El 10 de enero de 2023 agentes de la Policía Nacional Civil arrestaron a una mujer, Ana Argentina Ramos de Joma. Ella protestaba frente a la institución en la que era empleada: la Alcaldía de Soyapango, al norte de la capital salvadoreña. Cuando los policías la agarraron, cayó al suelo, y entre lágrimas, con una voz herida, gritó: “Yo no he hecho nada, ¿por qué me hacen esto? No nos han pagado el salario, ya no me dan fiado (crédito) en la tienda”.
Esa alcaldía la ganó Nercy Montano, de Nuevas Ideas, el partido oficialista, quien fue arrestada por el mal uso de los fondos municipales el 28 de diciembre de 2022. Sin embargo, esto no precipitó los pagos pendientes. A los empleados les adeudaban ya tres meses de salario, más bono, más aguinaldo. Y tampoco les habían dado, de acuerdo con el sindicato, materiales para hacer su trabajo, como botas y guantes a quienes se encargan de recoger la basura en este que, con una población estimada de 258 mil habitantes, es uno de los municipios más poblados de El Salvador.
Junto a Ramos, fue capturado Edwin Boanerges Lovo, también sindicalista. Se los llevaron en la misma patrulla, como consta en videos que se viralizaron. Al filo de la media noche, los agentes también capturaron a Ovidio Hernández, directivo del sindicato, quien se encontraba -cuenta- en una casa a pocos metros de la municipalidad haciendo gestiones por teléfono para conseguir ayuda legal para sus compañeros.
A esa hora y a casi 100 kilómetros de distancia de Soyapango, ya estaba en marcha otro operativo. Un grupo de patrullas serpenteó en la oscuridad por caminos montañosos de curvas pronunciadas y cuestas resbaladizas. Llegaron a la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, Cabañas, en la zona central del país casi fronteriza con Honduras, pasadas las dos de la madrugada. Ahí, también hubo videos y capturas.
En esta comunidad, la gente cuenta que no suele desvelarse porque la mayoría trabaja en la agricultura y a las cuatro de la madrugada muchos ya están entre los cultivos. Por su alto nivel de organización, cooperación internacional y gestiones que comenzaron hace 30 años, en esta zona hay huertos comunitarios, sistemas de riego y casas comunales en donde se brinda formación en liderazgo feminista, cocina o artesanías. Tienen, también, un sistema de radio comunitaria. Gracias a esta, aquella madrugada en que la policía irrumpió en el poblado rural, los vecinos se juntaron en cosa de minutos.
“Fue mi mamá la que llamó a la radio para que dieran el aviso. La gente se reunió en la plaza, pero ya solo logramos detener el carro que se llevaba a mi papá, a los demás ya los habían sacado”, recuerda Jessica, hija de Alejandro Laínez. Con él se llevaron también a Miguel Gámez y a Pedro Rivas Laínez, quienes en la comunidad son los que gestionan fondos para proyectos lo mismo que empujan carretas con material para construir casas comunales o huertos cuando el proyecto lo requiere. Los habitantes de Santa Marta se colocaron en la plaza central para no dejar pasar a las patrullas sin antes exigirles, con megáfono, información de por qué el operativo y también que se respetaran los derechos y la integridad de los líderes de la comunidad detenidos que, para ese momento, pensaban que eran tres.
Pero, casi de manera simultánea, Antonio Pacheco y Saúl Rivas, líderes fundadores y gestores de luchas antimineras de esta comunidad, estaban siendo arrestados en las oficinas de la Asociación de Desarrollo (ADES) Santa Marta, figura jurídica que respalda a esta comunidad organizada. Estas están ubicadas a unos 14 kilómetros en el municipio de Guacotecti, San Isidro, en donde solían quedarse a dormir cuando tenían que realizar diligencias temprano, ya que están más cerca de la carretera principal de la zona.
En una jornada de menos de 10 horas, dos de las instituciones controladas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, Policía y Fiscalía, destinaron recursos para capturar a ciudadanos que ejercen incidencia en sus respectivos colectivos y que denuncian atropellos a derechos laborales y humanos.
