Los camiones de construcción entran y salen de la finca Suiza, ubicada al sur del casco urbano de Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. Nada detiene las obras, ni siquiera el cementerio clandestino donde el Ministerio de Seguridad registró el hallazgo de 26 cuerpos, y que se ubica a 100 metros de distancia de la construcción del Condominio Portales del Bosque. Ahí, el bosque desaparece y se convierte en un desierto de tierra blanca, aplanada por maquinaria pesada y decenas de trabajadores que se mueven bajo el intenso sol.
“Esta es la Suiza de la que tanto habla el presidente Bukele”, dice Karla, una habitante de Nuevo Cuscatlán que prefiere el anonimato por temor a represalias. Ella es originaria del municipio y ha visto cómo la expansión de la industria inmobiliaria ha segregado a los habitantes originarios, además de reducir y contaminar sus fuentes de agua.
En 2022, las comunidades se enfrentan a la construcción de una nueva ciudad llamada Kalamanda, que comercialmente se conoce como Condominio Portales del Bosque. La familia Dueñas, la misma que construye sobre la zona de recarga hídrica en el Valle del Ángel, en Apopa, es propietaria de una porción del megaproyecto en Nuevo Cuscatlán. “Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero el desarrollo debe ser equilibrado”, dice Karla mientras ve la maquinaria destruir el bosque de café.
Para la nueva construcción, el Grupo Dueñas se ha valido de la sociedad Desarrollos y Servicios Nuevo Cuscatlán Limitada, que tiene como gerente y representante legal al empresario Alejandro Arturo Dueñas Soler, presidente de Urbánica —la empresa a cargo de construir Ciudad Valle El Ángel, en Apopa—, y nieto de Roberto Soler Borghi, antiguo dueño de la finca Suiza.
Además de Alejandro, la empresa también es administrada por otras personas que forman parte del influyente grupo empresarial. Entre ellas, Alberto Xavier Dueñas Fortún, primo de Alejandro; Rafael Eduardo Alvarado Cano, Ministro de Hacienda durante el período del expresidente Alfredo Cristiani; y José Federico Rodríguez Villacorta, director de planificación y operaciones de Urbánica y miembro de la junta directiva de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, CASALCO.
Rodríguez Villacorta fue quien, en julio del 2021, representó a Urbánica y el sector inmobiliario ante la Comisión Ad hoc que formuló el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos en la Asamblea Legislativa.
Karla vio de cerca el trabajo de Nayib Bukele durante su gestión municipal entre 2012 y 2015. En ese tiempo, Bukele apoyó inmobiliarias vinculadas con Alba Petróleos, investigadas por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, que construyeron residenciales lujosas libres de impuestos municipales, a cambio de fondos para mejorar la imagen de Bukele en el espacio político, según investigaciones periodísticas.
En 2014, Bukele prometió una inversión de “mil millones de dólares” para el municipio, en un plazo de 10 años. “Es una alternativa al neoliberalismo basada en la solidaridad”, dijo el exalcalde, quien promovía que las comunidades serían beneficiadas con las “inversiones”.
Para materializar la promesa de inversión, con su llegada a la Presidencia de El Salvador, Bukele empezó por ordenar la agilización de los trámites de permisos emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Bajo esa consigna, en 2021, el ministro Fernando López aprobó el permiso ambiental del megaproyecto Kalamanda, que abarca 100 manzanas de terrenos en las fincas Suiza y Santa Elena, ambas de Nuevo Cuscatlán. El permiso del MARN transgrede la zonificación ambiental, pues la mayor parte de la finca Suiza mantiene el régimen de “máxima protección”. Ahí es donde los Dueñas construyen torres de edificios lujosos.
La solicitud del permiso ambiental fue presentada por la empresa de arquitectos Briko, S.A. de C.V., que obtuvo una licencia que abarca varios proyectos inmobiliarios, incluyendo a Condominio Portales del Bosque. Con eso el Grupo Dueñas se ahorró el desgaste de marca que implica la obtención de permisos ambientales en zonas de recarga hídrica, como le ocurrió en Ciudad Valle El Ángel.
