro de alto, revestidos de metal negro con dos líneas de adhesivo reflejante amarillo en la parte superior; luego, instalaron una pluma con candado para impedir su uso. Entre los habitantes y comerciantes de la zona comenzó a circular el rumor de que los nuevos dueños estaban detrás de estos cambios. Esos nuevos propietarios son una sociedad dirigida por Mario Salaverría, exministro de Agricultura del gobierno de Elías Antonio Saca, y una sociedad fundada y dirigida por la esposa y la suegra de Yusef Bukele, hermano del presidente de El Salvador.
Documentos oficiales y públicos del Centro Nacional de Registros (CNR) confirman que la sociedad Ofterdingen, S. A. de C. V., compró siete terrenos rústicos que suman un área de más de 996 mil metros cuadrados (un aproximado de 99.6 hectáreas) en el lago de Ilopango. Cinco de los terrenos tienen accesos a las riberas del lago de Ilopango y dos de ellos tienen salidas a las playas Poza Verde y El Pacayal.
La compra se efectuó el 7 de mayo pasado, apenas tres meses después de que la sociedad fuera fundada con un capital base de $2,000 por Salaverría y un socio minoritario.
Ubicados en la jurisdicción de San Miguel Tepezontes, en La Paz Centro, los terrenos tienen un valor en conjunto de más de $3.9 millones. El exministro firmó la compraventa con un apoderado de los antiguos dueños: miembros de la familia Tesak, una de las familias industriales más conocidas de El Salvador, fundadora y accionista de las fábricas de golosinas Diana y Bocadeli.
Veintitrés días después de la compra, el 30 de mayo, Ofterdingen segregó una porción de sus tierras “que colinda al norte con las riberas del lago de Ilopango”. Según una escritura pública inscrita en el CNR, la donación fue a favor de Rayoonis, S. A. de C. V., una empresa fundada y dirigida por Maritza Lorena Romero Díaz y su hija Maritza Pamela Abarca Romero, casada con Yusef Bukele, pieza clave para la designación del primer gabinete y en la planeación de la apuesta por la criptomoneda del actual gobierno.
La escritura de donación señala que el terreno colinda con el lago de Ilopango y con el resto de tierras de la inmobiliaria de Salaverría. La donación de Ofterdingen fue “pura, simple, gratuita e irrevocable” y la recibió Maritza Lorena Romero Díaz en representación de Rayoonis. La extensión de tierra donada asciende a 10,802.59 metros cuadrados y ambas partes valuaron la nueva propiedad en $20,000.
Según documentos oficiales de los ministerios de Obras Públicas y del Medioambiente, en los terrenos de Ofterdingen y Rayoonis descansan bosques, ríos, quebradas y playas que forman parte de la cuenca del lago de Ilopango, el lago natural más grande de El Salvador y uno de sus principales paraísos naturales.
En esos terrenos cabría hasta 35 veces la Biblioteca Nacional del centro histórico o toda el área natural protegida del ecoparque El Espino, uno de los últimos pulmones del área metropolitana de San Salvador.
Desde San Miguel Tepezontes, la única ruta para llegar a Poza Verde es una calle que recientemente pavimentó la Dirección de Obras Municipales (DOM), a un costo de más de $3 millones y cuyo tramo final ha sido bloqueada para el paso vehicular.
La noticia del cierre de la calle cobró relevancia en el país a finales de agosto con la instalación de una segunda pluma, según publicaciones de usuarios en redes sociales y de medios de televisión y escritos del país. El gobierno, desde entonces, guardó silencio.
La pregunta de fondo, que aún persiste, es quién mandó a cerrar el paso público hacia Poza Verde.
Pese a la ausencia de certezas sobre ese paso restringido, lo cierto es que al exministro y a los Bukele no solo los une el Lago de Ilopango y la familia del hermano menor del presidente. Al menos, desde 2023, dos sociedades de Salaverría comparten dirección con la mayoría de las sociedades con las cuales los Bukele se convirtieron en terratenientes, acumulando casi 365 hectáreas en El Salvador en los últimos seis años.
