“Lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”, dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el pasado 25 de enero en una conferencia de prensa cuando alguien le pidió que implementara políticas de seguridad autoritarias al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Así, Chaves, un populista de derecha y economista con 27 años de experiencia en el Banco Mundial, pretendió marcar diferencia con su homólogo; cuando su gestión, en temas de desarrollo urbanístico y de flexibilización de políticas ambientales, tiene grandes coincidencias con las de Bukele.
El espejo más reciente fue el rechazo contundente al Acuerdo de Escazú, considerado el gran pacto ambiental de Latinoamérica. Una iniciativa legal de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que promueve la transparencia, democracia y justicia ambiental, así como la protección a personas defensoras del medioambiente. Y que ambos mandatarios descartaron.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno», dijo Chaves en mayo de 2022, a unos días de asumir la presidencia de Costa Rica. La voz de Chaves representa a un sector que considera a Escazú, y otras políticas ambientales, como un obstáculo para el desarrollo económico del país. La voz de Chaves también tuvo eco en la Asamblea Legislativa tica, que el 1 de febrero archivó el Acuerdo de Escazú. Difuminando así el rostro verde que ha ubicado a Costa Rica como uno de los países más avanzados en protección ambiental.
“Lastimosamente se han encontrado muchas trabas para la implementación de políticas ambientales, abandonando este concepto del desarrollo sostenible que se supone era la base de la política ambiental del país”, menciona Adrián Martínez, director de la organización ambientalista La Ruta del Clima.
Los expertos entrevistados por la MalaYerba concuerdan con que el estilo de gobierno de Rodrigo Chaves es similar al de Nayib Bukele: al flexibilizar la normativa ambiental para potenciar el turismo inmobiliario, propiciando el desplazamiento de ecosistemas y poblaciones.
Ambos presidentes centroamericanos, también, se parecen en “la centralización del poder” y en propagar la imagen de la Presidencia como “un servidor del pueblo” que utilizan como “herramienta para atacar las bases de la democracia”, afirma el director de La Ruta del Clima.
César Artiga, del Equipo Impulsor de Escazú en El Salvador, cree que aunque ambos presidentes comparten “un discurso similar”, en la práctica “hay una diferencia abismal”, ya que Costa Rica cuenta con un sistema democrático mucho más robusto y una cultura ecológica y ambiental más avanzada, con una ciudadanía que posee un nivel de apropiación y democracia más desarrollada que en El Salvador.
“Cuando el presidente de Costa Rica decía que los costarricenses no quieren vivir en un régimen político y social como el de El Salvador es porque la cultura democrática y el nivel de exigencia tico es mayor que la nuestra”, comenta Artiga.
Del lado salvadoreño, el Acuerdo de Escazú perdió toda esperanza el 24 de septiembre de 2020, cuando el presidente Bukele aseguró en conferencia de prensa que El Salvador no lo firmaría, porque reñía con el interés de su gestión en reducir el déficit habitacional. “Nosotros no podemos dejar de construir viviendas”, dijo el mandatario a manera de ejemplo.
“En el libro de las reglas de Escazú, El Salvador ya quedó en la lista de los países que no honraron el compromiso de firmarlo. (El país) dio el voto a favor para que Escazú tuviera vida y luego no lo firmó para que se convirtiera en parte de la legislación ambiental, esa inconsistencia habla muy mal del compromiso del país”, asevera Artiga.
En El Salvador, el Acuerdo de Escazú crearía una línea de defensa más fuerte para que tanto proyectos públicos y privados, que han sido cuestionados por ambientalistas, transparenten la información de sus construcciones. Entre esos proyectos se encuentran: Ciudad Valle El Ángel, el Aeropuerto del Pacífico, Bitcoin City, Tren del Pacífico, entre otros.
La descontrolada urbanización tica
Costa Rica se ha vuelto un líder ambiental con su ambicioso plan de descarbonizar la economía para 2050; generación eléctrica a base de renovables en un 98 %; territorio cubierto por un aproximado del 60 % de bosques; y más del 25 % de la tierra bajo protección.
