A Alejandro Henríquez lo detuvieron por hacer su trabajo: defender los derechos de comunidades campesinas. Junto a José Ángel Pérez, líder comunitario y pastor, Henríquez fue arrestado esta semana por acompañaba jurídicamente a la Cooperativa El Bosque, una comunidad con más de 35 años de historia en el cantón El Triunfo, Santa Tecla. La detención ha provocado una ola de indignación dentro y fuera del país.
Henríquez, abogado salvadoreño formado en derechos humanos en México, fue becario de la Fundación Heinrich Böll y egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde hace años, su compromiso ha estado con los pueblos que resisten: brindó asesoría jurídica a familias que enfrentan un largo y desigual litigio por la tierra que habitan, cultivan y defienden desde 1985. Su captura, denuncian organizaciones académicas, religiosas y de derechos humanos, es un intento claro de criminalizar la defensa del territorio.
La represión institucionaliza
Desde el sur de México hasta el centro de El Salvador, la consigna es clara: libertad para Alejandro y detener el desalojo. Porque defender la tierra, insisten, es defender la vida.
Las muestras de apoyo no se han hecho esperar. Estudiantes y docentes de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron la detención como una «grave violación a los principios democráticos» y exigieron la liberación inmediata de Henríquez, egresado de ese programa académico. “Condenamos esta detención arbitraria, que responde a un contexto de represión contra activistas”, señala el comunicado de la universidad.
“Lo conocimos como estudiante comprometido y lo vimos crecer como profesional ético y valiente. No sorprende que lo persigan: en este sistema, la defensa del bien común es un acto subversivo.”, dijo Dra. Laura Ortiz, docente de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP.
Por su parte, la Fundación Heinrich Böll —con sede en México y vinculada a Henríquez como exbecario— también alzó la voz. Denunciaron que su captura se da “en un contexto de creciente represión”, y advirtieron sobre el desplazamiento forzado de comunidades campesinas. “La justicia no se silencia. La solidaridad nos sostiene y no vamos a callar”, afirmaron sus firmantes.
“El régimen puede encarcelar cuerpos, pero no silenciar conciencias. Alejandro representa a una generación que no está dispuesta a negociar con la injusticia”, aseguró Carlos F, exbecario de la Fundación Heinrich Böll México.
Para muchos, la detención de Alejandro Henríquez no fue solo un golpe contra una persona, sino un mensaje de Estado. En lugar de resolver las causas estructurales de los conflictos agrarios, el gobierno salvadoreño ha optado por militarizar el territorio y judicializar a quienes se organizan. “Su detención es un acto de represión política”, denunciaron estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP.
En el contexto de la criminalización de Alejandro Henríquez y el presidente de la cooperativa El Bosque, Nayib Bukele revivió la amenaza de una “Ley de Agentes Extranjeros”, que impone el 30 % de impuestos a las donaciones recibidas por organizaciones sociales, dificultando el trabajo de las oenegés en defensa de derechos colectivos.
La tierra como trinchera
La Cooperativa El Bosque no es cualquier comunidad rural. Sus orígenes se remontan a la Reforma Agraria de los años 80.
El conflicto legal comenzó hace más de dos décadas, cuando la cooperativa contrajo una deuda bancaria para enfrentar una crisis cafetalera. La deuda fue gestionada por un tercero, Luis Antonio Palomo Urbina, quien tras una serie de movimientos financieros, inició una demanda para reclamar tierras de la cooperativa como pago. En los doce inmuebles embargados por ese proceso, se sostienen casi 300 familias.
Y aunque la amenaza del desalojo se eliminó desde el momento en que intervino en el conflicto el Ejecutivo; Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez no han sido liberados.