En 2008 y 2015, el Ministerio de Medio Ambiente negó dos veces los permisos ambientales para la construcción del proyecto residencial Islas de Santa Elena, ubicado en donde hoy los Dueñas ponen las bases del Condominio Portales del Bosque. La principal razón del MARN fue que el terreno tiene “inclinaciones arriba del 70 %”, lo que vuelve los suelos inestables y altamente propensos a deslizamientos.
Las banderas rojas están demás. Uno de los grupos más influyentes del sector inmobiliario: El Grupo Dueñas descuaja en la cuenca alta del río San Antonio lo que queda de un bosque de café de la finca Suiza, que mantiene la categoría de “zona de máxima protección” del MARN. El proyecto representa el ya conocido deceso de la economía cafetalera en la zona y el auge de los negocios inmobiliarios.
En 2017, la promesa de Bukele también tuvo el apoyo de la exalcaldesa y ahora ministra de Vivienda, Michelle Sol, pues ella pidió al Ministerio de Medio Ambiente la “actualización” de la Zonificación Ambiental de Nuevo Cuscatlán. Las nuevas directrices fueron aprobadas por la extitular del MARN, Lina Pohl, quien fue condenada por la Sala de lo Civil por “omisión en sus obligaciones” en la protección del bosque nebuloso del cerro El Águila, en Juayúa, Sonsonate.
Las nuevas directrices derogaron la zonificación de 2016, que categorizaba gran parte de las fincas Suiza y Santa Elena como un sitios de “protección ambiental” de la Cordillera del Bálsamo, debido su importancia como zona de recarga hídrica y por tener alta susceptibilidad a deslizamientos.
Las zonificaciones ambientales están respaldadas por la Ley de Medio Ambiente. En general, definen los usos del suelo en categorías de aprovechamiento, urbanización o conservación. Si una zonificación del MARN establece que una porción de tierra está categorizada para su conservación, en teoría, las alcaldías tampoco pueden otorgar los permisos de construcción en el lugar.
Entre las empresas que se beneficiaron con los cambios promovidos por Michelle Sol está Inversiones Cayalá El Salvador, con terrenos para construir en la finca Santa Elena, cuyo fundador y representante legal es Julio Alberto Bracamonte Sibrián, un hombre de confianza del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y de la ministra de Vivienda y exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol. Bracamonte es el administrador único propietario de la sociedad Tres y Punto, S.A. de C.V., dedicada a la producción y venta de alimentos, cuyos fundadores y accionistas mayoritarios son los esposos Ernesto Castro y Michelle Sol.
En el negocio inmobiliario de Nuevo Cuscatlán, también, entra Corsesa de El Salvador, empresa de Arena Perezalonso de Rodríguez, madre de Gabriela de Bukele, primera dama de la República. Los primeros apartamentos en construcción, Artea y Arboré, se publicitan desde enero de 2022 en la página de Facebook de Corsesa de El Salvador.
Para este reportaje de investigación, la MalaYerba analizó: dos estudios de impacto ambiental del megaproyecto Kalamanda, seis resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente, el atlas de zonificación ambiental de Nuevo Cuscatlán y sus respectivos decretos de actualización; documentos del Centro Nacional de Registros como la constitución de sociedades, nombramientos de juntas directivas, ubicaciones catastrales; también, se analizó el convenio de ANDA y sus factibilidades; se hicieron solicitudes de información; retomaron reportes periodísticos, brochures publicitarios y testimonios de las comunidades afectadas.
Destrucción de zonas de máxima protección con aval del MARN
La finca Suiza es uno de los pocos bosques que le quedan a Nuevo Cuscatlán, un municipio que en los últimos 30 años ha cambiado árboles por casas de lujo. La importancia ecológica de la finca yace en su alto nivel de recarga hídrica, además de ser parte de la cuenca alta del río San Antonio, que recorre 43 kilómetros antes de desembocar en los manglares de San Diego, al suroriente del departamento de La Libertad.
Otra característica que vuelve vulnerable la finca Suiza a proyectos urbanísticos, es que su territorio es altamente propenso a deslizamientos. Por lo que el Ministerio de Medio Ambiente la clasificó desde 2016 como una “zona de máxima protección”.
