Con la finalidad de crear un mecanismo legal destinado para la gestión del río Lempa ubicado en el territorio salvadoreño, la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa creó el anteproyecto de Ley para la Recuperación, Rescate y Protección del Río Lempa. El cual trabaja desde hace dos años con el apoyo de un grupo multidisciplinario y legal, encabezado por el exmagistrado presidente de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama.
El Lempa es una cuenca de 17, 926 kilómetros cuadrados, compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador. De los tres países, El Salvador tiene el 55.1 % de la cuenca, con 9,877 kilómetros cuadrados, equivalentes a 360.2 kilómetros.
Entre los principales problemas que la red registra en el Lempa se encuentra: mal manejo de desechos sólidos, agrotóxicos y agroindustriales; erosión, cambio del uso del suelo, explotación minera, entre otros. A estas dificultades se juntan los efectos adversos del cambio climático, como los desbordamientos e inundaciones provocados por eventos extremos. Por eso, para la red es urgente la creación de una ley que “recupere, rescate y proteja” al río que abastece a 1.5 millones de salvadoreños.
Después de varias reuniones, el jueves 14 de marzo en una jornada de cuatro horas, la red presentó la iniciativa de ley a biólogos, agrónomos, sociedad civil y gobiernos locales, para que comentaran el documento legal y dieran las recomendaciones. Antes de presentarla a la nueva Asamblea Legislativa que entra en gestión el próximo 1 de mayo.
La propuesta de ley incorpora 41 artículos y propone un modelo de gestión integrada AEAE, conocido por estar basado en la gestión del Agua, Energía, Alimentos y Ecosistemas, le explica el magistrado Lizama al grupo de expertos reunidos.
“Hemos hecho un análisis riguroso para que este anteproyecto no venga a representar una antítesis, o sea una contradicción con la legislación existente”, enfatiza el magistrado.
Mientras que, Nancy Franco, integrante de la Red Río Lempa, pide que la nueva legislatura escuche la voz de los movimientos ambientales.
Conflicto transfronterizo
En el marco del Día de la Tierra 2024, colectivos ambientalistas de El Salvador y Guatemala realizaron el 19 de abril la cuarta “Marcha Acuática por la defensa del lago de Güija”, un humedal compartido entre ambos países.
El lago de Güija se ubica en la cuenca alta del río Lempa, que abastece de agua a dos terceras partes de la población del Gran San Salvador. El humedal recibe la contaminación, principalmente, de Guatemala. Por lo que los colectivos ambientalistas exigen año con año mediación entre ambos gobiernos para solventar problemas como la activación de la mina Cerro Blanco que amenaza con tirar sus aguas residuales a uno de los ríos que contribuyen a Güija.
La semana previa a la celebración del Día de la Tierra, la nueva ministra de Ambiente de Guatemala, Patricia Orantes, reveló indicios de corrupción en el proceso de evaluación ambiental de la mina Cerro Blanco.
Entre la que se menciona: que al expediente de 3,000 folios le faltaban 900; que encontraron firmas falsificadas; el código del expediente de Cerro Blanco (329-2007), en realidad correspondía a un proyecto distinto, y ese problema se registró en varias resoluciones oficiales, entre ellas, la reciente actualización de la licencia ambiental. Tampoco se hizo consulta pública sobre el megaproyecto minero.
El viceministro guatemalteco de Ambiente, José Rodas, confirmó que él personalmente llevó dos denuncias al Ministerio Público, “la primera fue desestimada y la segunda ya la impugné”, sostuvo el funcionario en una reunión con organizaciones ambientalistas.
El caso sigue en curso en Guatemala, mientras que en El Salvador, la canciller Alexandra Hill Tinoco confirmó a la MalaYerba que el gobierno de Nayib Bukele ha iniciado comunicación con la gestión de Bernardo Arévalo.
