El 2023 no pinta bien para la zona de recarga hídrica Valle El Ángel, una de las más importantes para el acuífero de San Salvador. Por más de cinco años, el movimiento ambiental ha denunciado las presiones que sufre el lugar con cada construcción que permite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Actualmente, en el valle se construyen dos ciudades: Valle Dulce, de la familia Dueñas; Paseo del Prado, de la familia Poma. También, se edifican dos grandes iglesias: el Centro Ceremonial Nuestra Señora de Fátima, de Los Heraldos del Evangelio; y el Centro de Servicios y Convenciones, de la Iglesia Elim. A esas presiones, ahora se suma el Gobierno de Nayib Bukele con la construcción del paso a desnivel Integración, explotando tierras que el ministerio del ambiente ha zonificado de “máxima conservación”.
La construcción empezó el 20 de julio de 2022, cuando el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, puso la primera piedra para el paso a desnivel Integración, conformado por dos puentes: uno de 648.09 metros de longitud que conecta a Apopa con San Salvador, y otro de 40.38 metros de extensión que servirá para la carga vehícular que viene de Quezaltepeque y Nejapa hacia el bulevar Constitución. La inversión del Gobierno es de 39 millones de dólares, según detalló el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Este proyecto del Fondo de Conservación Vial es parte del Plan Maestro Movilidad. Y no requirió estudio de impacto ambiental, pues el MARN lo calificó de «leve impacto». Para su ejecución, el Gobierno asignó la licitación por 38 millones 885 mil 501.50 de dólares a la Constructora Meco, S.A., con sede en El Salvador.
La empresa de origen costarricense incluyó en la construcción del paso a desnivel Integración, la destrucción de la recarga hídrica del río Chacalapa que está en la finca Apachulco, en el municipio de Apopa. Según la zonificación ambiental de la región noroccidental de San Salvador, los usos de esta loma, que las comunidades conocen como “el bordo de la entrada al río Chacalapa”, deberían de ser para restauración, aprovechamiento y máxima protección.
La gestión de Fernando López en el MARN ha ignorado las zonificaciones ambientales que ordenan el territorio desde 2013. La del cerrito de Chacalapa no es la excepción. El 18 de enero, el director general de Evaluación y Cumplimiento, Carlos Andrés Schonenberg Llach, firmó el permiso ambiental para la extracción de 22,000 metros cúbicos de tierra —iguales a 22 millones de litros— que servirán para la construcción del paso a desnivel Integración. La compensación ambiental impuesta a Meco por la explotación a cielo abierto del terreno fue de $1,359. 65 dólares.
“Nos van a joder”
El río Chacalapa es de las pocas fuentes de agua de la subcuenca río Acelhuate que se mantienen limpias, al menos en su nacimiento. De Chacalapa se abastecen 23 comunidades y siete mil personas, dice Elías Rosales, uno de los 1,300 usuarios del sistema de agua comunitario ARA, del cantón Joya Galana. “Acabándose este bordo, destapan la vena de agua”, grita Rosales a los pobladores y medios de comunicación reunidos frente al cerrito este 26 de enero.
La defensora ambiental y presidenta de la junta de agua Ara Joya Galana, Johana Mejía, contó a la MalaYerba que el jueves 19 de enero llegó la empresa Meco con maquinaria pesada a destruir el borde. Ese día, las comunidades lograron detener la extracción de tierra porque los representantes de la empresa no portaban el permiso ambiental —firmado el 18 de enero, pero subido al sitio web del MARN hasta el 26 de enero –.
“La unidad ambiental de la alcaldía de Apopa dijo que esas máquinas tenían que estar guardadas”, cuenta Mejía.
La extracción de tierra se reinició el 25 de enero. Con los trabajos también se vino la resistencia de las comunidades. Solo que está vez, dijo Mejía, la empresa llamó a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes sentenciaron con que “si no se retiraban se los llevarían presos por asociaciones ilícitas”, dijo la defensora ambiental del Valle El Ángel.
En El Salvador, este año se ha revivido la criminalización de defensores antimineros con la captura de cinco líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas. Desde entonces, organizaciones locales e internacionales están con los ojos puestos en el país centroamericano. Aunque el temor por la criminalización se mantiene presente, las comunidades del cantón Joya Galana saben que “nos van a joder. Si no nos unimos, van a pasar encima de nosotros”, recalca Rosales.
Para representantes del Colectivo Salvemos Valle El Ángel y la Mesa Territorial de la Zona Norte del Foro del Agua, lo que ocurre en Chacalapa es un “pago de favores” que la familia Dueñas le hace al Gobierno. “Mientras el MOP extrae el material térreo que utiliza en la construcción del paso a desnivel, la familia Dueñas garantiza el adecuamiento del terreno para la construcción de su proyecto urbanístico”, dijo Judith Barrera, vocera de las organizaciones.
Óscar González, de la Red de Investigadores Ambientales (REDIA), considera que el caso de Chacalapa no debe verse de manera aislada, sino en conjunto en todo el Valle El Ángel. “Cuando uno revisa todo el panorama, ve un cambio total de una zona que es de importancia hídrica, que tendrá impacto en el Gran San Salvador”, agrega González.
Meco
La Fiscalía de Costa Rica investiga a la Constructora Meco, S.A. por evasión fiscal en el caso “cochinilla”. En otro caso conocido como “diamante”, la fiscalía tica encontró la presunta red de delincuencia organizada que daba “ventajas indebidas” a Meco. En este caso detuvieron a funcionarios públicos, alcaldes y empleados de Meco, incluido el presidente de la empresa Carlos Cerdas Araya.
Cerdas Araya recuperó su libertad en septiembre de 2022, pero con restricciones para salir de Costa Rica. El caso sigue en investigación.
Según el especial web Tras los pasos de Meco, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Meco apareció en los Panama Papers de 2016 con una serie de empresas offshore en Islas Vírgenes Británicas.
La empresa costarricense con oficinas en cinco países, además, ha ganado 224 millones de dólares en proyectos del gobierno del dictador Daniel Ortega.
En El Salvador, Meco ha obtenido contratos que suman 74,9 millones de dólares. Una de las obras más representativas ha sido la ampliación de la carretera del Puerto de La Libertad. Y actualmente ha ganado la licitación de 38 millones de dólares para el mejoramiento del redondel Integración.
