“Es fundamental que los Estados reconozcan expresamente el carácter legítimo y esencial de la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el ámbito ambiental, y se abstengan de emplear marcos acusatorios penales con el fin de silenciar sus voces”, CIDH
Enlace al observatorio El Juncal
Capítulo I: El caso ejemplarizante
“Aquí, tranquilo. Creyendo en el sistema judicial todavía”, dijo durante la audiencia inicial Alejandro Henríquez, reconocido abogado y defensor ambiental procesado por los delitos de “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva”, junto con el presidente de la Cooperativa El Bosque y pastor evangélico, José Ángel Pérez. Ambos participaron en una concentración pacífica que la comunidad hizo frente a la residencial privada donde vive Nayib Bukele.
Alejandro, como se conoce al joven activista, tiene amplia trayectoria apoyando a comunidades con conflictos socioambientales, en donde la empresa privada quita fuentes de agua, territorio y, con ayuda del sistema judicial, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), también encarcela a líderes comunitarios y defensores ambientales.
En los últimos 18 años, el asedio hacia ambientalistas ha marcado una línea de patrones que va de la persecución, a la criminalización e impunidad, revela MalaYerba en El Juncal, un observatorio que recoge ataques legales y físicos dirigidos a defensores ambientales, líderes comunitarios y directivos de cooperativas agrícolas.
En casi dos décadas, El Juncal registra 109 ataques, de los cuales, 55 ocurrieron entre 2019 y mayo de 2025, bajo el régimen autoritario de Nayib Bukele, quien inició su gestión inconstitucional en junio de 2024.
En los últimos seis años, la administración Bukele ha desarrollado una serie de leyes e incentivos fiscales que promueven el “desarrollo”, “turismo” e “inversión”; en un país donde la institucionalidad ambiental irrespeta las protecciones legales del territorio y permite la destrucción de reservas naturales.
A este plan estratégico para el cambio del uso del suelo, destrucción del territorio y explotación de la naturaleza, se suma la criminalización de ambientalistas y líderes comunitarios que se oponen a proyectos públicos y privados. Casos como La Labor, Aeropuerto del Pacífico, El Icacal y Santa Marta muestran cómo la burbuja inmobiliaria, la expansión turística y los proyectos extractivos se anteponen al cumplimiento de derechos humanos como: vivienda digna, ambiente sano y libertad de expresión.
La turistificación y gentrificación son la base del modelo económico de Bukele, que usa la criminalización como herramienta efectiva para el despojo de tierras, explotación de la naturaleza, desmantelamiento del movimiento social y desarticulación comunitaria.
Entre los principales hallazgos de El Juncal se encuentra que las tres categorías que más se repiten en los 109 incidentes son Criminalización, Persecución y Amenaza, lo que indica que la principal forma de agresión contra defensores ambientales y líderes comunitarios es la privación de libertad sin causa legítima.
La vulnerabilidad para ambientalistas incrementó en los últimos seis años, cuando el régimen autoritario de Bukele que dominaba el Ejecutivo y Legislativo, también cooptó al sistema judicial, la Fiscalía y la Policía. En este escenario, ha sido clave la amenaza del perpetuado régimen de excepción, en donde aumentan las redadas, allanamientos y detenciones arbitrarias. Todas son hoy herramientas del Estado para frenar a las voces críticas que resulten incómodas al régimen.
El Juncal registra que el 68.07 % de los incidentes (74 de 109) involucran a la Policía y Fiscalía actuando en conjunto, lo que apunta a una estrategia de Estado para silenciar a defensores. Los principales blancos de ataque son las organizaciones comunitarias de agua y los colectivos antimineros.
El primer quinquenio de Bukele se caracterizó por marcar el patrón de persecución a personas defensoras desde la criminalización de un familiar. El Juncal lo evidencia en casos como el de Vidalina Morales, histórica defensora antiminera, cuyo hijo fue detenido arbitrariamente en el contexto de la criminalización de los cinco defensores de Santa Marta y el retorno de la minería a El Salvador. También, lo refleja con el caso del tata indígena Silverio Morales,cuya lucha se ha centrado en la protección de ríos y bosques desde la visión ancestral; y ha sufrido la captura de sus hijos. También se muestra como parte de los daños colaterales del proyecto turístico Surf City II, con el caso de Carlos Hernández, un defensor de los manglares de La Unión, acosado y cuyo hermano fue arrestado.
En mayo 2025,sin embargo, el régimen autoritario dio un giro del patrón de criminalización vicaria a la represión directa de defensores de derechos humanos. El caso ejemplarizante fue la represión de la protesta pacífica de la Cooperativa El Bosque, cuyo resultado ha sido el desplazamiento forzado de dos de los líderes comunitarios, la detención del presidente y del abogado ambiental que acompañaba a la comunidad.
