Los orígenes del movimiento ambientalista en El Salvador se remontan a hace 31 años, después de la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992. Un hecho histórico que puso fin a la guerra civil de doce años, que dejó más de 75,000 muertes y personas desaparecidas. Muchos excombatientes guerrilleros encontraron en la defensa de los derechos humanos ambientales una nueva manera de organización desde la paz.
Así ocurrió con las comunidades del departamento de Cabañas, donde surgieron diversas organizaciones ambientalistas, como la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta que nació, en marzo de 1993, para trabajar con la población expatriada que volvió de Honduras después de la guerra, explica la historiadora ambiental Cristina Hernández, quien ha investigado la situación de los defensores ambientales en esa región.
Los exguerrilleros se consolidaron como defensores ambientales al ganar la guerra contra la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold; que pretendía explotar oro y plata de una extensión de 17 kilómetros que abarcaba la mina El Dorado, ubicada al norte de Cabañas, en el municipio de San Isidro. Según estudios, en la zona hay cerca de 1.4 millones de onzas de oro.
Teodoro Antonio Pachecho, director de ADES, tiene una de memoria casi fotográfica del conflicto minero. En una entrevista realizada en junio de 2022, Pacheco cuenta que la oenegé acompañó desde 2004 a las comunidades que denunciaban la exploración de Pacific Rim, entre ellas: San Francisco El Dorado, Potrero Batres, Potrero Cubías, el Jobo, Caleras, Santa Rosa y la Trinidad.
ADES y la comunidad organizada de Santa Marta buscaron el apoyo del hidrólogo y geólogo estadounidense, Robert Morán, para hacer el análisis del estudio de impacto ambiental presentado por la minera. Solo así lograron entender y dimensionar el megaproyecto extractivo de Pacific Rim. “El 8 de octubre de 2005 se hizo la primera conferencia del tema, donde entregamos más de 400 libros a las comunidades y se presentó el estudio al Ejecutivo”, recuerda el director de ADES detenido.
Pacheco es reconocido internacionalmente como uno de los defensores ambientales que vivió todo el conflicto minero de Cabañas, entre 2004 y 2017. Pacheco vio la persecusión que vivieron otros líderes comunitarios, el acoso que sufría el personal de Radio Victoria, así como el asesinato de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera, David Urías; defensores ambientales cuyas muertes quedaron en la impunidad.
En el caso del asesinato de Marcelo Rivera, incluso, la Fiscalía resaltó el cierre de la investigación como un “logro institucional” en su memoria de labores 2010-2011, tras determinar que el ambientalista “tenía un vínculo de amistad y amoroso con un pandillero de la Mara Salvatrucha, que lo llevó a su muerte”. Las investigaciones fueron lideradas por Rodolfo Delgado, exjefe de la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía y actual fiscal general impuesto por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas.
El conflicto por el oro y plata culminó en 2017 con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica: un logro del movimiento ambientalista liderado por ADES.
Cabañas bajo ataque
Seis años después de entrada en vigencia la prohibición de la minería metálica, El Salvador revive la criminalización de los defensores antimineros. En la madrugada del miércoles 11 de enero de 2023, un operativo desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con la captura de Antonio Pachecho, el defensor ambiental; Saúl Agustín Rivas Ortega, asesor legal de ADES. Ambos se encontraban en las oficinas de la asociación en Guacotecti. Esa misma noche, las autoridades capturaron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez; tres líderes comunitarios que formaron parte de la lucha antiminera en Cabañas.
En el operativo, las autoridades también capturaron al excomandante guerrillero Fidel Recinos Alas, originario del municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. De acuerdo con la Fiscalía, el 22 de agosto de 1989, los detenidos participaron en el secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, habitante de Santa Marta.
Por este crimen, también fueron acusados Victor González Rodríguez, fallecido el 23 de febrero de 2003, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, éste último reside en Estados Unidos. Haciendo un total de nueve imputados, según información detallada en el requerimiento fiscal, al cual MalaYerba tuvo acceso antes de la audiencia inicial.