La situación no es aislada, aunque esta vez trascendió en publicaciones de videos en redes sociales. La Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares (Unitrasal) ha denunciado, por ejemplo, las capturas sin investigación de “16 integrantes de organizaciones sindicales, ocho adolescentes residentes del área del Bajo Lempa (zona costera), tres miembros de la comunidad indígena de Nahuizalco (área occidental del país) y 35 mujeres defensoras de derechos humanos (en diferentes lugares)”, esto de acuerdo con un informe que resume cómo han sido los cuatro años del gobierno de Bukele para la situación laboral y sindical.
Esta investigación de CONNECTAS muestra cómo el Gobierno de Bukele ha limitado la participación ciudadana. La estrategia es similar a las ya aplicadas en contextos autoritarios: la estigmatización por su trabajo, amenazas, detenciones, negación de información oficial y una vigilancia fiscal que, de acuerdo con expertos, buscan su asfixia económica.
Desde que Bukele asumió la presidencia, se ha ido desmantelando por diferentes vías el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahora hay muy pocas posibilidades de obtener datos que permitan dimensionar el acoso a las voces disidentes y la criminalización de la protesta. Para esta investigación se solicitó información y una entrevista sobre detenciones a la Fiscalía General de la República, pero respondió que la información desagregada no ha sido creada y que el fiscal no estaba en posición de dar declaraciones al respecto. También se solicitó una entrevista al departamento de comunicaciones de presidencia y al secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria, pero no hubo respuesta.
“El presidente de la república ha emitido órdenes para perseguir, capturar y encarcelar ilegalmente a integrantes activos de sindicatos públicos, de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos, bajo la acusación de agrupaciones ilícitas”, sostiene Unitrasal en su informe hecho público en junio de 2023.
A los sindicalistas que protestaban por el impago de salarios, prestaciones y entrega de material para laborar, los acusaron de agrupaciones ilícitas y desórdenes públicos. Los tres fueron liberados tras pasar 16 días en cárceles en las que estuvieron sin posibilidad de ver a sus familias o a sus abogados. Pero los cargos no les han sido retirados.
“En un espacio de cuatro metros y medio llegué a contar que estuvimos 42 personas encarceladas”, recuerda Ovidio Hernández sobre este sistema carcelario que terminó de colapsar a partir del 27 de marzo de 2022, cuando entró en vigencia el primer plazo de 30 días del régimen de excepción. “Me puedo estar muriendo de hambre, porque no me pagan mi salario, pero no puedo protestar, porque me van a meter preso”, agrega Hernández.
Aunque el régimen de excepción faculta a los cuerpos de seguridad a ejecutar arrestos de manera más expedita, no es un aval, de acuerdo con Abraham Ábrego, de Cristosal, institución que defiende derechos humanos, para capturar sin investigación, violar la morada, negar información a familiares o prohibir del todo el acceso a auxilio legal. Y, sin embargo, sucede, como lo recoge el informe situacional de la misma Cristosal publicado en mayo de 2023. En los 16 meses que lleva vigente la medida, más de 70 mil personas han sido detenidas.
Para el caso específico de las organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró, para 2022, 328 agresiones que corresponden a 264 casos cometidos contra líderes sociales y periodistas, entre ellos: amenazas o ultimátum, detenciones arbitrarias o ilegales, ataques digitales, vigilancia y hackeo de cuentas o redes sociales. Las agresiones han tenido lugar en nueve de los 14 departamentos del país. Se cuentan como tipos de agresiones porque una misma persona ha podido ser víctima de varios. Los datos provienen de las denuncias públicas en medios, 82 casos, y del monitoreo que hace la Asociación de Periodistas de El Salvador, 182 casos.
“Una de las conclusiones del informe es que vemos que la criminalización a los defensores y defensoras no solo crece con el régimen de excepción, también se normaliza”, señala Gabriela Colocho, una de las involucradas en realizar este análisis de 264 casos en la Mesa.
Acerca de la fuente de los ataques, en los que la mayoría son de violación al derecho a la imagen, el informe de la Mesa señala que en un 38.5% el perpetrador ha sido “funcionario o empleado público”. Y se suma un 17.03% que se clasifica como perteneciente a las fuerzas de seguridad pública para hacer un total acumulado de más del 55% que corresponden a “agresiones cometidas por parte del Estado salvadoreño”.
“Las organizaciones aportan contrapesos a la versión oficial y esto no es un problema en un sistema democrático. Pero sí representa conflicto en un Estado antidemocrático, por eso han sido declaradas enemigas y puestas al nivel de criminales”, explica Colocho.
