El 30 de noviembre, unas 11 horas antes de la sesión plenaria donde la Asamblea Legislativa —dominada por el partido Nuevas Ideas— otorgó el rumbo de El Salvador por los próximos seis meses a la cabeza de la Dirección de Obras Municipales (DOM): Claudia Juana Rodríguez de Guevara; defensores de derechos humanos reclamaban por la construcción inconsulta de una planta de tratamiento de aguas negras, que esa dirección realiza en el cantón en El Mozote, Morazán.
La construcción es “ilegal” decía Tutela Legal María Julia Hernández y la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES). Y si bien es cierto que el 2 de julio la obra no tenía permiso ambiental, cuando la ministra de Desarrollo Local María Ofelia Navarrete, conocida como María Chichilco, ponía la primera piedra del proyecto. Para el 7 de noviembre, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, se había encargado de que la planta fuera legal y no tuviera trabas administrativas.
Esta es la segunda vez que la MalaYerba registra cómo el Ministerio de Medio Ambiente es manipulado por instituciones con poder dentro de la gestión Bukele para modificar resoluciones apegadas a la legislación ambiental y flexibilizar la construcción de obras estatales. La primera vez ocurrió con el Aeropuerto del Pacífico, cuando el ministerio resolvió que era “inviable ambientalmente”, para luego calificarlo de alto impacto y ordenar un estudio de impacto ambiental. Esta vez, la DOM inconforme con la resolución que le ordenaba la creación de un estudio de impacto ambiental, incluyendo la consulta pública que reclama la comunidad de El Mozote, apeló al ministerio, el cual cedió para que esa planta se construya inconsulta y sin un estudio que asegure el menor impacto en los ecosistemas locales.
La presidenta
La última noche de noviembre, Nayib Bukele dejó la Presidencia de El Salvador para iniciar la campaña electoral rumbo a las elecciones 2024. En las que postuló su reelección a pesar de ser inconstitucional. Su lugar y funciones —como lo aprobó ese 30 de noviembre la Asamblea Legislativa con 67 votos— quedaron en manos de una mujer fiel a la familia Bukele: Claudia Juana Rodríguez de Guevara.
Ella, además de ser la Secretaria de la Presidencia, es presidenta de la junta directiva de la Dirección de Obras Municipales (DOM). La institución creada en la gestión Bukele para privar a las municipalidades de fondos del Estado y centralizar el desarrollo local. Entre diciembre 2021 y marzo 2023, bajo la dirección de Rodríguez de Guevara, la DOM otorgó 500 contrataciones públicas a 127 empresas, lo que equivale a unos 335.5 millones de dólares: favoreciendo a funcionarios de Estado, afiliados al partido Nuevas Ideas, empresas sancionadas o sin experiencia, entre otras, según revela FOCOS en su investigación la fiesta de la DOM.
La ahora presidenta de El Salvador, también, aparece como representante legal de la DOM en dos de las tres resoluciones de la planta de aguas negras de El Mozote analizadas por la MalaYerba y un grupo de evaluadores ambientales independientes.
La “cagada” del MARN
El ministerio de Medio Ambiente recibió la solicitud del permiso ambiental para la planta de El Mozote el 2 de febrero. Luego de que la DOM resolviera una serie de observaciones, finalmente, el gerente de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, Carlos Schonenberg Llach firmó los términos de referencia del estudio de impacto ambiental para la construcción de la planta de El Mozote.
La información que la misma dirección otorgó al ministerio daba cuenta de que la planta de aguas negras ubicada en la Calle al Mozote, frente a la cancha del Club Deportivo SAPRISSA, en el municipio de Meanguera, Morazán, está diseñada para procesar un caudal de 2.37 litros por segundo (l/s), o sea, 204 metros cúbicos diarios. Por lo que el MARN calificó el proyecto de alto impacto ambiental, según lo establecido en las dos normativas que utiliza para categorizar las actividades, obras o proyectos.
La resolución del 26 de septiembre establecía los lineamientos para el estudio de impacto ambiental que debía realizar la DOM en un tiempo máximo de un año. El MARN ordenaba la presentación del juego de planos, factibilidades de la alcaldía, ministerio de cultura, entre otras instituciones; así como un certificado de no afectación de un pozo, que la administración pública de agua debía emitir. El ministerio pedía, además, medidas de compensación ambiental. Es decir, todos los requisitos que un proyecto de esta envergadura requiere.