El exministro que comparte oficinas con los Bukele
Mario Salaverría, con un pasado político ligado con el partido de derecha Arena, ha sido unos de los representantes más influyentes de la industria azucarera del país y durante la administración de Antonio Saca (2004-2009) fue ministro de Agricultura y Ganadería.
Tras su salida del último gobierno de Arena, Salaverría se convirtió en el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES). Para las primarias presidenciales de 2014, estuvo entre los contendientes para ser compañero de fórmula de Norman Quijano. En el siguiente quinquenio, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, formó parte del Consejo Presidencial para el Desarrollo del Sector Agropecuario.
Para las elecciones de 2019, mientras se gestaba la coalición entre Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Democracia Salvadoreña (DS), fue propuesto como compañero de fórmula de Carlos Calleja, el candidato que fue derrotado por Bukele. Sin embargo, Salaverría terminó declinando la oferta por falta de interés, según dirigentes del PCN.
El 7 de diciembre de 2019, ya con Bukele en el poder, Salaverría tuvo sus primeros acercamientos con el exministro de Agricultura y amigo del mandatario, Pablo Anliker, quien llegó a decir que reconocía “la buena labor que desarrolló el exministro de Agricultura, Mario Salaverría y me honra escuchar lo que opina de mi trabajo 😮”, según una publicación en X.
Durante la pandemia de covid-19, estuvo presente en una reunión en Casa Presidencial en la que un grupo de los empresarios más poderosos del país negociaron la reapertura de la economía con Bukele y su hermano Karim.
Su nombre volvería a resurgir, esta vez con otro tono, a partir de la llegada de los diputados de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa en 2021. Salaverría presuntamente habría recibido sobresueldos (fondos extras a su salario oficial) durante el gobierno de Antonio Saca, según documentos revelados por El Faro.
Entre 2021 y 2024, una comisión oficial liderada por diputados de Nuevas Ideas retomó esta investigación e incluyó su nombre en una lista de 58 exfuncionarios que habrían recibido fondos a través de este mecanismo, según detalla una nota de este órgano del Estado. Dicha comisión incluso instó a la Fiscalía a que continué con las investigaciones contra quienes recibieron dichas retribuciones entre 1989 y 2019.
Dedicado al sector azucarero y fundador de una inmobiliaria en 2024, Salaverría creó Ofterdingen, su segunda sociedad dedicada a bienes raíces, el 20 de febrero de 2025, con un capital inicial de $2,000. En esta segunda empresa él aportó $1,990, mientras que los $10 restantes los puso Luis Felipe Trigueros Velásquez, un exasesor de la bancada legislativa del PCN, que fue uno de los principales lobbistas en la creación de una ley del agua salvadoreña que ha sido cuestionada por favorecer a la industria y al sector privado.
De acuerdo con el acta de constitución inscrita en el CNR, la principal finalidad de Ofterdingen es “toda clase de actividad lícita, en especial a desarrollos inmobiliarios, comercialización de inmuebles, la compra, venta, urbanización, lotificación, construcción y remodelación de bienes inmuebles y cualquier otra actividad similar o conexa”, entre otras.
Tres meses antes de comprar sus nuevas tierras en la ribera del lago de Ilopango, la sociedad de Salaverría se instaló en una casa ubicada al final de la calle La Mascota, en la urbanización Maquilishuat. En esa misma dirección están registradas más de una decena de empresas de la familia Bukele Ortez y de sus primos, Xavier (presidente del partido Nueva Ideas) y David Zablah Bukele. Según documentos disponibles en el CNR, en esa misma casa coexisten junto con 503, Bu-Ro, Corporación del Sur, Corporación Logística de Servicios, NRA, Obermet, Lagencia, Barnet, Edena, Kengir, Ahead y Grupo Altermedia.