Mil maneras de silenciar
Como parte de esta investigación realizada para CONNECTAS, se hizo un sondeo sobre las libertades y obstáculos a una muestra de representantes de 26 organizaciones, entre ellas: sindicatos, ONG con personería jurídica, asociaciones que trabajan sin el reconocimiento de entidades gubernamentales, instituciones que velan por el acceso a la información, asociaciones de desarrollo comunal y económico y gremios de profesionales, entre otros que trabajan en el marco de la incidencia colectiva.
Ocho de los consultados declinaron responder por temor a represalias dado su papel como intermediarios en procesos con gobiernos municipales o con el central. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, explicó que no se han sentido acosados, pero que sí confirman los ataques a otras instituciones que denuncian violaciones a derechos humanos.
Para las restantes 18 de esta muestra, el factor común es el cierre de espacios y la dificultad cada vez mayor para ejercer. “Para el caso salvadoreño, se puede hablar de criminalización de la organización, que es un paso necesario para construir participación”, señaló en este sondeo José Luis Magaña, coordinador de investigación e incidencia de Panorama Económico.
Los representantes de 15 de estas organizaciones consultadas vía mensajería instantánea han recibido amenazas de muerte, en algún momento, de emisores no identificados. Además, 15 dieron cuenta de haber recibido amenazas de detención por diferentes medios. Estos dos tipos de agresión han llegado, en la mayoría de casos, por la vía digital.
Desde el lado administrativo, la presión se manifiesta en el retraso en la entrega de credenciales, sin ellas, las directivas no pueden asumir la gestión de, por ejemplo, cuentas bancarias. “Han llegado al extremo de entregarlas ya vencidas”, sostiene Stanley Quinteros, del Sindicato de la Corte Suprema de Justicia.
A esto se suman otras clases de bloqueo como: negación de información y negación de justicia. Uno de los consultados en el sondeo y que pidió anonimato, explicó que “sin la información pública como insumo de trabajo y sin protección ante las olas de insultos de los funcionarios”, prefirió renunciar. “No tenía garantías de seguridad”, señaló.
Y una de las quejas más repetidas en el sondeo es el acoso financiero. De esto se tuvo la primera muestra en noviembre de 2021, cuando siete organizaciones, algunas con más de 30 años de ejercicio, fueron allanadas por la Fiscalía en el marco de lo que las autoridades calificaron como investigación por sospecha del origen de recursos recibidos. Un proceso de cuyo desarrollo no se informó más.
La persecución escaló en 2022, cuando los diputados del partido de Bukele intentaron aprobar una Ley de Agentes Extranjeros, con la que se buscaba obstaculizar la cooperación internacional. El Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro, en su reporte más actual sobre El Salvador, dice que esta propuesta de ley “criminaliza el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y constituye una herramienta gubernamental para el ahogamiento financiero del sector”. Debido a la presión de instituciones nacionales y de la comunidad internacional, la propuesta de ley no fue aprobada.
Pero el intento de control no quedó ahí. En julio de 2023 entró en vigencia el Instructivo de Prevención de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República. Este impone a todo tipo de empresa y organización reconocida obligaciones que, en algunos casos, son de difícil cumplimiento en general, pero más para entidades pequeñas o sin presupuesto como las Asociaciones de Desarrollo Comunitario y Económico.
Entre las nuevas obligaciones está el nombramiento de un oficial de cumplimiento del instructivo que debe estar contratado a tiempo completo y que es adicional a la contaduría interna y a las auditorías externas. Este es un requisito que aplica sin importar si la organización está formada por dos personas o por cientos. “El problema no es el intento por poner orden a empresas y organizaciones, sino que la facilidad con la que se puede aplicar de manera arbitraria en este país en donde no tenemos institucionalidad”, dijo, de forma anónima, uno de los representantes de organizaciones en el sondeo.
En su informe, Unitrasal ha denunciado “el irrespeto al fuero sindical, así como la permanente amenaza a despidos arbitrarios, retención salarial, además de la persecución y criminalización de la organización sindical”. En este contexto, el 20 de julio, no menos de 45 miembros del personal médico del Hospital Rosales, el principal del país, hicieron un paro de labores parcial, sin afectar las áreas de emergencia.