Sin embargo, en los últimos 10 años, la provincia de Guanacaste, al noreste del territorio tico, ha sido invadida por nómadas digitales y desarrolladores extranjeros que compran grandes extensiones de tierra para construir proyectos residenciales y turísticos, despojando a los habitantes de sus terrenos y apropiándose de la gestión del agua.
Esta nueva colonización, como le llaman expertos, reduce la viabilidad de las personas dentro de la comunidad, erosiona la identidad cultural, y los habitantes pasan a ser esclavos de estos neocolonizadores.
La crisis socioambiental ocurre en un momento nada alentador, asegura la diputada de la Asamblea Legislativa por el partido de izquierda Frente Amplio, Priscilla Vindas Salazár. Sobre todo porque “el movimiento ecologista y el movimiento ambientalista, en este momento, están completamente desarticulados”, dice.
En las últimas décadas, la economía costarricense y, en particular, la guanacasteca pasaron de la producción ganadera y agrícola a turismo inmobiliario desmedido, impulsado por políticas gubernamentales. “El turismo ha crecido tanto que ahora se teme la amenaza del sobre turismo”, detalla la investigación de La Ruta del Clima: Hasta la última gota: Las consecuencias ambientales y sociales del turismo residencial de lujo en Guanacaste y el sur de la península Nicoya .
En la península de Nicoya, en la provincia vecina de Guanacaste, Puntarenas, se encuentra la playa Santa Teresa. Ahí, los ecosistemas playeros se enfrentan al crecimiento inmobiliario desmedido con deficientes o carentes sistemas de tratamientos de aguas residuales; también, son afectados por los residuos sólidos producidos por los más de 10 mil residentes y miles de turistas que llegan al lugar.
En 2021, un estudio realizado por la organización Nicoya Península Waterkeeper encontró que 17 ríos y 5 playas cercanas a Santa Teresa tenían altos niveles de contaminación. El estudio, además, reveló que la playa Santa Teresa presentaba contaminación severa, debido al manejo ineficiente de aguas residuales.
Sumado a la contaminación, está el problema del desplazamiento de las comunidades en la península de Nicoya, propiciado por la burbuja inmobiliaria. En consecuencia, la plusvalía de la tierra se ha disparado, descartando a los compradores locales y privilegiando a los extranjeros.
“En Nosara y Marbella (distritos de Guanacaste) se venden casas de 2 habitaciones y un baño en 250 mil dólares y no es una casa grande», menciona el sociólogo costarricense y autor del informe Reactivación turística y conflictos socioecológicos en Guanacaste, Arturo Silva Lucas.
El distrito de Nosara se perfila como el distrito más caro de Costa Rica con un promedio de oferta de 3,495 dólares por metro cuadrado, según una nota publicada por el periódico costarricense El Financiero. En la misma publicación se detalla que en el distrito de Escazú, famoso por la adopción del Acuerdo, el precio por metro cuadrado asciende a los 1,350 dólares.
Defensores bajo ataque
Desde la década de los años 90 hasta 2020, once personas defensoras ambientales han muerto en Costa Rica. Esta cifra palidece comparada a Colombia con 265 asesinatos o Brasil con 249 asesinatos en el mismo período de tiempo, según el registro que lleva la Organización Global Witness desde 2012. Sin embargo, para un país considerado uno de los líderes en materia ambiental, la cifra cuenta otra realidad.
Los dirigentes indígenas y defensores del medio ambiente de la zona de Salitre, Sergio Rojas y Jehry Rivera fueron las últimas víctimas mortales en Costa Rica. Rojas fue asesinado en marzo de 2019, y Rivera en febrero de 2020.
Las comunidades de la zona de Salitre intentan recuperar sus territorios ante el avance de personas no indígenas, viéndose envueltos en conflictos territoriales.
Para la diputada Vinda Salazár, tanto Sergio Rojas como Jehry Rivera “estaban involucrados en una férrea oposición a los usos indebidos de los recursos naturales y que también por eso se ganaron muchos enemigos”.
A pesar de que, los líderes indígenas tenían medidas cautelares por las amenazas de muerte que cargaban sobre sus hombros, éstas no garantizaron la vida de los líderes asesinados.
Luis Eduardo Varela Rojas, admitió con orgullo el asesinato de Jehry Rivera, durante una reunión entre la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural celebrada el jueves 18 de agosto de 2022. La confesión del asesinato quedó grabada en el vídeo que transmitía Radio Cultural Buenos Aires.
