Los ocho defensores del río Guapinol que permanecieron en prisión dos años y medio por defender el agua, son el ejemplo más reciente en Centroamérica de lo que le ocurre a las comunidades locales cuando rechazan un proyecto minero: persecución y criminalización.
El grupo de defensores es parte de las comunidades de Guapinol y del Sector San Pedro que se organizaron para detener los trabajos de la minera Inversiones Los Pinares. La empresa pretende hacer de Honduras líder en la producción de pelets del óxido de hierro, extraído de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Escaleras, al norte de Honduras.
En dos años, el caso de los defensores del río Guapinol tuvo tanta relevancia internacional como el asesinato de la defensora Berta Cáceres. Incluso, Naciones Unidas y otras organizaciones calificaron de “detención arbitraria” el caso de los ocho ambientalistas, que finalmente fueron liberados el 24 de febrero.
En el juicio, realizado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, en Colón, los tres jueces decidieron condenar a seis de ellos de los delitos de privación de libertad, incendio agravado y daños agravados.
El fallo ocurrió el 12 de febrero, mientras Honduras vivía la transición del gobierno del hoy expresidente Juan Orlando Hernández, requerido por la justicia estadounidense por casos de narcotráfico y corrupción, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien desde su primer discurso como mandataria pidió libertad para los “guapinoles”.
Entre 2020 y 2021, los abogados de los ambientalistas presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos amparos en los que solicitaban su libertad. En uno de ellos pedían la nulidad del proceso por irregularidades y en otro señalaron la ilegalidad de su detención.
Ambos recursos fueron resueltos en favor de los ambientalistas encarcelados, así el Tribunal de Trujillo dio la orden de liberar a los ambientalistas. Si no eran resueltos, el equipo de abogados recurriría al Decreto de Amnistía, aprobado recientemente por el Congreso hondureño y ratificado por Castro con el objetivo de liberar a los “presos políticos” capturados después del golpe de Estado del país, en 2009, explica Bianca Andino, abogada de la Fundación San Alonso Rodríguez y una de las defensoras en este caso.
Los ambientalistas que recuperaron su libertad tras las resoluciones de la Sala de lo Constitucional fueron Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahuán Hernández. Durante el juicio, los únicos que recuperaron su libertad fueron Arnold Alemán y Jeremías Martínez Díaz.
“Las palabras no alcanzan para expresar lo agradecido que estamos con ustedes”, declaró José Daniel Márquez al recuperar su libertad.
La comunidad de Guapinol que, durante el juicio, acampó frente al tribunal de Trujillo como en señal de protesta, también realizó una caravana en carros, desde el Centro Penal de Olanchito, en Yoro, donde estaban detenidos los ambientalistas, hasta la comunidad El Guapinol, para celebrar su libertad.
Un parque protegido y un empresario poderoso
Los trabajos de Inversiones Los Pinares, propiedad de los hondureños Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, implican la contaminación de los dos ríos que defienden los “guapinoles”.
En total, en el Parque Nacional Montaña Botadero Carlos Escaleras nacen 34 ríos y por la riqueza de biodiversidad, en octubre de 2012, por medio del decreto 127-2012, el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) declaró la zona donde hoy explora la mina como área protegida, en la categoría de Parque Nacional. Su extensión total es de 96,755.4 hectáreas, pero de estas, 72,531 son de amortiguamiento y 24,223 componen el núcleo del ecosistema.
El plan de manejo gubernamental del ecosistema era de 12 años. Sin embargo, al año siguiente del decreto de protección, la empresa Emco Mining, hoy Inversiones Los Pinares, solicitó la exploración minera en la zona núcleo de la reserva y el Congreso Nacional de Honduras, por medio del decreto 252-2013, redujo 217 hectáreas del mismo para permitir los trabajos.
En una resolución de 2014, el ICF advirtió que el proyecto no es factible debido a que está ubicado en área con cobertura forestal y de amortiguamiento, donde no se permite la minería y donde hay una fuente de agua que abastece a las comunidades aleñadas. Además, recomendó al Ministerio de Medio Ambiente rechazar el proyecto.