Esta propiedad, según consta en documentos públicos, fue comprada el 30 de junio de 2023 en $400,000 por Prepare, S. A. de C. V, una sociedad fundada en 2011 por Nayib Bukele y su esposa Gabriela Rodríguez. Prepare se dedica a la prestación de “servicios psicológicos y clínicos a madres embarazadas, parejas, madres, niños, familias e individuos en general”, detalla el acta de constitución inscrita en el CNR.
Tres meses después de instalarse en La Mascota, Ofterdingen logró pasar del capital mínimo que se necesita para formar una nueva empresa a hacer una compra millonaria en una de las joyas turísticas del país.
Sin embargo, el encuentro de los Bukele con Salaverría en La Mascota data desde el 14 de diciembre de 2023. Mientras los Bukele continuaban amasando tierras en diferentes partes del país, Salaverria fundó ATAN, S. A. de C. V., dedicada a actividades inmobiliarias, asesoría sobre bienes inmuebles y otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos, junto con el ciudadano irlandés Michel James McCluskey. La dirección de operaciones de la empresa fue registrada en la misma casa ubicada al final de la calle La Mascota. Dos años después también puso la base de Ofterdingen en el mismo sitio.
Las empresas de Salaverría, otra de las empresas de las dueñas de Rayoonis y al menos seis de las sociedades de los Bukele también comparten los servicios de la auditora externa “Magda Lorena Ortiz de Beltrán”, según documentos públicos del CNR. Ante esa oficina gubernamental, dos nombres de representantes de las empresas de Salaverría para tramitar procesos registrales también se repiten como representantes de al menos cuatro sociedades del clan Bukele.
El viernes 19 de septiembre se intentó obtener una reacción de Salaverría a través de su teléfono celular, pero no atendió las llamadas. Minutos después, desde otro teléfono celular, una persona que dijo hablar en nombre del exministro pidió que se le enviaran las preguntas por mensajes. Luego de enviarlas a su teléfono y al del exministro, esta persona volvió a contactar al periodista para informar que Salaverría “prefiere mantener sus negocios personales en privado”.
La DOM le pone atención a Poza Verde
En noviembre de 2023, un mes antes de que ATAN, la primera inmobiliaria de Salaverría comenzara a compartir dirección con el emporio de las empresas Bukele, la Dirección de Obras Municipales comenzó con la renovación y pavimentación de la calle que va hacia la playa Poza Verde; un sitio turístico abierto al público que tomó relevancia por el color transparente de sus aguas después de pandemia Covid-19 y que los creadores de contenidos alineados al gobierno de Bukele nombran como “sitio desbloqueado de pandillas”.
El costo total de la pavimentación de la calle fue de $3,092,76.68 y fue adjudicada a una constructora que tenía apenas ocho meses de existir, según documentos del CNR y una de contrataciones de la DOM: Ingeniería y Desarrollo, S. A. de C. V.
La DOM es una institución que nació en 2021 para ejecutar las obras municipales que le corresponden a las alcaldías, pero que la administración Bukele decidió centralizar en el Ejecutivo. A la larga, la DOM se convirtió en una entidad que adoptó los colores del partido Nuevas Ideas, fue delegada a funcionarios y fundadores partidarios a Bukele y “priorizó una voraz maquinaria de propaganda electoral por sobre las necesidades de los pueblos más pobres del país”, reveló FOCOS.
En el lanzamiento de la obra en la Poza Verde participó Roberto Rosales, representante de la DOM, Alex Ardón, entonces alcalde de San Miguel Tepezonte por Nuevas Ideas, y la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, quien no desaprovechó a criticar a exalcaldes que utilizaban recursos del Estado para su beneficios; además de promover la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele.
Cuando arrancó el proyecto, la DOM prometió terminar la calle en 300 días, pero hasta el 9 agosto pasado la entrada hacia Poza Verde seguía en construcción y, a la fecha, la DOM no ha anunciado el cierre de obras.
