Esta semana fuimos testigos de la captura de Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental del Foro del Agua, y de José Ángel Pérez, pastor y líder de la Cooperativa El Bosque. Las capturas ocurrieron en torno a una actividad que tenía como objetivo frenar el desalojo de 300 familias de la cooperativa agrícola El Bosque, ubicada en Santa Tecla, La Libertad. La detención arbitraria contra Alejandro y José Ángel ha despertado una amplia muestra de solidaridad que se refleja en numerosos pronunciamientos demandando su liberación.
La condena generalizada de las detenciones no es un hecho cualquiera. En un país donde existe temor a pronunciarse frente a las arbitrariedades del régimen político actual, dicha respuesta refleja una consciencia que algunos creían ausente. Y es que más allá del abuso de poder, la represión contra un grupo de familias agricultoras tocó una fibra sensible en la población, una ligada al viejo problema de la tierra. Este problema, que viene desde tiempos de la colonia, se expresa hoy en el despojo de las cooperativas de la reforma agraria, las cuales se han convertido en blanco de grupos que buscan apropiarse de sus tierras a base de matonería y argucias legales. La pregunta que surge es: ¿cuál es el origen de este ataque a las cooperativas? En las siguientes líneas intentaré hacer un pequeño resumen del caso de El Bosque y su trasfondo histórico situado en un ciclo de mercantilización y acaparamiento de tierras que lleva ya más de tres décadas.
¿Qué pasó en El Bosque?
La cooperativa El Bosque nació en los años 80, en el marco de la reforma agraria que entregó más de 305 mil hectáreas de tierra a familias campesinas como parte de un proceso que buscaba reducir la alta concentración de la propiedad en El Salvador. En sus inicios, la cooperativa se dedicó a la producción de café y luego incursionó en otras actividades, como la siembra de hortalizas y la apicultura. Según el documental Tierras cooperativas en la mira, el trabajo colectivo de El Bosque llevó grandes beneficios a su comunidad, como servicios básicos y educación.
A mediados de los años 90, la cooperativa sufrió una crisis debido a una caída en los precios del café y una plaga de roya. Esta crisis derivó en el impago de una deuda con el Banco Agrícola. Como resultado del impago, el banco impuso al ingeniero agrónomo Luis Palomo a cargo de la cooperativa, supuestamente para resolver su situación y salir de la deuda. En la práctica, Palomo no hizo mayor cosa para pagar la deuda. Durante sus años a cargo de la cooperativa, entre 2001 y 2007, Palomo se dedicó principalmente a talar árboles para vender su madera y alquilar las tierras de la cooperativa. También contrató a una empresa de su propiedad (PROYIN, S.A. de C.V.) para llevar a cabo trabajos de parcelación de terrenos que, según él, servirían para entregar escrituras de propiedad a los miembros de la cooperativa. Esta entrega nunca se llevó a cabo.
Al no ver ningún resultado, la cooperativa rompió su relación con Palomo. Un año después de su salida, Palomo demandó a la cooperativa por más de 131 mil dólares. La demanda se basó en unos pagarés que el antiguo presidente de la cooperativa, Victorino Renderos había firmado con la empresa del ingeniero sin la autorización de los socios. Si bien el juzgado que llevó el caso actuó a favor de Palomo, este proceso estuvo lleno de irregularidades que obstruyeron la búsqueda de justicia por parte de los cooperativistas. Entre las irregularidades del caso estuvo la decisión de la Fiscalía de rechazar la participación de abogados defensores de la cooperativa y el rechazo de pruebas y testigos clave.
A simple vista, la historia de la cooperativa El Bosque pareciera sacada de una telenovela del libretista colombiano Fernando Gaitán. Las peculiares maniobras de Luis Palomo, sin embargo, son más comunes de lo que parecen y forman parte de un contexto más amplio de mercantilización y despojo de las tierras cooperativas que viene desde finales de la guerra civil.