Varela Rojas fue condenado a 22 años de prisión por homicidio agravado justamente el mismo día que la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivó el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, los asesinos de Sergio Rojas siguen en libertad. Al igual que los casos anteriores, Jairo Mora, defensor de las tortugas fue asesinado en 2013, mientras hacía un recorrido por los anidamientos de dichos animales, mientras que Diego Armando Saborio, quien luchaba contra la caza ilegal de animales silvestres fue asesinado en 2014.
“Viendo el discurso que ha posicionado este presidente, más la férrea oposición que se ha visto al sector ambientalista, una no descartaría que estos números vayan a incrementar; el archivamiento del Acuerdo de Escazú nos implica un gran retroceso en este tema”, asegura la diputada Vindas Salazár.
Según cifras de Global Witness, entre 2012 y 2021, los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados ascienden a 1773 en el mundo, siendo las industrias minera, agrícola y un sector sin identificar, las que más ligadas están a los asesinatos. Solo la región latinoamericana contabiliza más de 1,100 asesinatos.
Estas cifras concuerdan con las palabras de Adrián Martínez de Ruta del Clima: “La región latinoamericana es la más peligrosa para ser activista climático de cualquier índole, también ambiental o en general político en el mundo”.
Martínez agrega que el acceso a la información en asuntos ambientales se está socavando en Costa Rica; donde se registra ataque a las fuentes de información tratando de regularlos e intimidarlos, desligitimando las instituciones democráticamente electas, cuestionando la estabilidad democrática de ese país; caso similar a lo que ocurre en El Salvador, con los medios de comunicación y periodistas no afines al gobierno.
El nacimiento y muerte de Escazú en Costa Rica
El Acuerdo de Escazú nació el 4 de marzo de 2018 en el distrito de Escazú, provincia de San José, Costa Rica. Y surgió como una respuesta a la sociedad latinoamericana que exigía el cumplimiento Principio 10 de la Declaración de Río.
«El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.»
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
El mecanismo pionero en protección ambiental y derechos humanos nació después de dos años en los que hubo nueve reuniones intensas del comité de negociación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), liderado por Chile y Costa Rica.
Para la adopción del Acuerdo de Escazú es necesario que el Ejecutivo de cada país haga una consulta interna en las organizaciones del Estado, para luego firmarlo y enviarlo al Legislativo, que debe ratificar el Acuerdo para convertirlo en ley nacional.
El recorrido del Acuerdo de Escazú en Costa Rica siempre fue tibio, menciona la diputada Priscilla Vindas Salazár. “Fue, en gran parte, una irresponsabilidad del expresidente Carlos Alvarado, quien no le dió la importancia que necesitaba este acuerdo”, señala.
El 13 de febrero de 2020, la Asamblea Legislativa tica aprobó con 44 votos a favor y cero en contra el texto del Acuerdo de Escazú; un mes después, la Sala de lo Constitucional encontró que se omitió la consulta obligatoria al poder Judicial, tal como lo detalla la resolución 06134-2020. Cinco meses después, el 18 de agosto de 2020, la misma Sala declaró “inevacuable” la consulta legislativa sobre el proyecto.
“Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año”, mencionó Nicolás Boeglin, profesor en derecho internacional público de la Universidad de Costa Rica.
Además, tanto la Cámara Nacional de Agricultores, como la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) han compartido el rechazo al acuerdo desde el 2020. La UCCAEP envió una carta a la Asamblea Legislativa el 19 de noviembre de 2020 en la que mostraban preocupación por el contenido del Acuerdo.
“Da reconocimiento a grupos o personas (de cualquier país) que podrían bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción o incluso las inversiones en infraestructura en el país, basados en el principio precautorio, aduciendo que va en detrimento del ambiente, sin sustento técnico alguno”, apunta una de las inquietudes escritas por los miembros de la UCCAEP contenidas en la carta.
El 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio la última estocada al Acuerdo de Escazú: en la sesión plenaria ordinaria #131 al enviarlo al archivo con 41 votos a favor y 11 en contra y una ausencia. A los argumentos poco probados de los diputados, se suma el discurso conservador de la empresa privada que tildaba el acuerdo de “comunista”, “que socava la soberanía del país” y “entorpece el desarrollo de la economía” tica, aumentando el desempleo e influyendo en el poder político costarricense, explican los expertos.