A finales de diciembre de 2024, reportes periodísticos señalaban la denuncia de tres trabajadores de la obra que fueron arrestados y posteriormente puestos en libertad con medidas sustitutivas, tras reclamar el pago de salarios y aguinaldos adeudados al menos a 50 empleados más.
Esta vía que conecta con los nuevos terrenos de Ofterdingen y Rayoonis, también es utilizada por habitantes y comerciantes de San Miguel Tepezontes y otros municipios como rutas de acceso y retorno en lanchas hacia distintos puntos del lago de Ilopango, según afirmaron comerciantes de la zona.
Las propiedades de Salaverría y de la familia de Yusef Bukele se ubican en zonas catalogadas como máxima protección, protección, aprovechamiento y restauración, según el formulario ambiental que la DOM presentó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para la reparación de la calle.
Es decir, algunos terrenos están sobre áreas naturales frágiles y valiosas —como bosques o zonas de recarga acuífera— donde están las construcciones, la tala, la siembra o cualquier actividad que altere el ecosistema. Otras propiedades se localizan en tierras ya degradadas y que requieren procesos de recuperación ambiental, de acuerdo con las especificaciones de las Directrices para la Zonificación Ambiental y Uso del Suelo del MARN.
“Las zonas de máxima protección varían según la zonificación. En algunos casos corresponden a bosques primarios o secundarios con pendientes pronunciadas.
Es probable que en ellas habiten diversas especies de flora y fauna en amenaza o peligro de extinción a nivel nacional. Por eso es importante conservar estos sitios, tanto para evitar la erosión de los suelos como para mantener la infiltración del agua”, explicó un biólogo y especialista en fauna silvestre, quien habló con Redacción Regional y MalaYerba bajo la condición de anonimato.
Pero la playa Poza Verde no es solo un atractivo turístico dentro de un área natural importante, también representa el sustento de, al menos, 34 vendedores informales de varios municipios. Comerciantes de bebidas, comida, golosinas, lancheros, pescadores y productores de tilapia han encontrado en la orilla de la playa una fuente de ingresos para sus familias.
“Esta playa es un patrimonio que nos permite subsistir, no solo a mí, también a quienes trabajan conmigo”, dijo uno de los comerciantes entrevistados.
El comerciante relató que los vendedores empezaron a preocuparse días antes de las vacaciones de Semana Santa de 2025. En una reunión, el actual alcalde de La Paz Centro, Armando Jirón (GANA), les confirmó que la playa Poza Verde era privada y que no podían hacer nada al respecto, porque —según dijo— pertenecía a la familia Bukele. Días antes de esa reunión, el comerciante asegura que policías y militares llegaron a la zona de manera intimidante y tomaron fotografías a los negocios. Por eso, dice, prefiere hablar desde el anonimato.
Cuatro meses después, en julio, los comerciantes observaron a dos personas que llegaron en un vehículo doble cabina anaranjado, sin placas, para supervisar la construcción de los postes de cemento y la primera pluma de metal que impedirían el acceso de vehículos. Todo esto ocurrió bajo la custodia de soldados de la Fuerza Armada, relataron.
La restricción de la vía se impuso para evitar que un camión llegara a extraer arena a la playa, una práctica prohibida por las autoridades, que no ocurre en la zona, explicaron varios comerciantes. “Esa es la mentira que dan para cerrar el acceso”, dijeron.
A finales de agosto, una segunda pluma con candado fue colocada a 500 metros de Poza Verde, lo que complicó aún más el acceso a la playa. Según denunciaron los comerciantes, la medida ya provocó una menor afluencia de turistas y una caída en sus ventas.
Ahora, los vendedores temen ser desalojados. “Algunos comerciantes se han retirado de la zona por esta situación”, afirmó uno de los comerciantes.