Esta medida se realizó para protestar por el despido de dos doctoras a razón de publicaciones que ellas hicieron en sus redes sociales y que generaron críticas, ya que fueron realizadas en el marco de un partido de fútbol que se saldó con nueve fallecidos. Las dos doctoras publicaron en sus cuentas de Twitter quejas por el aumento de trabajo que generó la estampida en uno de los ingresos del Estadio Cuscatlán el 20 de mayo.
Durante el paro, voceras del movimiento médico reclamaron por la persecución mediática, la difamación y el acoso a las familias de las doctoras, una campaña que, señalaron, ha tenido como figuras a representantes gubernamentales y altos funcionarios del área de salud pública y que ha dejado serias secuelas en las médicas.
El mismo día en que se realizó el paro, a las 11:08 de la noche, el Ministerio de Salud, institución vocera de los hospitales, usó la cuenta de Twitter para hacer pública la postura oficial. En un mismo comunicado anunció la aplicación de la Ley del Servicio Civil contra un médico acusado de mala práctica a una mujer embarazada que falleció y también contra el personal que protestó en el Hospital Rosales en apoyo a las dos doctoras. Un total de 47 médicos internos fueron separados de sus cargos. Por medio de la Oficina de Información se solicitó por escrito una ampliación de la postura del ministerio y del hospital en este caso, pero no hubo respuesta.
“Han agredido gremios poco a poco, a todos. Desarticularon a los jueces, a los abogados; fueron contra los periodistas, que todo periódico que no era de ellos era periódico que fuera enemigo del Gobierno, y el gremio médico ha estado ahí, entonces, ahora, nos atacan”, dijo Roberto Montoya, presidente del Colegio Médico, a Revista Elementos.
Desde una perspectiva general de las situaciones registradas en El Salvador, Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, advierte: “En el control político que caracteriza a un gobierno autoritario está limitar el ejercicio de la asociación y de todo lo que considere que pueda generar oposición; en este caso, cualquier activista, ya sea ambiental, sindical, gremial o comunitario que promueva o incite la organización de la población, va a ser inmediatamente blanco de ataque del Gobierno”.
Quiénes son y por qué los persiguen
A diferencia de los tres sindicalistas detenidos en la jornada del 10 y 11 de enero, los cinco líderes sociales de Santa Marta siguen encarcelados. No se les ha permitido ver a su familia desde el 16 de enero. Tampoco han podido tener acercamiento con el abogado que los representa, Denis Muñoz. Y no han sido escuchadas sus solicitudes para recibir atención médica por sus enfermedades crónicas. El proceso legal ha sido cambiado de sede judicial, entre otros eventos que han retrasado las diligencias. El caso, además, está bajo una reserva que solicitó la Fiscalía; quiere decir que no puede circular información específica relacionada con el mismo.
Aún así, se mantiene una campaña por la liberación de ellos que ya ha registrado actividades en más de 10 países y que tiene el respaldo de organizaciones civiles, institutos regionales y hasta de funcionarios de gobiernos como el de Estados Unidos.
“Dos de los cinco son dirigentes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social del Santa Marta, en el norte de El Salvador, la cual ha colaborado con comunidades en los Estados Unidos para construir sistemas de agua, difundir la agricultura orgánica y abordar la violencia en sus comunidades”, dice el documento que fue publicado originalmente en inglés el 18 de julio de 2023. Y destaca: “Sus esfuerzos para proteger las cuencas hidrográficas de El Salvador ganaron el reconocimiento del prestigioso premio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos Letelier-Moffitt en 2009”.
Los anteriores son fragmentos de la carta firmada por 17 representantes del Congreso de Estados Unidos en la que se dirigen al secretario de Estado, Antony Blinken, y le señalan que es necesario interceder por la liberación de los ambientalistas. Y antes, en mayo, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, había publicado otra carta de apoyo a los activistas de Santa Marta en la que señaló “grave preocupación por el presunto uso indebido del derecho penal contra los defensores de los derechos humanos, así como su detención provisional y las presuntas restricciones en sus comunicaciones con sus familiares y su equipo legal”.
La fiscalía salvadoreña argumenta que la detención de los líderes de Santa Marta se relaciona con la investigación del asesinato de una mujer cometido en 1989, durante la guerra. El 14 de julio, cuatro días antes de la publicación de la carta de los congresistas, el fiscal general, Rodolfo Delgado habló del caso Santa Marta durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que no están procesados por ser “defensores del agua”, sino que por una violación a los derechos humanos que cometieron “en su juventud, cuando eran miembros de una organización guerrillera”. No explicó por qué no se les permite ver a su abogado ni a su familia.
