En las fincas Suiza y Santa Elena, del municipio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, se ubican los terrenos del megaproyecto urbanístico Kalamanda, comercialmente conocido como Portales del Bosque. La nueva ciudad ha recibido el apoyo de diversas instituciones del Estado salvadoreño, beneficiando a un grupo de empresas de gran poder económico e influencia política. Estos son los cinco grupos empresariales que actualmente participan en la nueva ciudad.
Guayo y Grupo Gramo
Grupo Gramo es la actual propietaria de la mayor parte de la finca Suiza. Su origen y llegada a Nuevo Cuscatlán está ligada al salvadoreño-mexicano Vicente Eduardo Graniello Pérez, empresario fundador de la multinacional Intellego, una compañía que se dedica al rubro de tecnologías de la información. Según información del CNR, Graniello Pérez apareció en la escena inmobiliaria de Nuevo Cuscatlán en el año 2007 a través de un crédito que el empresario otorgó a la sociedad Corporación del Trópico para el desarrollo del proyecto residencial Islas de Santa Elena, ubicado en la finca Suiza. Ese proyecto fracasó luego que en 2008 el Ministerio de Medio Ambiente negara el permiso debido a que el sitio de construcción se ubicaba en una zona altamente susceptible a deslizamientos. Después de la negación del permiso, la tierra pasó a manos de Graniello, a través de su empresa Grupo Gramo.
Según información del Registro de Comercio, Grupo Gramo, S.A. de C.V. fue fundada en 2008 por los abogados Salvador Enrique Portal Portillo y José Francisco Molina Guzmán, directivos del despacho jurídico Portal & Asociados, una firma de abogados con un historial en otros proyectos inmobiliarios, que fue fundada por el expresidente Armando Calderón Sol y Salvador Portal Cornejo, padre de Salvador Portal Portillo. Portal & Asociados funcionó como intermediaria en la venta que derivó en la deforestación y urbanización de la finca el Espino.
Además de los abogados de Portal & Asociados, la administración Grupo Gramo también ha contado con la participación de Rafael Alberto Mendoza Calderón, procesado en 2017 por la evasión de $2.7 millones de impuestos, y de José Vicente Machado Calderón, imputado inicial en el caso CEL-Enel, que fue sobreseído por el juez del caso en 2015. Vicente Machado Calderón es también hermano de Mario Machado Calderón, abogado defensor del expresidente Elías Antonio Saca. Ambos hermanos han sido socios de Eduardo Graniello en otras dos empresas: Progresemos, S.A. de C.V. e Intellego El Salvador, S.A. de C.V., filial salvadoreña de la multinacional de origen mexicano Intellego.
En un perfil escrito por el exdirectivo de Portal & Asociados, Max Mojica, la historia de vida Eduardo Graniello, o “Guayo”, como le conocen sus allegados, es de superación y éxito: criado en un ámbito humilde en los edificios multifamiliares de la colonia Monserrat, Graniello fue capaz de salir adelante con ayuda de su familia, estudió sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey. Este logro académico le ayudaría a desarrollarse en el rubro de tecnología de información en México, para luego embarcarse en el ámbito empresarial con Intellego.
Fundada en 1999, Intellego es una empresa de tecnologías de información especializada en el ramo de “inteligencia de negocios”, que consiste en la gestión de información para la toma de decisiones en el mundo empresarial. La compañía ha sido reconocida por sus importantes contratos con instituciones del Estado mexicano y su expansión a varios países de América Latina, entre ellos Chile, Colombia y Brasil.
Pese al crecimiento de la compañía, ésta se ha visto involucrada en importantes casos de corrupción. Uno de ellos, revelado en el año 2014, expuso a Intellego como la intermediaria de sobornos entre la empresa californiana de tecnología Hewlett Packard (HP) y la empresa petrolera estatal mexicana PEMEX, para la obtención de un millonario contrato. Informes periodísticos revelaron que el caso llegó hasta la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde HP fue obligada a pagar $34 millones para resolver el caso.
Otro caso revelado en 2017 señaló a Intellego como parte de un escándalo de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” en la que se involucraron 11 dependencias del Estado mexicano. La investigación hecha por Animal Político en asociación con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Intellego recibió $1.2 millones de un convenio realizado entre el Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios (BANOBRAS) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Según la investigación periodística, un informe de la Auditoría Superior de la Federación acusa a Intellego de canalizar parte de esos fondos a empresas fantasma.