Esta no es la primera vez que instituciones o agentes del Estado intervienen con obras públicas o vigilancia en propiedades ligadas al clan Bukele. En septiembre de 2024, Redacción Regional reveló que en la Hacienda Dorada, ubicada entre el lago de Coatepeque y el Cerro Verde, en Santa Ana, funciona un puesto militar que resguarda la finca cafetalera del presidente. La DOM pavimentó varios tramos de la calle Antigua Vía de Ferrocarril, en Armenia, Sonsonate, donde Grupo Bukele, S. A. de C. V. compró terrenos. Y esa misma institución ha sido protagonista de la remodelación de los tramos del centro histórico que conducen al edificio que compraron los hermanos Bukele Ortez.
Esta alianza periodística escribió el 22 de septiembre por la mañana al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, para solicitar reacciones del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela Rodríguez para entender la relación entre las sociedades de Salaverría y la familia presidencial. No hubo respuesta.
A las 6 de la tarde de ese mismo día, la DOM publicó un video en sus redes sociales en el que anunciaron la construcción de un complejo turístico en la playa Poza Verde. Sin embargo, en el proyecto oficial de la pavimentación de la calle hasta la playa no existen rastros de la construcción de un complejo turístico.
El 23 de septiembre, por la mañana, también se le solicitó a Sanabria reacciones de la presidenta ejecutiva de DOM y secretaria privada de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez, sobre esta apuesta recién revelada. A pesar de que el secretario de prensa leyó los mensajes, al cierre de este reportaje no dio respuestas.
Casi dos horas más tarde, la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa en X comentó el tuit de la DOM sobre la “construcción de un nuevo espacio turístico en la playa Poza Verde”.
El ministro de Medio Ambiente y amigo de infancia de Bukele, Fernando López Larreynaga, también recibió una solicitud de entrevista para conocer si la institución que dirige ha aprobado los permisos necesarios para que la DOM inicie obras turísticas en la zona.
De igual manera, se le solicitó explicaciones al alcalde de La Paz Centro, Armando Jirón, sobre la restricción del acceso vehicular a la playa. Ninguno de los funcionarios respondió.
En Ilopango, los comerciantes defienden que desarrollan sus actividades en un espacio que le pertenece al Estado. La Ley General de Recursos Hídricos —conocida como Ley de Agua—, aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021, establece en su artículo 6 que las playas marítimas, los lagos, las lagunas y sus riberas forman parte del “dominio público hidráulico”; es decir, pertenecen al Estado.
Esta ley también otorga a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) la facultad de delimitar zonas de protección y regular el uso del suelo en las áreas que forman parte del dominio público hidráulico, según el artículo 124. En el artículo 108 del anteproyecto de esa misma ley, presentado por el Ejecutivo meses antes, se proponía una franja fija de cincuenta metros a partir de las riberas, pero la disposición fue modificada y la normativa vigente dejó esa demarcación en manos de la ASA.
Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de la organización Cristosal, explicó que, aunque los propietarios tienen derecho sobre las tierras, no pueden impedir el uso del lago para transportarse, la pesca o recreación. Además, tanto ellos como el Estado deben garantizar el derecho de tránsito mediante una servidumbre, ya sea a través de una calle, una vereda o cualquier otra vía de acceso.
De llegarse a limitar el paso de las personas- agregó el abogado- los propietarios estarían cometiendo un abuso. “Legalmente, los dueños no deberían limitar el paso, porque estarían incurriendo en una ilegalidad, sobre todo porque hay comunidades empobrecidas que se les hace mucho más económico pasar por ese lugar”, dijo.
Antes de que el acceso vehícular hacia posa verde fuera restringido, sitios web del Gobierno, como XPot, promovían la visita al lugar y decían que “no tendrás que pagar nada por ingresar, ya que es un lugar de acceso público”.