El caso de El Bosque fue uno de los que alarmó a Amnistía Internacional para que el 1 de julio declarara presos de conciencia a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, junto con la defensora de derechos humanos Ruth López, quien participó en actividades y acciones legales en contra de la minería metálica.
Para la secretaria general de Amnistía,Agnès Callamard, las capturas de los tres defensores “no son hechos aislados”, más bien, son parte de un “patrón sistemático de criminalización”, que busca silenciar a líderes comunitarios, personas defensoras del medio ambiente y del territorio, y quienes denuncian violaciones de derechos humanos o exigen transparencia.
A pesar del respaldo internacional que ha tenido la causa de Alejandro y José Ángel Pérez, ambos continuarán en detención preventiva durante seis meses, mientras el proceso continúa a la etapa de instrucción.
Capítulo II: El Icacal resiste al asedio empresarial
La playa El Icacal es un paraíso de arena blanca y oleaje suave ubicado en Intipucá, La Unión Sur. A esta isla con manglares y arrecifes llegan las cuatro especies de tortugas marinas que visitan El Salvador: Baula, Carey, Golfina y Prieta. Su biodiversidad se mantiene viva porque hasta la actualidad la industria inmobiliaria y turística no han logrado instalarse.
Dispersas entre la naturaleza viven 84 familias que se dedican a la pesca, la agricultura y al poco turismo que llega. Estas familias que viven del manglar, también, lo protegen. Carlos Hernández, habitante de El Icacal e integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), ha sido parte del programa de conservación de tortugas durante 24 años.
A inicios de 2025, la comunidad perdió el financiamiento del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) que servía para mantener el vivero de tortugas y dar un incentivo a tortugueros. En ese momento, la comunidad supo que perder los fondos para conservación era una nueva medida represiva para sofocarlos: desde mediados de 2023 han sido acosados para que abandonen el lugar que habitan desde hace más de 50 años.
Integrantes de MILPA han denunciado múltiples incidentes, desde acoso a las familias por parte de sujetos armados y encapuchados que entran a sus casas, exigiendo que se vayan; empleados de seguridad privada que les fotografían y amenazan con el régimen de excepción; denuncias judiciales por usurpación; desalojos forzados, detenciones arbitrarias y la tala del manglar que protegen.
En julio de 2023, la inmobiliaria Desarrollos Turísticos El Pacífico llegó a la zona, colgó rótulos adjudicándose terrenos enteros y, según el testimonio de los habitantes, respaldó sus reclamos de propiedad “no con escrituras, sino con armas”.
Meses después, hombres encapuchados y armados irrumpieron de noche en las casas de varios líderes comunitarios para que abandonaran sus parcelas bajo amenaza de matarlos.
El resultado es un clima de terror calculado que busca frenar la organización comunitaria y la defensa del territorio. El acoso a Carlos Hernández, tortuguero y defensor de los manglares, continuó con la detención arbitraria de su hermano José Omar Romero, el 12 de agosto de 2024.
Para las víctimas, queda claro el mensaje: no solo se enfrentan a empresas poderosas, sino también a un aparato estatal dispuesto a callarlos.
Para el doctor en antropología, Julio Rodríguez, a las estrategias tradicionales de despojo de la tierra ahora se suma el aparato coerción del Estado. “Definitivamente el régimen de excepción tiene un efecto que atemoriza a la gente, básicamente tienen miedo de defender sus recursos, precisamente por miedo a que les encarcelen”, explica Rodríguez, quien ha investigado en los últimos años la zona de El Icacal.
El terror colectivo y la explotación de la naturaleza ha facilitado la formación de zonas de sacrificio, que economistas conceptualizan como lugares en donde las ganancias del capital local y extranjero se sobreponen al cumplimiento de derechos humanos básicos, desencadenando el desplazamiento forzado, criminalización y persecución de ambientalistas.
La Cancunización del Icacal
Desde hace 17 años, la playa El Icacal ha estado en la mira de la Asociación de Desarrolladores Turísticos Costero Marinos El Salvador (Promar), formada por un grupo de empresarios y empresas, entre las que destaca Desarrollos Turísticos del Pacífico, S.A. de C.V., la misma empresa que acosa a los habitantes de la isla.
El conglomerado empresarial ha propuesto a diferentes gobiernos salvadoreños el desarrollo de un megaproyecto que privatizaría la playa y desplazaría a las 84 familias.
La Promar también presentó sus proyectos costeros al gobierno de Bukele. Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, Cristian Flores, el excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos de la Presidencia se reunió con representantes de la organización.