No obstante los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada la compañía Intellego, Graniello Pérez ha logrado expandir sus negocios. Esto incluye actividades en El Salvador, sobre todo en el ámbito inmobiliario. Según su cuenta de LinkedIn, el empresario es desde 2017 el director de Briko, la desarrolladora inmobiliaria a cargo del megaproyecto Kalamanda.
Briko: la cara visible de Kalamanda
Briko, S.A. de C.V. es la cara visible del proyecto Kalamanda. Su nombre está en toda la publicidad del proyecto así como en la documentación de permisos y factibilidades. Según datos del Registro de Comercio, la empresa Briko fue constituida en 2018 por los arquitectos Jorge Eduardo Moreno Aguilar y Edgar Emilio Avilés García con el fin de dedicarse a la compraventa de bienes inmuebles y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Actualmente el administrador único propietario y representante legal de Briko es el ingeniero Erick Ernesto Granillo Funes; quien fue gerente general de la empresa Roble Acciones y Valores del Grupo Roble y, desde 2020, funge como administrador único de Grupo Gramo, la empresa propietaria de la mayor parte del terreno de la finca Suiza donde ahora se construye el condominio Portales del Bosque.
Cayalá El Salvador y la compra de Santa Elena
Inversiones Cayalá El Salvador se integró al proyecto Kalamanda en 2018, luego que el representante del Grupo Cayalá Guatemala, Mario Leal, se viera involucrado en un escándalo de corrupción a partir de investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre las acusaciones hechas contra Leal estaba la de liderar una estructura financiera que captaba fondos de origen ilícito para la campaña electoral de 2015, en la cual el empresario iba como compañero de fórmula de la candidata a la presidencia por el partido UNE, Sandra Torres. Meses después de que el caso saliera a la luz, la empresa Briko presentó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) una solicitud de permiso ambiental para el proyecto Kalamanda. Este proyecto incluía una porción de tierra perteneciente a Inversiones Cayalá El Salvador.
En 2014 fue la primera vez que se escuchó hablar de Cayalá en El Salvador, en un evento realizado en el hotel Sheraton, donde el entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán y actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada de mil millones de dólares en inversión para el municipio. En ese evento el representante del Grupo Cayalá y excandidato a la vicepresidencia de Guatemala, Mario Leal, elogió la gestión del alcalde y confirmó su interés de invertir en el municipio. “Es en realidad un gusto ver como ustedes tienen esta joya que es Nuevo Cuscatlán dirigida por un alcalde como Nayib, porque realmente se están haciendo las cosas bien”, dijo el empresario ante el público invitado. En ese momento, Cayalá ya contaba con una sociedad inscrita en El Salvador y un terreno de 192 manzanas ubicado en la finca Santa Elena, antes propiedad de la Cooperativa de la Reforma Agraria Florencia.
Inversiones Cayalá El Salvador, S.A de C.V. fue constituida en enero del 2013 por el economista Julio Bracamonte Sibrián, un hombre de confianza de Michelle Sol y su esposo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Ese mismo año, Inversiones Cayalá El Salvador recibió un préstamo por 2.1 millones de dólares de la Corporación Industrial Feer Guatemala, y en marzo de 2014 compró la finca Santa Elena a la Cooperativa Florencia. La compra de la finca derivó en un conflicto de tierras entre Inversiones Cayalá y una comunidad de cincuenta familias, entre las que se encontraba un grupo de excolonos que permanece en la finca hasta el día de hoy.
Teresa de Jesús Hernández fue socia de la Cooperativa Florencia. Ella cuenta que Inversiones Cayalá no ha cumplido con la promesa que les hizo en 2016: En una reunión realizada en las instalaciones de la finca, representantes de la sociedad se comprometieron a reubicarles dentro del municipio de Nuevo Cuscatlán. Sin embargo, en los últimos años la empresa ha insistido en la idea de reubicarles en el municipio de Rosario de Mora. Algo con lo que Hernández y su comunidad no están de acuerdo por ser un lugar “lejano, desconocido y peligroso”, asegura.