El 29 de septiembre, sin embargo, el subdirector ejecutivo ad honorem de la DOM, José Ricardo Zepeda Salguero, presentó una apelación a la resolución del Ministerio de Medio Ambiente. “Solicito de la forma más respetuosa posible reconsiderar dicho análisis por que el caudal evaluado para esa categoría es el caudal con proyección de 20 años”, detalla una nueva resolución del MARN con fecha del 6 de octubre.
En la apelación, la dirección resaltaba que la cantidad de aguas negras con la que iniciará la planta no es de 204 metros cúbicos diarios, sino de 88.20 metros cúbicos diarios. Eso le bastó al ministro Fernando López para dar lugar a la apelación y ordenar a su administración “dejar sin efecto” la resolución que pedía el estudio de impacto ambiental.
Y así, el 7 de noviembre, la gerencia de Evaluación Ambiental y Cumplimiento del MARN emitió la nueva resolución para la planta de El Mozote. En la que la DOM no tendrá que realizar estudio de impacto ambiental ni la consulta pública que pide la comunidad.
Los especialistas consultados por la MalaYerba mantienen su nombre en anonimato por seguridad. Ellos consideran que esta es una nueva “cagada” del ministerio de Medio Ambiente, pues el estudio de impacto ambiental se solicita en base al “caudal máximo”, no al mínimo que argumenta la DOM en su apelación.
“Todos sabemos que el análisis se hace para el peor de los escenarios, no para el mejor. O sea, ahí lo que operaba era que el ministerio respondiera sin lugar al recurso, porque la evaluación de impacto ambiental es precisamente para los escenarios extremos”, explica uno de los especialistas.
Otro remata: “Allí no cabe duda que alguien habló con alguien para quitarse el estudio de impacto”.
Con la nueva resolución del MARN, además, se elimina la consulta pública que la comunidad pide. “No quieren escuchar a la gente, sobre todo a una población organizada y acostumbrada a luchar, porque le van a decir que no”, sostiene un especialista.
Para los defensores de derechos humanos de Tutela Legal y la UNES, la situación es preocupante porque en la zona hay sospecha de que existen osamentas de unos niños masacrados durante la guerra. Además, en el terreno donde la DOM construye hay fuentes de agua.
“La planta depuradora de agua está muy cerca de fuentes de agua de las comunidades, donde va a haber olores, van a haber emisiones. El río Sapo también está bastante cerca. Pero además, el tema es que han buscado los lugares menos idóneos, habiendo terrenos públicos para hacerlo, escogen terrenos de víctimas de la masacre, que la Dirección de Obras Municipales ha expropiado”, reclama Luis González, abogado de la UNES.
Investigaciones periodísticas revelan cómo la DOM expropió a familiares de víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños ocurrida en 1981.
Por lo que el representante de Tutela Legal, Alejandro González, señala que la construcción se ha hecho en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque violenta el derecho que se establece de los familiares a retornar a la zona y a tener una vivienda digna. Se deben garantizar las condiciones adecuadas para vivir por las personas desplazadas”, sostiene.
El Ejecutivo ha planeado la construcción de la Ciudad Transformada El Mozote, un proyecto que incluye: un cubo, polideportivo, anfiteatro, área de restaurantes y artesanías. “El cubo se está construyendo donde fueron asesinadas todas las niñas de la masacre… Todos estos proyectos vienen a dañar la memoria del Mozote y lugares aledaños”, denuncia Óscar Claros, presidente de la Asociación promotora de derechos humanos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
La organización de los desplazados
La ampliación de la industria inmobiliaria y la ejecución de obras estatales como carreteras y la planta de aguas negras de El Mozote, han generado el desplazamiento, desalojo forzoso y expropiación de comunidades de todo el país. Entre el 2018 y 2021, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) registra 1,726 procesos judiciales que pudieron concluir en desalojos forzosos.
En el contexto masivo de amenaza de desalojos, 20 comunidades se aglutinaron en la Mesa Nacional Contra la Expropiación y Desalojos. La entidad se hizo pública el 1 de diciembre, un día después del nombramiento de Claudia Juana Rodríguez de Guevara como presidenta interina de El Salvador, y la licencia de seis meses para Nayib Bukele y Félix Ulloa para trabajar en su campaña electoral.
“Lo que está pasando ahorita pareciera como un odio a las comunidades campesinas, porque no solo es solo el desalojo de las tierras, es también el abandono en el que tiene el agro, el abandono en el que tiene a las comunidades rurales que ya ni caminos tenemos para transitar”, denuncia Rosa Tobías, líder de la mesa.
Las comunidades saben que el camino se les cierra frente al acoso policial y judicial del régimen de excepción, pero gritan en coro: “Por el derecho a la defensa de la tierra: resistencia y lucha campesina”.