Actualmente, el excomisionado y su asistente están en prisión, procesados por cohecho impropio, es decir, exigir dinero a empresarios a cambio de beneficios y participación preferencial en proyectos estratégicos del gobierno.
El sociólogo costarricense José Arturo Silva Lucas, explica que las élites empresariales, y sobre todo, las vinculadas con el turismo se ven reflejadas en un espejo que “algunos autores y autoras llaman la cancunización de los destinos”, lo que implica la intensa intervención inmobiliaria, que no se podría desarrollar sin en un Estado que ignore la normativa, no que la flexibilice.“Eso está más vinculado con la corrupción, con otro tipo de situaciones que no deberían de ser dentro de un marco jurídico definido”, agrega.
Pese al debate de las élites económicas por cómo turistificar la isla, el primer megaproyecto que llegó fue Icacal Green Power, de las empresas Agrisal y Grupo Energía, Desarrollo y Consultoría (EDECSA). La alianza invertirá 11.5 millones de dólares, a través de la sociedad Costa Solar, S.A. de C.V., para la generación de energía que abastecerá a un equivalente de 15,360 hogares.
En 2025, al Icacal llegó un proyecto de la Dirección de Obras Públicas (DOM), que construye 5.84 kilómetros de la calle principal que atraviesa la isla. Este año, también, la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico inició la gestión del permiso ambiental para la construcción de un muro de 1,880 metros lineales con 2.5 metros de altura.
Capítulo III: La persecución a líderes que vencieron a la minería
“La criminalización de la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales es un incumplimiento de los deberes del Estado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, CIDH.
Otro caso emblemático de persecución a ambientalistas es el de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, que fueron procesados bajo acusaciones enmarcadas en la guerra civil. La comunidad internacional señaló este proceso como una clara represalia por las denuncias ambientales y su reconocida labor contra la minería metálica.
Luego de más de 25 meses de acoso judicial y prisión preventiva, en octubre de 2024, los cinco de Santa Marta fueron absueltos por falta de pruebas y prescripción del caso. Pero un mes después, en noviembre, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio y ordenó repetir el juicio en otro tribunal.
Todo ocurrió en el contexto del discurso prominero de Bukele, que con el apoyo de su partido Nuevas Ideas, logró revertir la prohibición de la minería metálica el 23 de diciembre de 2024.
Los cinco ambientalistas denunciaron ser víctimas de persecusión política y no se presentaron a la nueva audiencia en el Tribunal de Sentencia de San Vicente. Por eso, fueron declarados en rebeldía y, el juzgado se giró nuevas órdenes de captura, manteniendo abierta la amenaza de encarcelamiento. Hasta julio de 2025 se desconoce sobre el paradero de los cinco.
Quienes se mantienen ahora bajo acoso de la policía son los familiares de los cinco ambientalistas, que viven bajo la constante vigilancia de agentes policiales.
Este patrón de criminalización mediante el uso indebido del derecho penal ha aumentado en la región centroamericana y en el caso de El Salvador esto se ha convertido en un ejemplo alarmante: tribunales y fiscalía se prestan a procesar a defensores del medio ambiente con figuras legales ajenas a su causa, desviando la atención del conflicto ambiental subyacente.
Asumir la defensa ambiental, el liderazgo comunitario o la defensa de derechos humanos en El Salvador implica la confrontación directa a un amplio espectro de represalias que van desde procesos judiciales injustificados hasta actos de violencia que en muchos casos pueden desembocar en la muerte. La revisión de los casos muestra un patrón: criminalización, captura, detención arbitraria, persecución, amenaza y hasta la muerte.
“La persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamiento contra personas defensoras del medio ambiente en El Salvador revela un patrón de impunidad de aquellos que atacan la lucha por un entorno sano”, CIDH.
En El Salvador, al menos ocho defensores ambientales han sido asesinados desde 2009, siendo estos, casos tratados por autoridades locales como crímenes comunes que se le atribuyen a pandillas, lo que facilita la impunidad.
Como ejemplo de este patrón se destaca el caso de Gustavo Marcelo Rivera, líder antiminería secuestrado, torturado y asesinado en 2009 en el marco de su resistencia histórica al enfrentar a la empresa minera Pacific Rim. La fiscalía cerró el caso bajo la hipótesis de un crimen común relacionado con pandillas que desestimó cualquier vínculo relacionado a su activismo ambiental. Su aseinato fue seguido poco después por los homicidios de Ramiro Rivera y Dora Sorto, también líderes contra la minería en la zona de Cabañas.
Este reportaje se realizó gracias al apoyo de la Coalición Nacional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano (CONADAM), El Salvador.