Según los habitantes de la finca Santa Elena, una de las personas que ha sido cómplice de los intentos por reubicarles afuera del municipio ha sido la exalcaldesa y actual ministra de Vivienda, Michelle Sol. En 2017, Sol pidió al Ministerio de Medio Ambiente el cambió de zonificación ambiental, que terminó favoreciendo el desarrollo urbanístico en la finca. Según el relato de los habitantes, la exalcaldesa estuvo presente en la reunión del 2016. Si bien entonces se comprometió a colaborar con la reubicación de la comunidad a un lugar dentro de Nuevo Cuscatlán, en el año 2021, ya como ministra de Vivienda, ofreció a la comunidad construirles casas con recursos estatales en Rosario de Mora.
Pese a los beneficios que la exalcaldesa propició para Cayalá El Salvador, Julio Bracamonte, el representante legal de la empresa y hombre de confianza de Michelle Sol, dijo a la MalaYerba que ella y su esposo, Ernesto Castro, ya “no tienen nada que ver” con el proyecto Kalamanda. También, aseguró que la tierra de Cayalá ya fue vendida a Grupo Gramo, la empresa de Vicente Eduardo Graniello. Esta afirmación es solo parcialmente cierta. Según información del Centro Nacional de Registros (CNR), solo una porción de 58 manzanas fue vendida a Grupo Gramo. El resto, 134 manzanas, sigue siendo propiedad de Inversiones Cayalá El Salvador, según datos recopilados por la MalaYerba en noviembre de 2021.
La llegada de los Dueñas
El Grupo Dueñas fue uno de los últimos grupos empresariales en integrarse al proyecto Kalamanda. Lo hizo a través de una sociedad llamada Desarrollos y Servicios Nuevo Cuscatlán Limitada. En 2021, esa sociedad compró seis manzanas de tierra de la finca Suiza a Grupo Gramo para comenzar con el desarrollo del proyecto Kalamanda. El proyecto, sin embargo, fue iniciado bajo un nuevo nombre: Portales del Bosque.
Según información del CNR, el gerente y representante de Desarrollos y Servicios Nuevo es Alejandro Arturo Dueñas Soler, presidente de Urbánica y nieto de Roberto Soler Borghi, antiguo dueño de la finca Suiza. Además de Alejandro Dueñas, la empresa también es administrada por otras personas que forman parte del grupo empresarial, como: Alberto Xavier Dueñas Fortún, primo de Alejandro; Rafael Eduardo Alvarado Cano, Ministro de Hacienda durante el período del expresidente Alfredo Cristiani; y José Federico Rodríguez Villacorta, director de planificación y operaciones de Urbánica y miembro de la junta directiva de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, CASALCO.
Rodríguez Villacorta fue quien, en julio del 2021, representó a Urbánica y el sector inmobiliario ante la Comisión Ad hoc que formuló el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos en la Asamblea Legislativa. En dicha sesión, elogió el espíritu de la ley y criticó a quienes ven el sector inmobiliario como un problema: “Cualquiera que quiera vernos como parte del problema desde una perspectiva negativa, no tiene sentido hablar de absolutamente nada más; desde depredadores hacia arriba. No tiene ningún sentido. Nos dedicamos a crear valor, tratando de solucionar o de contribuir a la solución de temas que son bien puntuales, como el déficit habitacional o de infraestructura de calidad, y por lo tanto, creemos que damos solución a ello”, sentenció el empresario.
Los Dueñas llegaron al proyecto cuando Briko ya había conseguido los permisos ambientales en la actual gestión del ministro Fernando López. Con eso, el Grupo Dueñas se evitó el desgaste de marca que le ocasiona el proceso administrativo, como lo ocurrió a Urbánica con Ciudad Valle El Ángel.
Corsesa El Salvador
Arena Josefina Perezalonso de Rodríguez, madre de Gabriela Roberta Rodríguez de Bukele, primera dama de la República, es quien está detrás de la empresa Corsesa El Salvador. La sociedad fue inscrita en 1994, según información del CNR, y se mueve en el rubro de servicios inmobiliarios, productos para terceros y relacionados a la construcción. Gabriela de Bukele fue hasta abril de 2019 la directora única suplente de esta empresa.
Corsesa El Salvador estuvo ligada al desarrollo inmobiliario que destruye el cerro Afate, en el lago de Coatepeque, ubicado en el departamento de Santa Ana. Ahora, la página en Facebook dejó de promover ese proyecto para vender Kalamanda con sus primeras construcciones Artea Apartamentos.