A pesar de estar blindada en la zonificación; bajo el aval del Ministerio de Medio Ambiente, en la finca se construyen y comercializan las torres de apartamentos “ARTEA”, una porción importante del proyecto Portales del Bosque. En el permiso ambiental otorgado para el proyecto Kalamanda (comercialmente llamado Portales del Bosque), se observa un mapa que contrasta el diseño del proyecto con la zonificación ambiental del municipio de Nuevo Cuscatlán. Las áreas de color verde indican las zonas de máxima protección ambiental. El mapa, presentado en el permiso ambiental emitido el 16 de agosto de 2021, muestra claramente como varias partes del megaproyecto están ubicadas en zonas de máxima protección, que sirven para la captación de agua y tienen alto riesgo de deslizamientos.
La justificación del MARN para permitir la construcción en estas zonas de máxima protección se reduce a las medidas ambientales que la empresa desarrolladora presentó en el estudio de impacto ambiental. “Se ha mitigado las amenazas identificadas en los mapas de la Zonificación Ambiental, por el desarrollo de proyectos en pendientes pronunciadas”, detalla el dictamen técnico del ministerio. Bajo ese argumento el MARN, liderado por Fernando López, dio luz verde a la construcción de Portales del Bosque en zonas de máxima protección ambiental de la Cordillera del Bálsamo.
Años antes, en ese mismo lugar de la finca Suiza, el Ministerio de Medio Ambiente negó dos veces el permiso para otra construcción. El proyecto se llamaba Islas de Santa Elena y fue impulsado por la empresa Corporación del Trópico, del mismo grupo empresarial que construyó Vía del Mar.
En una resolución emitida el 7 de julio de 2008, el MARN enumeró nueve razones por las que consideraba que el proyecto Islas de Santa Elena era inviable. La mayoría de argumentos estaban relacionados con las condiciones del suelo: “el proyecto es altamente sensible y vulnerable a riesgos naturales”, “las inclinaciones del terreno son arriba del 70 %, no siendo recomendable la construcción de ningún tipo de infraestructura ya que los suelos son inestables”, “el terreno y diseño está expuesto a riesgo, susceptible a sismicidad y deslizamientos en masa”, “en la estación lluviosa las laderas podrían generar saturación de humedad en el suelo, potenciando riesgos por deslizamientos en masa, poniendo en peligro vidas humanas y la infraestructura”, enumera la denegatoria del permiso ambiental.
La resolución concluye de manera tajante diciendo que el proyecto “no es viable ambientalmente, dadas las condiciones del sitio, las cuales no son favorables para los recursos naturales existentes”.En 2009, Corporación del Trópico vuelve a insistir con una nueva solicitud de permiso ambiental. Esta vez, el proyecto se dividía en cuatro etapas. Cada una correspondía a una zona diferente del proyecto y debía obtener su propio permiso ambiental. En septiembre del 2015, después de seis años de revisiones de la propuesta, el MARN finalmente negó el permiso a todas las etapas del proyecto: el caso de Islas de Santa Elena quedó cerrado.
Michelle Sol y el fantasma de Cayalá
Pero la construcción en zonas de máxima protección no es la única irregularidad del proyecto Portales del Bosque. En años previos al permiso ambiental, una modificación de los mapas de zonificación ambiental, solicitada en 2017 por la exalcaldesa Michelle Sol, abrió el camino para cambiar el uso del suelo en la finca Santa Elena, una de las fincas que abarca el megaproyecto Portales del Bosque-Kalamanda.
Los hallazgos de esta investigación periodística apuntan a que la solicitud de la exalcaldesa iba más allá de un simple mejoramiento de la ordenanza municipal, y la relacionan con Inversiones Cayalá El Salvador, S.A. de C.V., propietaria de la finca Santa Elena, ubicada al costado oriente de la finca Suiza.