De fundaciones, apps y modas a dueñas de un terreno en Ilopango
Antes de la fundación de Rayoonis, Pamela Abarca y su madre, Maritza Lorena Romero Díaz se dedicaban a empresas de publicidad y de modas que han fundado juntas. Maritza Lorena Romero, además, figuró el 7 de marzo de 2020 como presidenta ejecutiva de la fundación Armando Bukele, creada junto a la madre de los hermanos Bukele Ortez, según el Diario Oficial
Un mes más tarde, uno de sus primeros acercamientos públicos con el exministro Salaverría ocurrió durante la pandemia de covid-19, cuando Romero Díaz estuvo presente junto con Yusef Bukele, Mario Salaverría y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, entre otros, en la donación que FUNDAZUCAR hizo de 310 equipos médicos que contribuirán al equipamiento del Hospital de CIFCO.
Al finaliza el 2020, Romero Díaz le cambió el nombre a la Fundación Armando Bukele por Fundación Un Mejor El Salvador.
Para el 14 enero de 2021, madre e hija fundaron Hifumi, S. A. de C. V. Esta empresa abarca desde la venta y distribución de bienes y servicios de tecnología en general hasta servicios de publicidad de productos y servicios de terceros, entre otros. Según el acta de constitución disponible en el CNR, Pamela Abarca asumió como administradora propietaria y su madre como suplente.
La sociedad comenzó a funcionar en un edificio de la calle La Mascota, pero para el 18 de noviembre de 2021 mudaron las operaciones al final de la misma calle, en la urbanización Maquilishuat, en la casa donde ya operaban las empresas del clan Bukele y donde Salaverría también ubicó sus sociedades.
En abril de 2024, Hifumi eligió una nueva administración de la sociedad. Según el acta, nombraron a Yusef Bukele administrador único propietario y a su hermano Ibraijm, como suplente.
En El Salvador, Hifumi es conocida por su app de servicio de entrega de comida. También ha incursionado en el cine con Hifumi Films, desde donde han hecho uso del Teatro de Santa Ana para la proyección de películas. Y también con Hifumi Tickets, que participó en la venta de paquetes para asistir al Festival Latido, realizado en el Centro Histórico el 2 de agosto de 2025.
El 24 de enero de 2024, madre e hija fundaron ATMAST S. A. de C. V., una empresa dedicada principalmente a la industria del diseño de modas, de vestuario y accesorios, la publicidad y mercadeo, estudios de mercados, entre otras áreas relacionadas. Tres días más tarde, ambas crearon Rayoonis. Las dos sociedades quedaron registradas en una residencial de la colonia General Arce.
Esta alianza de medios también intentó obtener una reacción de las fundadoras de Rayoonis. El 22 de septiembre se intentó dejar una carta en la casa ubicada al final de la calle La Mascota, en donde opera Hifumi, Ofterdingen y otras sociedades del clan Bukele, según el CNR, pero fue imposible. Un agente del Estado Mayor Presidencial advirtió que en ese lugar ya no existían oficinas y, de hecho, se constató que el rótulo de una de las empresas de la familia Bukele ya había sido retirado, mientras otros trabajadores estaban sacando muebles de la propiedad. Al intentar tomar una fotografía, el mismo agente indicó que era prohibido tomar fotos del inmueble. Temprano esa mañana, otros agentes del Estado ingresaban botellas de agua a otra de las propiedades de la primera dama ubicada a un costado.
Esta alianza también dejó una carta solicitando reacciones en la vivienda ubicada en la colonia Arce donde opera Rayoonis. Al cierre de este reportaje no hubo respuestas.
Un comodato por 50 años a ONG dirigida por una ‘coach’ cercana a diputados cian
Los terrenos de Ofterdingen y Rayoonis se extienden por la orilla del lago de Ilopango que va desde la Poza Verde hasta el final de la playa El Pacayal, a excepción de una propiedad que la Alcaldía de San Miguel Tepezontes, ahora La Paz Centro, entregó en comodato y por 50 años a la Asociación Transformando Realidades (ATRARE).