Los congresistas así como la relatora de Naciones Unidas argumentan su apoyo a los ambientalistas en que Santa Marta es una de las comunidades organizadas que más ha defendido el territorio de la instalación de la minería metálica. Santa Marta tiene casi toda su historia ligada a esto.
En El Salvador, la ley que prohíbe la minería metálica se aprobó en 2017. Esto significó un respiro para esta comunidad fundada tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. Esta tregua, sin embargo, solo llegó después de sufrir una década de persecución, violencia y sicariato en la que fueron asesinadas tres personas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, embarazada de ocho meses. Ellos fueron los primeros mártires de la comunidad, con sus nombres han sido bautizados huertos comunitarios, foros y otros proyectos que en estos años han desarrollado los habitantes en defensa de su territorio que es también su medio de vida, ya que la principal ocupación de los cinco detenidos y de la comunidad es la agricultura.
Aunque hubo condenas por esos asesinatos, no se investigó a los autores intelectuales. El fiscal a cargo de estas investigaciones fue, precisamente, el actual fiscal general Rodolfo Delgado, a quien los diputados del partido de Bukele nombraron el 1 de mayo de 2021 tras destituir a Raúl Melara, ambas acciones ejecutadas sin cumplir con el proceso de ley que incluye transparentar la revisión y evaluación de perfiles.
Hace mucho, allá por febrero de 2010, también se escribían cartas públicas para exigir justicia por Santa Marta, en una de esas, más de 140 organizaciones exigieron a la Fiscalía y al entonces presidente de la república, Mauricio Funes, más investigación para esclarecer los asesinatos de Rivera, Rivera y Sorto. Emily Carpenter, que era Directora Nacional de Ciudades Hermanas de El Salvador y Estados Unidos, describió en esa ocasión al fiscal Delgado, como “incapaz de abogar por los derechos de las víctimas”.
A 13 años de aquello, en la carta de los congresistas también se evalúa el papel de Delgado ya no como fiscal de un solo caso, sino que como fiscal General de la República. Señalan que hay muy poca información que relacione a los defensores del agua con el crimen del que se les acusa. “Tenemos preocupaciones significativas con respecto al manejo por parte del Fiscal General salvadoreño de su caso”, se lee en el documento.
Un día antes de las detenciones de los cinco ambientalistas, en Santa Marta se estaban preparando para hacer una manifestación grande para denunciar una serie de eventos, entre ellos la inclusión del país en el Foro Intergubernamental sobre minería (2021) y la asignación de cuatro millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la explotación minera (2023), que, de acuerdo con los ambientalistas, revelan la intención del gobierno de Bukele por dejar sin efecto la ley. “Estábamos ya viendo cómo estaban puestas todas las señales de que eso es lo que buscan, por eso íbamos a levantar alertas”, cuenta Vidalina Morales, una de las lideresas de la zona. “Pero ya no pudimos”, remata.
Morales no ha sido detenida, pero el 18 de mayo la policía capturó a su hijo, Miguel Gámez Morales, de 33 años de edad, en el marco del régimen de excepción. Tras una intensa campaña nacional e internacional, el joven fue puesto en libertad el 19 de mayo. Desde entonces, y hasta el cierre editorial de esta historia, Santa Marta ha sido sede de operativos de militarización en los que decenas de soldados y policías han invadido el territorio.
Los 111 del Bajo Lempa
El 1 de mayo de 2023, la policía detuvo cinco buses en los que viajaban habitantes de diferentes organizaciones que tienen sede en las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa. Se dirigían a la capital para participar en la marcha conmemorativa del Día del Trabajo. Venían con carteles de “Liberen a los 111” y otros con los rostros de jóvenes y la leyenda de “inocente”.
Los agentes que detuvieron al grupo argumentaron que no podían participar de la actividad sin pertenecer a un sindicato, como quedó reflejado en un video compartido el día del altercado. La convocatoria, no obstante, era autoconvocada. Esta es una precaución que las organizaciones toman desde que está instalado el régimen de excepción para evitar la posibilidad de que se individualicen responsabilidades, de acuerdo con uno de los participantes que prefirió el anonimato. Cada organización se involucra sin invitación, sin requisitos. Entre las personas a las que los agentes impidieron el paso había, sobre todo, mujeres y hombres de la tercera edad.