La historia de los cambios promovidos por Michelle Sol se remonta hasta 2015, cuando el MARN, entonces liderado por Lina Pohl, suspendió temporalmente los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de permisos ambientales para proyectos urbanísticos en la Cordillera del Bálsamo. Dicha pausa administrativa, respaldada en el Decreto Ejecutivo N°6, tenía como objetivo dar tiempo al Ministerio de Medio Ambiente para la creación de mapas de zonificación ambiental, que servirían como guías para la regulación de los usos del suelo en ese municipio. Después de un año de pausa administrativa, el MARN publicó los mapas de zonificación en 2016.
La zonificación identificaba vulnerabilidades ambientales en las fincas Suiza y Santa Elena. Y desde entonces, se estableció que la zona funcionaba como recarga hídrica, y que era altamente susceptible a los deslizamientos e inundaciones en el río San Antonio.
La primera Zonificación Ambiental de Nuevo Cuscatlán, representaba un grave obstáculo para los inversionistas que habían puesto sus ojos en el municipio, entre ellos, Inversiones Cayalá El Salvador, que es propietaria de la mayor parte de la finca Santa Elena. Ese fue el contexto en el que Michelle Sol intercedió ante el MARN para modificar la zonificación. Según el Decreto Ejecutivo N° 51 publicado el 8 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial; la entonces alcaldesa envió una nota al MARN solicitando una actualización de las Directrices de Zonificación Ambiental, en lo relativo a su municipio.
Las modificaciones surgidas de la colaboración entre Lina Pohl y Michelle Sol propiciaron un escenario más favorable para las empresas inmobiliarias. De pronto, casi toda el área sur del municipio pasó de ser “zona de protección ambiental” a ser “zona de aprovechamiento condicionado”, un tipo de clasificación que permite el desarrollo urbanístico siempre y cuando se establezcan “medidas ambientales”.
Recientemente, la ministra Sol estuvo en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Ahí habló de la importancia de tener una Ley de Suelos, que prácticamente vendría a reemplazar las zonificaciones ambientales. Con esa ley “le podemos ahorrar a los inversionistas a que elijan a dónde quieren hacer sus proyectos, y eso es importante poder apoyar a los inversionistas, porque genera empleo, genera desarrollo, oportunidades”, dijo la ministra.
En 2017, la presión que ejerció la exalcaldesa para que el MARN cambiara la zonificación, benefició directamente a Inversiones Cayalá El Salvador. Esta empresa es propietaria de la mayor parte de la finca Santa Elena, y su fundador y representante legal tiene vínculos con Michelle Sol y su esposo Ernesto Castro.
La primera vez que se escuchó hablar de Inversiones Cayalá en El Salvador fue en 2014, en el evento donde el exalcalde Bukele anunció la llegada de los mil millones de dólares en inversión para el municipio. En la actividad participó el representante del grupo Cayalá, y excandidato a la vicepresidencia de Guatemala en 2015, Mario Leal. El empresario guatemalteco afirmó su interés de invertir en Nuevo Cuscatlán.
Cuatro años después de la visita de Mario Leal a El Salvador, en 2018, la marca Cayalá fue afectada por una serie de escándalos de corrupción alrededor del empresario y político, quien era acusado por la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala de estar involucrado en casos de tráfico de influencias, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Desde entonces Leal está prófugo de la justicia.
En El Salvador, según documentación del Centro Nacional de Registros (CNR), la sociedad Inversiones Cayalá El Salvador, S.A. de C.V. fue fundada en enero de 2013 por el economista Julio Alberto Bracamonte Sibrián. Desde su constitución hasta la actualidad, Bracamonte Sibrián ha figurado como representante legal y administrador único de la empresa junto a su hijo, Carlos Jacobo Bracamonte Pacheco.
Pero Cayalá El Salvador no es la única empresa en la que Julio Bracamonte figura como administrador único. El economista, también, es administrador único propietario de la sociedad Tres y Punto, S.A. de C.V., una empresa cuyos accionistas mayoritarios y fundadores son el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y la actual ministra de Vivienda y exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol.