Este 19 de enero, durante la instalación de la audiencia inicial en el Centro Judicial Isidro Menéndez, San Salvador, se movió el rumor que el caso tenía reserva; de hecho, la prensa no pudo entrar a la sala de audiencias. El abogado de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, Denis Muñoz, confirmó que “no hay una reserva por escrito” y que todo ha sido un “rumor”.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía inició el caso en contra de los nueve imputados en abril de 2022, a raíz de una denuncia recibida; estableciendo los delitos de privación de libertad, asesinato y asociaciones ilícitas tipificados bajo el Código Penal derogado de 1973, y el Código Procesal Penal vigente desde 2011. Los delitos no prescriben al considerarse de “lesa humanidad y crímenes de guerra” ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño, detalla el requerimiento fiscal.
Entre las pruebas que plantea Fiscalía en el requerimiento, están las partidas de nacimiento de familiares de la víctima, que demuestran “la existencia legal de María Inés Alvarenga Leiva”. También, la certificación emitida por la Procuraduría General de la República en la que se estableció por “sentencia definitiva subsidiariamente” el fallecimiento de la víctima.
El abogado Muñoz señala que la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para sustentar la acusación. “No existe la autopsia del cadáver para acreditar jurídicamente el asesinato”, por lo que calificó de “precipitada, por no decir arbitraria” la detención.
Pese a la falta de pruebas por parte de la Fiscalía, la jueza de Paz del municipio de Victoria, en Cabañas, decretó detención provisional para los seis detenidos, incluyendo a los cinco líderes comunitarios; mantuvo la orden de captura para los dos reos ausentes; y dio sobreseimiento definitivo para la persona fallecida. La Fiscalía tiene seis meses para realizar la investigación, mientras que la defensa de los líderes comunitarios apelará la resolución.
El fantasma minero
Durante el último año, el fantasma de la minería metálica ha rondado en las conferencias de prensa de los movimientos ambientalistas, que denuncian que el Estado está creando el escenario para revertir la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. El defensor ambiental, Antonio Pacheco, capturado el 11 de enero, alertó sobre algunos patrones que indican la presencia de la industria minera en Cabañas, denuncian.
Luis Parada, abogado que ganó el caso en contra de Pacific Rim, señala que Pachecho ha denunciado una serie de patrones, como «la compra de terrenos» en la zona de interés para los mineros; que indican que la industria está incidiendo nuevamente en Cabañas.
Para Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, la detención de los líderes comunitarios es un proceso “amañado” que busca “callar esas voces que han venido manifestándose contra las injusticias, contra el desarrollo de proyectos extractivistas”, dijo Morales a MalaYerba a las afueras del Centro Judicial, donde la comunidad Santa Marta y ADES esperaban la libertad de sus líderes.
Leo Rivas, líder de Santa Marta, dice tajantemente que las detenciones “no son una búsqueda de justicia por un caso ocurrido durante la guerra”. Él asegura que lo ocurrido el 11 de enero busca “frenar la resistencia antiminera”.
Las banderas rojas que alertan a los ambientalistas son una serie de acciones efectuadas desde el Ejecutivo: la integración de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés); la creación de una nueva dirección de energía, minas e hidrocarburos, la firma de un Tratado de Libre Comercio con China, además del retroceso en la legislación ambiental salvadoreña.
Otro factor que considera el movimiento ambiental es el fracaso del bitcoin, promovido por la gestión del presidente Nayib Bukele. “El gobierno salvadoreño está bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos. Según los informes, el gobierno está considerando revocar la prohibición de la minería y permitir la minería destructiva para el medio ambiente”, denunciaron en un comunicado el 20 de enero, 250 organizaciones de 29 países que se han solidarizado con los cinco detenidos de Cabañas.
Las organizaciones piden al gobierno salvadoreño que “retire los cargos contra los defensores del agua detenidos el 11 de enero”, así detalla el comunicado firmado, entre otras organizaciones, por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) con sede en Washington; el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES); y los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador.