La guerra contra las cooperativas
A principios de los años 90, las cooperativas se encontraban en una mala situación económica debido a la guerra y otros factores, como el abandono de la agricultura por parte del gobierno del presidente Alfredo Cristiani. Esta crisis llevó a que muchas cooperativas entraran en impago con bancos que en ese mismo momento estaban siendo privatizados. En este contexto, la bancada legislativa del partido ARENA impulsó una serie de decretos que permitieron a las cooperativas utilizar sus tierras para el pago de sus deudas. Hasta ese entonces, la ley prohibía la parcelación y transferencia de tierras cooperativas a personas que no fueran beneficiarias de la reforma porque esto podía facilitar una reconcentración de la propiedad en pocas manos. Estas restricciones, sin embargo, fueron eliminadas por los decretos 747 y 719.
Más que una solución financiera, la política impulsada por ARENA se convirtió en una especie de contrarreforma agraria que tenía como objetivo principal privatizar las tierras cooperativas y volverlas accesibles a inversionistas a través del mercado inmobiliario. Al convertir propiedad colectiva en un activo privado y transferible, la contrarreforma de ARENA dio pie a la mercantilización de las tierras cooperativas. Fue este proceso de mercantilización de la tierra el que incentivó los despojos que vemos hoy en día. Asimismo, fue esta mercantilización la que corrompió a muchos líderes cooperativistas, fomentando transferencias irregulares de tierra y revirtiendo mucho de lo alcanzado por la reforma del 80. En efecto, según datos del Ministerio de Agricultura, para el año 2012, solamente 59,500 hectáreas (de 232 mil redistribuidas originalmente) permanecían en manos de las cooperativas.
Usualmente, las transferencias irregulares de tierras cooperativas involucran la complicidad de líderes que buscan sacar algún beneficio personal. Estos, sin embargo, no actúan solos, sino que operan en conjunto con profesionales, instituciones de gobierno (como el ISTA) y empresas de alto prestigio. Ejemplo de ello es el famoso caso de la Cooperativa El Espino, donde la familia Dueñas recuperó buena parte de las tierras que le fueron expropiadas en la reforma. Este caso involucró un extraño préstamo de la firma de abogados Portal y Asociados a la cooperativa. Otro caso, menos famoso, es el de la Cooperativa Florencia en Nuevo Cuscatlán. Aquí, el Banco Cuscatlán otorgó una serie de créditos gigantescos que llevaron a la cooperativa a caer en impago. Una vez endeudada, el banco impuso a un ingeniero agrónomo como administrador para mejorar la situación de la cooperativa. Lejos de esto, el ingeniero se dedicó a vender las tierras. Hoy en día las tierras de la Cooperativa Florencia está en manos de grupos inmobiliarios, incluyendo desarrolladores del megaproyecto urbanístico Kalamanda.
Una lucha por la vida
No podemos cerrar esta reflexión sin antes recordar que la lucha de las cooperativas por la tierra es fundamentalmente una lucha por la vida. Cuando las familias de la Cooperativa El Bosque gritan “la tierra no se vende, se cuida y se defiende”, su mensaje va más allá de un simple reclamo contra un estafador. Su reclamo es un rechazo a la concepción misma de la tierra como una mercancía. Para El Bosque y muchas otras cooperativas a lo largo del país, la tierra no es un simple “activo inmobiliario” que se valora través de su precio en el mercado. Su valor proviene de su relación material y afectiva con la tierra y su entorno. Esta relación está estrechamente vinculada a su medio de sustento y su forma de organización comunitaria. Solo el que comprenda esto entenderá por qué la lucha por la tierra en El Salvador no cesará nunca, a pesar de los despojos y la represión.
No está de más recordar lo que Monseñor Romero dijo en la homilía del 16 de marzo de 1980, en el contexto de la reforma agraria: “Cada país tiene su tierra prometida en el territorio que la geografía le señala. Pero debíamos de ver siempre, – y no olvidarlo nunca – esta realidad teológica: que la tierra es un signo de justicia, de la reconciliación. No habrá verdadera reconciliación de nuestro pueblo con Dios mientras no haya un justo reparto, mientras los bienes de la tierra de El Salvador no lleguen a beneficiar y hacer felices a todos los salvadoreños”.
*Julio Gutiérrez es doctor en antropología social por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Se especializa en temas de territorio y ecología política. Ha publicado varios artículos sobre especulación inmobiliaria, acaparamiento de tierras y la política del agua en El Salvador. Actualmente trabaja como catedrático adjunto en la Universidad de Carolina del Norte.