Entre 2014 y 2015, la comunidad El Guapinol conformó el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que intentó parar las obras. Los vecinos se tomaron por 11 días la municipalidad para solicitar al alcalde que convocara a un cabildo abierto para expresar su rechazo a minería y al Congreso le solicitaron que se retractara de haber otorgado a la minera un área protegida.
No hubo respuesta de los diputados ni del alcalde, así que el 1 de agosto de 2018, aproximadamente 400 personas montaron un campamento afuera de las instalaciones de Inversiones Los Pinares. Vigilaban que la minera no pudiera desplazar su maquinaria, ya había abierto la calle para facilitarse el trabajo y los sedimentos que extrajo pararon en el río Guapinol. Lo dejó sucio durante siete meses, recuerda Juana Zúniga, la esposa de Abelino Cedillo, uno de los ambientalistas enjuiciados.
El Estado hondureño no solo deja en descuido un área protegida, sino que ha omitido la consulta pública, previa e informada con la comunidad, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras, y que es uno de los puntos que también establece el Acuerdo de Escazú, solo ratificado en Centroamérica por Costa Rica.
El campamento duró 88 días, hasta que la noche del 7 de septiembre de 2018, un contingente de 500 militares llegó a desalojar a los manifestantes con violencia. La comunidad había escuchado del operativo desde hace un mes atrás, pero no sabía cuándo ocurriría.
Hubo heridos y muertos, y el Ministerio Público emitió orden de captura contra 32 personas, tras la denuncia de la minera de que los vecinos habían provocado un incendio y privado de libertad a un guardia de seguridad.
De los 32, inicialmente acusados de asociaciones ilícitas, incendio agravado y privación de libertad, un grupo de 11 se presentó voluntariamente. Enfrentó la audiencia inicial ante un juez de Crimen Organizado de Tegucigalpa y fue sobreseído definitivamente de los delitos.
Otro grupo, de ocho hombres, también hizo lo mismo el 7 de octubre de 2018, pero el juez solo los absolvió del delito de asociaciones ilícitas, por los demás los mandó a detención. Una detención que ya sobrepasaba los dos años y que, constitucionalmente, estaba vencida a esas alturas del proceso. Durante el juicio, el Ministerio Público les acusó de un tercer delito: daños agravados contra Inversiones Los Pinares.
Pérez, el dueño de Inversiones Los Pinares, tiene vínculos con El Salvador. Un informe de la organización Acción Ciudadana reveló que donó 1 millón de dólares a GANA, el partido que llevó a la presidencia a Nayib Bukele, en 2019.
En agosto del año pasado también la Asamblea Legislativa le autorizó el primer Asocio Público Privado a una de sus empresas, Alutech, para la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Alutech fue la única ofertante para el asocio.
Mientras que, en Honduras, una investigación periodística reveló que durante cuatro años, Inversiones Los Pinares tuvo negocios con la Corporación Nucor, la principal productora de acero en Estados Unidos.
De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, el registro público de Panamá da cuenta que la empresa estadounidense se asoció con Pérez y su esposa en 2015 por medio de la compañía panameña NE Holdings Subsidiary y un año después lo hizo con la firma NE Holding.
En 2015, los empresarios hondureños habían hecho el traspaso de la totalidad de las acciones de tres de sus empresas establecidas en el país centroamericano –entre ellas Inversiones Los Pinares-a las firmas estadounidenses.
El objetivo de Nucor era la compra de materia prima que produzca la mina que trabaja en el Parque Nacional Montaña de Botadero Carlos Escalares, pero una vocera de la firma estadounidense declaró a los periodistas que esta había desistido de realizar negocios por el conflicto que la mina había desatado con las comunidades.
