Guillermo Hernández, de 53 años, trabajó durante 10 años en el departamento de fundición de la exfábrica Baterías de El Salvador, mejor conocida como Baterías Record. A 18 años del cierre de la planta de fabricación, fundición y reciclaje de baterías de ácido de plomo en el cantón Sitio del Niño, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro; Hernández es parte de un grupo de exempleados de la Record que resisten a una serie de enfermedades que ellos asocian con su trabajo en la empresa.
Desde hace 10 años, Hernández empezó a sentir dolor en sus articulaciones. Con el tiempo ese dolor se convirtió en una grave deformación de los huesos de sus manos. Él cuenta que ha sido tratado por artritis reumatoidea y lupus. Para Hernández las altas temperaturas y baños fríos “obligatorios” durante su jornada laboral en la explanta de la Record provocaron daños irreversibles en su salud.
Al no contar con asistencia médica, Hernández usa guantes de motociclistas para palear el dolor. Este es uno de los casos de exempleados de la Record que viven con enfermedades que asocian a la contaminación por plomo en el lugar. Según registros de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, al menos, 30 de los extrabajadores de la Record han sido diagnosticados con enfermedades crónicas, y se mantienen sin acceso a una atención de salud digna y aún en espera de justicia integral.
Según Tutela Legal, además, más de 100 habitantes de Sitio del Niño presentan afectaciones de salud. Por lo que, las personas afectadas piden el retiro de la escoria de plomo y los escombros, pues aseguran que siguen contaminando el lugar.
El doctor Rafael Aguirre, secretario general del sindicato del Seguro Social (SIMETRISSS), explica que en el caso de los extrabajadores de la fábrica de baterías se hizo un estudio en 2012, pero debido a la falta de acceso a pruebas especializadas de toxicología no se pudo determinar científicamente que las afectaciones de salud fueran provocadas por la exposición al plomo.
Entre las pruebas a las que no tuvieron acceso los afectados por falta de un laboratorio de toxicología en el sistema público están: estudios de cabello, piel, pulmonares y biopsias renales y de hígado.
Sin embargo, el doctor agrega que la literatura e investigaciones médicas establecen que las personas que están expuestas al plomo por largos periodos desarrollan enfermedades como anemia, insuficiencia renal, cáncer y enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea.
“Lo primero que nosotros podemos ver en la intoxicación por plomo de forma crónica es primero la anemia y la insuficiencia renal, porque son metales pesados e interfieren en las reacciones químicas a nivel de la nefrona, o sea, a nivel de la unidad funcional del riñón”, explica Aguirre.
En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una solicitud presentada por Tutela Legal en favor de los extrabajadores y habitantes del cantón Sitio del Niño.
Tutela Legal alegó violaciones al derecho a la vida, medio ambiente y salud en perjuicio de habitantes del cantón Sitio del Niño y la falta de investigación por parte del Estado salvadoreño tras las denuncias individuales interpuestas por extrabajadores.
La lucha ambiental contra la Record comenzó en 2004 cuando habitantes del cantón Sitio del Niño formaron un comité ambiental y denunciaron la contaminación, lo cual llevó al cierre de la planta en 2007, luego de una investigación realizada por las autoridades de salud con el apoyo del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta.
El estudio reveló que los niveles de plomo en sangre de los niños y niñas residentes de la comunidad y de los extrabajadores eran elevados. Además, encontró que existían niveles de plomo no permisibles en el agua, aire y suelo.
En 2017, al final de un proceso judicial que duró diez años, con diversas denuncias de anomalías, tres exgerentes de la planta fueron condenados por contaminación ambiental culposa, con penas excarcelables.
En un proceso paralelo por el delito de lesiones culposas en niños y niñas residentes del lugar diagnosticados con plombemia, en 2018, los mismos imputados fueron sobreseídos definitivamente, tras un acuerdo de conciliación en el delito de lesiones culposas en niños y niñas residentes del lugar diagnosticados con plombemia. Los imputados pagaron 195 dólares a cada uno de los menores afectados.
Ante la denuncia de Tutela Legal ante la CIDH el Estado salvadoreño alegó que ha actuado con diligencia y proactividad en la atención a las personas afectadas y en la implementación de medidas ambientales preventivas.
La representación del Estado salvadoreño aseguró que en 2022 iniciaron obras de mitigación y reparación de las bodegas de almacenamiento de los elementos contaminantes y que la cantidad de personas contaminadas en la comunidad ha disminuido a 39 casos.
Los habitantes de la zona expresan que hasta el momento no han observado que el material contaminante haya sido retirado del lugar, por lo que mantienen su petición. Dentro de las bodegas abandonadas y vandalizadas aún se observa montones de chatarra, equipos deteriorados y un volcán de escoria.
“Primeramente Dios, que esto llegue a oídos del señor presidente y nos echa la mano con sacar la la escoria”, dice Julia Magaly González, quien reside a menos de un kilómetro de distancia de las bodegas abandonadas.
Tres jóvenes, afectados con plomo en su niñez, confirmaron a MalaYerba que recibieron una indemnización de 20,000 dólares cada uno, en un proceso de conciliación en el Juzgado de Instrucción de Opico por el delito de lesiones, tras la captura en Colombia de uno de los dueños de la empresa, José Ofilio Gurdian Lacayo, registrada el 15 de noviembre de 2022.
Fuentes judiciales confirmaron que se logró la conciliación con 104 víctimas, 25 están en espera y nueve no han recibido la indemnización por diferentes circunstancias, pero tienen un periodo de dos años para retirar el dinero.
Los afectados que no eran parte de este proceso muestran su malestar y piden a las autoridades que se incluya a los extrabajadores.
Mientras tanto, según datos de Tutela Legal, al menos 30 de los ex trabajadores han sido diagnosticados con enfermedades crónicas, sin acceso a una atención de salud digna y aún en espera de justicia integral. Y más de 100 personas presentan afectaciones de salud.
Este escándalo ambiental involucró al exministro de Economía Miguel Lacayo y su familia, que llevó a la condena de trabajadores de confianza y giró órdenes de captura internacionales. Pese a los daños ambientales, hasta marzo de 2025, la empresa Baterías de El Salvador seguía apareciendo en el banco de proveedores del Gobierno de El Salvador.