ATRARE fue constituida el 29 de abril de 2019 como una asociación sin fines de
lucro. En sus estatutos, publicados en el Diario Oficial el 7 de octubre de 2020, estableció que busca “llevar a cabo proyectos que transformen positivamente la realidad de las personas y le genere oportunidad de vida digna”.
El 24 de marzo de 2022, el exalcalde Alex Braiams Ardón de Nuevas Ideas le entregó 62,325 metros cuadrados en comodato a esta organización dirigida por Yolanda Ivette Majano Quintanilla, según la escritura disponible en el CNR. Este comodato permite la ejecución de un “proyecto de emprendedurismo turístico” en esta otra zona y, por consiguiente, le concedió también la administración y cuido de la ribera del lago por 50 años.
Majano se promociona en redes sociales como una “coach” en temas administrativos y consultora informática. Y en redes sociales, además, diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano han promovido las obras de su organización, incluso dándole trato de invitada de honor en el Salón Azul.
Según sus publicaciones en redes sociales, Majano también ha colaborado con las entonces alcaldías de San Lorenzo, Juayúa y Olocuilta, todas dirigidas por Nuevas Ideas. Y otras instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Vivienda, han participado de actividades que la ONG realiza.
Seis meses después de haber recibido el comodato para administrar las tierras del lago vecinas de Ofterdingen y Rayoonis, la alcaldía de San Miguel Tepezontes le agradeció su apoyo en la coronación de la reina de las Fiestas Patronales de 2022.
Más reciente, el 1 de junio de 2025, Majano asistió al Palacio Nacional como invitada al discurso anual de Nayib Bukele.
El 19 de septiembre, vía telefónica, se le pidió a Majano detalles sobre el comodato entregado a ATRARE. Majano se negó a dar información a esta alianza alegando que desconocía al medio de comunicación y que solo colaboraría siempre y cuando se le entregara una “credencial de vigencia”, que la persona o el medio sea una “persona legalmente constituida, goce de credibilidad y esté constituido como un periódico formalmente”.
“Debido a que si se llegase a publicar una información que fuese incorrecta, pues nosotros proceder (sic) legalmente”, añadió.
Expertos en libertad de expresión y derechos humanos consultados para esta investigación coinciden en que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de difusión de información no está supeditado ni puede estar condicionado a un registro o una inscripción oficial.
El viernes 19 de septiembre por la tarde se intentó una vez más obtener las reacciones de Majano, a través de un mensaje a su número celular. En el mensaje se le pidió información sobre el comodato entregado a ATRARE por la alcaldía de San Miguel Tepezontes, qué proyectos están desarrollando o piensan desarrollar, la experiencia de la organización en la creación o desarrollo de proyectos de “emprendimiento turístico” y si las cercanías entre ella y diputados y funcionarios de Nuevas Ideas es a título personal o incluyen el trabajo de ATRARE . Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Al exalcalde Ardón y el actual alcalde Jirón también se les consultó sobre avances de los proyectos planteados en el comodato, pero no hubo respuestas.
La organización dirigida por Majano ahora tiene la potestad completa en el único espacio público para el turismo local que queda en la zona.
En ese tramo de la playa El Pacayal, las pequeñas olas que saltan del lago llegan a un zona arenosa, donde termina una larga quebrada y comienza el bosque. El terreno está en la porción más plana de la playa, que es visitada por turistas a bordo de lanchas o por aquellos que se aventuran a recorrer sus senderos.
Según la escritura del comodato, esta es la única porción de terreno pública entre ambos puntos y la única parte que se destinará para el turismo, pero aún no hay registros públicos de solicitudes de permisos ambientales en el Ministerio de Medio Ambiente y, tampoco, una calle pavimentada para llegar hasta ahí, a diferencia de la nueva ruta que va directo a la playa Poza Verde y a la que se ha restringido el acceso vehicular.