En mayo de 2019, un mes antes de que los esposos asumieran cargos en el gobierno de Nayib Bukele, el economista Bracamonte fue nombrado administrador de la sociedad Tres y Punto. La MalaYerba contactó a Bracamonte para saber sobre el vínculo de los funcionarios de Bukele con el proyecto Cayalá. Cuando se le hizo la pregunta éste respondió:
– Ellos no tienen nada que ver ahí ya.
– ¿Y si lo tuvieron entonces? – repreguntó MalaYerba
– Pero ya hace ratos, me entiende. Ellos fueron… – hace una pausa y luego cambia su discurso – ellos no tienen nada que ver – afirma incómodo.
Para Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, todo el manejo de las sociedades que concurren en el proyecto Kalamanda-Portales del Bosque, demuestra un interés en “ocultar que hay funcionarios públicos detrás del proyecto”, y añade que este es un patrón de la gestión actual pues “hay muchos intereses privados en la gestión pública”.
Los apartamentos de lujo Artea y Arboré, que son parte de Kalamanda-Portales del Bosque, se publicitan desde enero de 2022 en la página de Facebook de Corsesa de El Salvador, la empresa de servicios inmobiliarios de Arena Perezalonso de Rodríguez, madre de Gabriela de Bukele, primera dama de la República. Hasta abril de 2019, la primera dama fungió como la directora única suplente de Corsesa de El Salvador.
César Artiga, representante del Equipo Impulsor de Escazú, señala que el cambio de zonificación para beneficiar la urbanización de territorios protegidos es una clara respuesta del porque el presidente Bukele no quiso firmar el Acuerdo de Escazú, “para beneficiar a la industria inmobiliaria”, también añade que hay “una intención de adaptar la normativa a los megaproyectos, y no aplicar la normativa a cualquier proyecto”, algo que caracteriza a la gestión de gobierno actual, acota Artiga.
Comunidades desalojadas
El economista Bracamonte dijo a la MalaYerba que Inversiones Cayalá El Salvador “vendió” sus terrenos y no construirá en Nuevo Cuscatlán. Sin embargo, 50 familias de la finca Santa Elena han sido acosadas desde hace dos años para que se vayan del lugar, que le pertenece a Cayalá El Salvador.
En el lugar, ya solo quedan 15 familias, dice Teresa de Jesús Hernández, de 67 años de edad, quien nació y sigue viviendo en la finca Santa Elena. Ella recuerda los años de abundancia de la Cooperativa Florencia de R.L., donde trabajó cortando café. Pero el presente la trae de golpe con la realidad de que debe abandonar el lugar donde ha vivido toda su vida. A su casa y a la de su hija han llegado cartas de desalojo.
“No tenemos a donde ir”, lamenta Teresa, que el 17 de marzo recibió un ultimátum escrito para que deje la finca. La nota está firmada por el economista Julio Alberto Bracamonte Sibrián, en nombre de Inversiones Cayalá El Salvador. “Después del plazo, la seguridad no permitirá a personas en el inmueble”, detalla el escrito.
En el documento Bracamonte explica que la empresa ha comprado un terreno y construido casas para que vivan en el municipio de Rosario de Mora, un lugar que limita entre los departamentos de La Libertad y San Salvador. A partir del 26 de marzo, Teresa y su familia ya no podrán entrar a la finca Santa Elena. “No sabemos para dónde vamos a agarrar, pero para allá (Rosario de Mora) no, es muy peligroso”, dice Teresa.
La anciana fue hasta la oficina de Santa Tecla de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, pero le dijeron que no podían hacer nada por ella porque los dueños de la tierra son otros. Luego le pidieron que se retirara de la oficina, cuenta Teresa.
Mientras llega el momento del desalojo, Teresa sigue con sus actividades diarias. Afuera de su casa hay un chorro público con un letrero que dice “Tu alcaldía acercándote agua potable” y que tiene el característico cian del partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele.
La mayoría de comunidades de Nuevo Cuscatlán, en contraste con las residenciales de lujo, no tienen servicio contínuo de agua potable ni alcantarillado. Para el megaproyecto, el gobierno de Bukele se encargó de asegurar el servicio. Cuando era presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, firmó un convenio con las sociedades involucradas en Kalamanda-Portales del Bosque.
