













Los colectivos ambientalistas y de derechos humanos han hecho plantones, marchas y presentado ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin escuchar sus voces y la Asamblea Legislativa ignoró la presentación de 150 mil firmas que hizo la Iglesia Católica.
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