La MalaYerba contactó a Pérez para conocer su postura respecto al proyecto que le concedió el Estado hondureño en un área protegida que pone en peligro el ecosistema y la fuente de agua de las comunidades, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, explica que, en el trabajo de exploración de una mina, que es la fase en la cual se encuentra Inversiones Los Pinares, y en la siguiente fase, la de exploración, hay contaminación en todo el ecosistema.
El daño más grave ocurre en la fase de explotación, aclara, porque significa un drenaje de ácidos en la tierra, cuyo efecto tarda 100 años en revertirse. Cinco veces más del tiempo en que tarda en contaminar, que es entre 15 o 20 años.
Un proceso irregular
El Observatorio Libertad para Guapinol se ha encargado de monitorear el proceso judicial contra los “guapinoles”. Entre las irregularidades que destacó durante el juicio, que inició en diciembre y terminó a inicios de febrero, fue la incorporación del delito de daños agravados, una imputación planteada por el Ministerio Público en la fase final del proceso judicial.
Como una forma de probar la inocencia de los ambientalistas, sus abogados defensores presentaron siete informes técnicos que muestran las irregularidades en la concesión de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escalares para actividades mineras.
En octubre del año pasado, a los ambientalistas se les vencieron los dos años de detención provisional que establece la legislación hondureña, pero el Ministerio Público pidió la prórroga de su detención.
La defensa presentó una solicitud para que los ambientalistas llevaran el proceso en libertad, pero los jueces del Tribunal de Sentencia de Trujillo no aceptaron, así que fueron recusados, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se negó a removerlos.
Al principio del juicio, incluso, los abogados presentaron un habeas corpus, firmado por organizaciones nacionales e internacionales, para solicitar su libertad, pero el recurso nunca fue resuelto.
Andino, la abogada de la Fundación San Alonso Rodríguez, señala otra irregularidad que tuvo el proceso: Arnold Alemán, hijo del defensor ambiental Arnold Alemán, estuvo detenido los dos años del proceso aunque no estuvo en el campamento desalojado en 2018. “Fue una manera de coaccionar a su papá para que no siguiera en las protestas”, sostiene la abogada.
Este caso escaló a organismos internacionales. En marzo de 2017, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria instó al Estado hondureño a liberar a los ambientalistas e indemnizarlos, al considerar que su detención era arbitraria por no cumplir con normas nacionales e internacionales para un juicio imparcial.
“A la oficina le preocupa el uso indebido del derecho penal, afectando de manera desproporcionada a las personas defensoras de los derechos humanos y generando un efecto inhibidor en sus comunidades”, se lee en el comunicado emitido.
MalaYerba también intentó entrevistar a los fiscales de este caso, pero al cierre de la nota no hubo respuesta de la encargada de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público.
El país de Centroamérica más letal para los defensores
“Son maneras de callar o de opacar todos los procesos de lucha, que la gente esté quedita y no salga. Sabemos la realidad en Honduras y no tenemos justicia”, dice Juana Zúniga, la lideresa de Guapinol, sobre el caso de los ocho ambientalistas. El esposo de Zúniga, José Abelino Cedillo, fue uno de los “guapinoles” encarcelados.
El informe Defender el Mañana, de Global Witness, publicado en 2020, señaló que en 2019 Honduras fue considerado el país más peligroso para los ambientalistas y el que ha tenido un considerable aumento en los ataques letales contra ellos. El año pasado, el informe registró 17 asesinatos.
Carlos Escalares y Berta Cáceres son dos de los ambientalistas que reflejan la violencia que sufren quienes defienden la tierra hondureña. Escaleras fue asesinado por oponerse a que cerca del río Guapinol funcionara una planta de extracción de aceite de palma propiedad del empresario ya muerto, Miguel Facussé, padre de Ana Isabel Facussé.
Su crimen ocurrió en el centro de Tocoa, en su empresa de lavado de autos, mientras se avecinaban las elecciones municipales en las que él competiría como alcalde. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado hondureño por su asesinato y en conmemoración a él el Parque Nacional Montaña de Botadero lleva su nombre.
Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por oponerse a la represa Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), en el río Gualcarque, en Intibucá. Ella, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que aglomeraba a organizaciones de toda Honduras con el objetivo de defender el medio ambiente, lideró las protestas de la comunidad lenca.
Por el asesinato de Cáceres hay siete condenados, entre ellos el exmilitar David Castillo Mejía, expresidente de DESA.
Juana Zúniga no escapa a las amenazas de muerte en Guapinol. Recuerda que luego de que Avelino y los otros siete ambientalistas se entregaron a un juzgado, fueron asesinados dos hombres de Guapinol que estaban dentro de lista de acusados, pero ellos habían decidido no entregarse al juzgado.
En tanto, Gabriela Sorto, hija de Porfirio Sorto Cedillo, otro de los detenidos, cuenta que en la comunidad viven con miedo desde antes de que su padre estuviera preso. En una ocasión tuvieron que sacar a Porfirio de Guapinol porque podían desaparecerlo, como ha ocurrido con otros defensores en Honduras.
Su familia y ella no quieren abandonar el país. Para ellos no es opción huir en una caravana migrantes hacia Estados Unidos, como lo han hecho miles de personas del Triángulo Norte de Centroamérica desde 2018. “Pasa que el sistema que tenemos en este país no sirve, aquí lo que se hace es criminalizar a los defensores”, lamenta.
Elsy Vanegas, quien lidera la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, ubicada en Tocoa, señala que en Guapinol y comunidades aledañas hay 135 personas con medidas de protección de parte de la CIDH debido a las amenazas por proteger el medio ambiente.
La CIDH, en un informe publicado en 2019 tras una visita a Honduras, indicó que, entre 2014 y 2018, hubo 65 defensores de derechos humanos asesinados y 1,242 ataques contra ellos, sus familiares u organizaciones. En el 95 % los hechos han quedado impunes.
Asimismo, destaca a los ambientalistas hondureños como el blanco de la violencia, criminalización y de difamación al oponerse a proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios. Las campañas de desprestigio, mayormente son contra las mujeres, dice.
Ante los testimonios y la información recopilada, el organismo cuestionó la efectividad de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y la unidad fiscal a cargo de su aplicación.
La abogada Vanegas habla también de delitos creados para criminalizar las protestas en Honduras: la usurpación, uno de los delitos imputados a los ocho defensores; y el desalojo forzoso, del que acusan a las comunidades garífunas que se oponen a la instalación de empresas en sus territorios.
Esta persecución también se repite en El Salvador, donde ni siquiera hay leyes a favor de los defensores de derechos humanos. El especial Defensores bajo ataque, realizado por periodistas de la región, dejó a la vista la criminalización que hay en este país.
Entre 2000 y 2021, de acuerdo a una base de datos realizada por el equipo, hubo 65 ataques a defensores ambientales y de esos 44 fueron catalogados como riñas entre pandillas. El delito que predomina para criminalizarlos es el de asociaciones ilícitas.
“Vemos que los Estados no actúan y esa es la primera razón por la que nos pone en alerta, porque, ¿quién nos defiende a los defensores”, cuestiona Vidalina Morales, defensora ambiental que pertenece a la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (Ades), en El Salvador.
Morales es una referente ambientalista. Estuvo al frente de exigir la prohibición de la minería en el país. Para ella, lo importante en las denuncias contra las empresas es que haya respaldo de las comunidades, como el que existe en Guapinol.
El juicio contra los ambientalistas se realizaba en Honduras al tiempo que en el Parque Nacional Carlos Escaleras avanzaban y siguen avanzando las obras de la minera Inversiones Los Pinares en una zona a la cual las comunidades no tienen acceso. Cada semana, de lejos, escuchan el sonido de la dinamita y la maquinaria cavando.
“Es bien difícil cuando hemos luchado y nos ha costado tanto tener nuestro hogar, y que estas empresas solo vengan acá”, concluye Juana.