Los pozos sin permiso
La construcción en zonas de máxima protección ambiental, el desalojo de las comunidades y los cambios de zonificaciones ambientales no son los únicos aspectos controversiales del proyecto Kalamanda-Portales del Bosque. Otra irregularidad que se registra es la perforación de pozos sin permiso ambiental, además de, la cantidad de agua asignada al megaproyecto.
Según los estudios de impacto ambiental, el proyecto Kalamanda-Portales del Bosque se abastecerá de dos métodos distintos. El primero consistirá en la explotación de la red de ANDA en la zona, y la perforación de dos pozos que serán construidos por la empresa Briko, S.A. de C.V., que luego transferirá a la autónoma. La segunda forma de abastecimiento de la nueva ciudad será a través de la perforación de tres pozos adicionales, los cuales serán administrados por Briko.
De los cinco pozos para el proyecto, uno ya fue construido, y está ubicado en la comunidad Michelle Sol. En los últimos meses, el pozo ha servido como cordón policial para bloquear el paso hacia el área del cementerio clandestino en la finca Suiza. A pesar de estar finalizado, el pozo no cuenta con permiso ambiental.
La MalaYerba consultó a la Unidad de Información Pública del Ministerio de Medio Ambiente sobre resoluciones o solicitudes de permisos ambientales para la perforación y explotación de pozos en la zona del proyecto. El MARN respondió que hasta el 25 de febrero del 2022, no se tiene registro ni de resoluciones ni de solicitudes de permiso ambiental para pozos en dicha área.
El origen del pozo de la comunidad Michelle Sol está relacionado con un convenio de cooperación suscrito en marzo de 2020 entre ANDA, Briko y Grupo Gramo. El convenio, firmado por el entonces presidente de la autónoma, Frederick Benítez Cardona, plantea que ANDA se compromete a suministrar agua potable al proyecto Kalamanda, a cambio de que dichas empresas realicen mejoramientos a la red hidráulica de la zona a través de la perforación de pozos.
En el caso de Nuevo Cuscatlán estos mejoramientos servirán exclusivamente para el abastecimiento de las residenciales privadas, ya que las comunidades se abastecen de un sistema municipal independiente de ANDA.
Según la factibilidad No. 036/2020, ANDA asignó 150 litros diarios por persona, para una población estimada de 10,000 habitantes. Esto es más que la población actual de Nuevo Cuscatlán, que tiene 6,800 habitantes, según el censo del 2007. En otras palabras, la cantidad de agua que ANDA brindará al proyecto es mucho mayor que el agua actualmente suministrada a la población de Nuevo Cuscatlán.
Además, la factibilidad plantea una contradicción entre el número de viviendas presentadas por la empresa en el MARN y ANDA. Pues los permisos del MARN detallan un total de 1,112 viviendas, mientras que, la factibilidad de ANDA menciona 2,000.
Según el hidrólogo del Foro del Agua, Óscar Ruíz, una característica común en estos convenios es la asignación “desproporcionada y anticipada” de acometidas de agua potable para las residenciales de lujo. Lo que se está haciendo es “concesionar derechos de agua”, dice el hidrólogo.
Para Ruíz es inevitable comparar el convenio ANDA-Briko-Gramo con otros acuerdos de ANDA con el sector inmobiliario, como el convenio ANDA-Dueñas en Valle el Ángel o el Fihidro, el fideicomiso iniciado en 2006 que comprometió el agua potable para un selecto grupo de residenciales en la Cordillera del Bálsamo. “Es un mecanismo parecido al Fihidro. En Fihidro hay proyectos que no se han ejecutado pero el agua ya está garantizada”, comenta.
Karla, la habitante de Nuevo Cuscatlán se pregunta y se responde: “¿cuánto de agua le están asegurando a esa gente? Porque nosotros nos vamos a quedar sin agua”. De lo que ella está segura es que “no hay un documento que nos garantice que nosotros vamos a tener agua todo el tiempo, para ellos si garantizaron agua 24/7, pase lo que pase no se van a quedar sin agua”, critica mientra ve pasar la maquinaria pesada en la finca Suiza.