En dicha plenaria, el diputado del partido conservador de derecha, Nueva República, Pablo Sibaja, dijo: “Yo me siento feliz de saber que este proyecto (Acuerdo de Escazú) va a ser enterrado, esto no es bueno para Costa Rica”.
La diputada Vindas Salazar, menciona que la defensa ambiental no está en intereses del Ejecutivo ni de una gran mayoría del sector legislativo, que responden a intereses económicos. “Creyeron que el Acuerdo de Escazú venía a garantizar muchas cosas que son abiertamente mentiras y que lo podemos ver en países que ya lo han ratificado, nada de lo que han advertido se ha cumplido”, aseveró Vindas Salazár.
En Costa Rica, el Acuerdo todavía tiene posibilidades, ya que fue firmado, aunque finalmente haya sido archivado, el camino que le queda a Costa Rica es que el gobierno de Chaves vuelva a presentar el proyecto a ratificación para que la Asamblea lo estudie y discuta.
Escazú en Chile
El caso de Chile, el otro país promotor de Escazú, es particular. El país sudamericano bajo el primer mandato presidencial de Sebastián Piñera lideró y participó de las negociaciones junto a Costa Rica. Sin embargo, en su segundo período como presidente declinó firmar el acuerdo. Uno de los principales argumentos que se manejaba dentro de los sectores privados tenía que ver con el litigio entre Chile y Bolivia. Estos sectores decían que si el acuerdo se firmaba se violentaría la soberanía chilena facilitando a Bolivia el acceso al mar.
Fue hasta la llegada a la presidencia de Gabriel Boric, que envió el proyecto de adhesión al congreso de Chile y fue aprobado. Convirtiéndose en el primer Estado Parte por la vía de la adhesión. La alternativa que tiene El Salvador para retomar el acuerdo, ya que no lo firmó en el plazo requerido.
La sociedad chilena presionó para que Escazú se firmara; mientras el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se rehusaba a firmar el acuerdo, las organizaciones chilenas se organizaron, creando diálogos e involucrando a todos los sectores.
Para César Artiga, las condiciones se dieron y culminaron con el cambio de gobierno. “Cuando el gobierno dijo -si queremos enviar el proyecto de adhesión al congreso-, la sociedad civil estaba lista con propuestas y estaba lista para echarse a andar”, explica Artiga.
En El Salvador, el Equipo Impulsor de Escazú está siguiendo los mismos mecanismos chilenos, frente a la negativa del presidente Bukele de firmar el marco legal. Están alfabetizando a las comunidades en el tema de Escazú, para estar listos ante un cambio político y poner Escazú en el mapa nuevamente.
El panorama para Costa Rica es poco alentador y desesperanzador, sobre todo para los defensores medioambientales como lo menciona el director de La Ruta del Clima.“La política ambiental se ve en un abandono, con una lógica de discurso que va priorizando el desarrollo económico de ciertos sectores en detrimento del ambiente y de la población”, añade.
La diputada Vindas Salazár concuerda con Martínez y agrega que “Costa Rica en menos de un año se ha desdibujado como ese líder a nivel mundial en materia ambiental y en defensa de los recursos naturales”.
El ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Franz Tattenbach, quien fue candidato a alcalde por el municipio de Escazú, ha dejado claro que está a favor de la conservación, pero en paralelo con la riqueza. En una entrevista al períodico El País, Tattenbach sostuvo su rechazo al acuerdo . “Yo sugiero que le cambien el nombre si quieren… No lo vamos a ratificar simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú”, dijo el ministro.
La conservación de la biodiversidad, el uso sotenible de la naturaleza, la gobernanza ambiental y todos los controles necesarios que garantizaban la imagen que Costa Rica tenía como líder verde, por el momento, no son temas de interés para el presidente Rodrigo Chaves, como tampoco para su homólogo salvadoreño. “El Acuerdo de Escazú yo no lo veo”, dijo Chaves el 3 de mayo de 2022; quiérase o no, tiene el estilo Bukele.
