A cinco años de entrada en vigencia la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, El Salvador sigue sin efectuar el cierre técnico de 15 minas que quedaron abandonadas en el oriente del país. Y aunque la ley en los artículos 5 y 6 manda principalmente al Ministerio de Economía a trabajar con el Medio Ambiente y Recursos Natuales (MARN) para hacer los cierres, ha sido este último el que ha asumido la reparación de los daños.
Sin embargo, el presupuesto asignado por Medioambiente en 2021 y 2022 para remediar el drenaje ácido de la exmina San Sebastián, ubicada en Santa Rosa de Lima, La Unión, ha sido del 0.003 % del total del presupuesto de inversión pública, reclaman organizaciones sociales aglutinadas en la Mesa Frente a la Minería Metálica (MFMM).
El presupuesto 2023 sigue sin priorizar el resarcimiento de los pasivos ambientales — residuos y deudas ambientales que las empresas dejan al retirarse — que son una amenaza para cuencas como el Río Grande de San Miguel, y Guascorán, en La Unión.
En 2021, el MARN asignó 44, 200 dólares para tratar el drenaje ácido de la exmina San Sebastián. Hasta finales de ese año solo ejecutó 13 mil dólares, detalló José Luis, economista de Panorama Económico. En 2022, el ministerio ejecutó solo 30 mil dólares de los 38 mil asignados.
Para el próximo año, Medio Ambiente ha incluido en su presupuesto 100 mil dólares para la construcción de obras de tratamiento de la exmina San Sebastián. En el presupuesto no se detalla el plan, por lo que los ambientalistas urgen conocerlo, pues según sus estudios el drenaje de minas «no es reversible».
«Acá lo que vemos nosotros es una asignación de 100 mil dólares para el próximo año, pero que la historia nos demuestra que en los últimos dos años la asignación no solo es poca, sino que no se ejecuta y además se reorienta para otras actividades», sostiene Edgardo Mira, representante de la Mesa.
Pero el Estado sigue sin volear hacia las otras 14 minas abandonadas, tampoco ha propuesto una reconversión económica para los mineros artesanales activos en el país. En cambio, el Ministerio de Economía mantiene un presupuesto para Hidrocarburos y Minas que en 2023 ascenderá a $4, 543, 418 millones de dólares. Esa partida se encarga de «revisar y actualizar» la Ley de Minería y su Reglamento. Algo que ha hecho en los últimos cinco años, pero que para los ambientalistas es una alerta en la gestión actual que se unió al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible.
En nombre de la MFMM, Vidalina Morales hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo para que garanticen dentro del ejercicio fiscal 2023 un presupuesto acorde a la dimensión de los pasivos ambientales mineros en el país.