Civicus, una alianza internacional dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo, le da a El Salvador una nota de 47 sobre 100. Con esto lo declara como un país con un ambiente “obstruido”. Entre los factores que toma en cuenta esta medición están el derecho a la protesta, la intimidación estatal, la censura y la creación de leyes restrictivas.
A esta postura suma otro informe de Artículo 19, organización independiente que promueve los derechos de libertades de expresión y acceso a la información, en el que se analiza a la región centroamericana: “El abanico de agresiones va cobrando formas que responden al grado de autoritarismo y simulación que requiere cada gobierno nacional para sostenerse en el poder y crear su propia narrativa autojustificatoria. En Guatemala y El Salvador la captura progresiva del poder judicial y legislativo es un elemento clave del modelo autoritario”.
Los artículos de la Constitución de la República que garantizan la reunión y asociación son el 6 y el 7. Esta vulneración al derecho de las personas representantes de diferentes organizaciones comunitarias del Bajo Lempa a manifestarse ha sido solo el corolario de un año completo de violaciones sistemáticas que ha sufrido estas comunidades que se han caracterizado por formar parte de organizaciones en torno a ideales de izquierda, como las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Esta zona ha sido blanco de constantes operativos en el marco de la guerra contra las pandillas.
Ahí no ha habido un movimiento de alto impacto, como en el caso de Santa Marta, sino que varios silenciosos, como señala Abraham Ábrego, de la institución defensora de derechos humanos Cristosal. En cada arremetida, se han llevado a las personas de a poco. Solo el Informe Anual 2022 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos da cuenta de 300 detenciones en estas comunidades organizadas del Bajo Lempa. Para 111 de estos casos, se han interpuesto recursos de habeas corpus, porque, por medio de documentos y otras evidencias, se busca demostrar que han sido detenciones arbitrarias.
Como el Bajo Lempa y la misma Santa Marta, está también Nuevo Gualcho que en mayo denunció que un grupo de militares se tomó la casa comunal como residencia. La base de estas comunidades ha sido la repoblación de territorios tras el fin de la guerra. Con base en la organización en Asociaciones de Desarrollo (ADES) han canalizado recursos de la cooperación internacional por décadas y han ejecutado proyectos de acceso a agua potable, agricultura en tierras mancomunadas y de formación en derechos humanos. Principalmente, han hecho avances en la tenencia del territorio, lo que complica posibles desalojos. Ante el régimen de excepción, el miedo se cuela en frases que los habitantes pronuncian bajo anonimato: “Volvimos a los tiempos de antes, pero peor”.
“La principal acción de amenaza contra la activa participación de los ciudadanos es el miedo a ser encarcelado arbitraria e injustamente por el régimen de excepción o cualquier acusación, aunque sea falsa. Básicamente, estamos a merced de los deseos de venganza personal del presidente y de sus allegados”, señala sobre la situación en general de las organizaciones, Edith Anaya, del Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya”.
A Edith, todo esto le suena conocido. Tenía cuatro años de edad cuando su padre, Herberth, fue detenido, secuestrado y torturado en varias ocasiones. Su labor como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y su constante denuncia lo pusieron en el blanco de los ataques del régimen autoritario que, en aquel entonces, hace más de 30 años, gobernaba El Salvador. El 26 de octubre de 1987, Herberth fue asesinado en una colonia del municipio metropolitano de Mejicanos cuando salía de su casa junto a su esposa, llevaban a sus hijos a la escuela.
Edith conserva un audio de su papá. “¿Cuál es la razón fundamental de la persecución contra nosotros?”, se escucha decir a Herberth. “A nosotros el Gobierno nos ha calificado de opositores políticos porque él considera que daña la imagen de su gobierno la denuncia que nosotros realizamos. Pero sí, si el Gobierno salvadoreño no quiere tener una mala imagen ante la comunidad internacional, debe detener toda política de persecución contra los sectores más pobres y humildes de este país”, palabras añejas que también sirven para describir las estrategias con las que el Gobierno de Bukele ha arremetido contra las organizaciones civiles, sociales, sindicales y comunitarias.
