De acuerdo con el coordinador de país del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, el tema ambiental “no es prioridad” para el actual gobierno salvadoreño. Así concluyó el economista en la presentación de un estudio del ICEFI que señala que la “aparente mejora” en las cuentas fiscales del gobierno salvadoreño es a costa de recortes en áreas claves para el bienestar de la población.
Según el estudio, en 2023 el presupuesto asignado para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) subió de $13 a $19 millones, en comparación con la cantidad asignada en 2022. Sin embargo, Castaneda explicó que, dado que el MARN tiene un historial bajo de presupuesto ejecutado, el aumento en sí no es significativo. “Si uno hace una revisión histórica de los recursos asignados al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que podemos encontrar es que no ha sido una prioridad”, señala Castaneda.
El ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la segunda asignación presupuestaria más baja del Órgano Ejecutivo para 2023, superado solamente por el ramo de Trabajo y Previsión Social con $18.9 millones. Sin embargo, las diferencias presupuestarias son abismales al comparar a Medio Ambiente con el ramo de Seguridad y Justicia, cuya asignación supera 30 veces el presupuesto del MARN con $587.5 millones; mientras que el fondo para Obras Públicas con $413 millones, es 22 veces superior.
Al bajo presupuesto de Medio Ambiente, se le suma que “la mayor parte de recursos incluso se han establecido para la aprobación de cualquier tipo de licencia, pero no para las funciones principales que debería de tener un ministerio, sobre todo en un país tan vulnerable como lo es el nuestro”, dijo Castaneda.
Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó que, aunque los montos asignados al MARN sean adecuados en papel, en la práctica no siempre responden a las necesidades ambientales de El Salvador. “Mucho de lo que se debería hacer no se termina haciendo”, dijo. Y luego, ejemplificó: “se han destinado fondos para el saneamiento de minas abandonadas en el pasado, y a la hora de ejecutar, no se han hecho”.
Para González, el mayor de los déficits en la asignación de presupuesto ambiental es la conservación y protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Además, señaló que Medio Ambiente “ve como un logro dar mil permisos ambientales al año, como si su función fuera únicamente esta”. La función del MARN, dijo González, es proteger los ecosistemas salvadoreños y no emitir solo permisos ambientales.
La UNES reportó quejas de comunidades sobre denuncias ambientales que jamás tuvieron una resolución condenatoria, de acuerdo con González. Esto, explicó el ambientalista, es una de las principales falencias dentro de la asignación de presupuesto y acciones de ejecución del mismo. “Hay muy poca acción por parte del ministerio para resolver este tipo de hechos por falta de capacidad financiera y técnica”, dijo.
Hasta septiembre de 2022, el MARN recibió 95 denuncias ambientales. De esas, 34 eran por construcciones y actividades en zonas frágiles.
Vulnerables y opacos
El economista de ICEFI recomendó, entre otras acciones, “reducir la discrecionalidad en el uso de recursos FOPROMID”. Este, que por sus siglas significa Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, es un mecanismo que el gobierno salvadoreño puede utilizar cuando la Asamblea Legislativa declara estados de emergencia por desastres que ha sido criticado por su uso “discrecional y opaco”.
La asignación inicial en 2023 para FOPROMID fue, de acuerdo con ICEFI, de $4 millones, pero solo en enero se ejecutaron $24 millones. A este manejo no le aplica el marco legal para las compras y contrataciones del Estado. Además, permite hacer transferencias entre instituciones sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
Entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, el gobierno de Nayib Bukele tuvo a su disposición más de $1,400 millones en concepto de la emergencia sanitaria por covid-19. FOPROMID acaparó $1.1 millones de este total.
Castaneda señaló también que este tipo de fondos es importante en un país con alta vulnerabilidad como El Salvador. Sin embargo, “por los problemas de opacidad, este puede ser un mecanismo utilizado para evitar rendir cuentas”, dijo. Por esta razón, ICEFI recomendó la evaluación del uso de este fondo.
El presupuesto del MARN para la prevención y reducción de riesgos se ha reducido en los últimos años. En 2021 destinaron $500 mil, mientras que, en 2022, $254,230. Esto representó una reducción casi del 50%. Para 2023, la asignación es de $197,725.
De los $19 millones asignados para este año, el MARN ha ejecutado, hasta febrero de 2023, $2.6 millones, de acuerdo con el informe “Aspectos principales de la Ejecución Presupuestaria de Gastos a febrero de 2023” del Ministerio de Hacienda. El documento no expone los destinos específicos de estos $2.6 millones.
