Ante la constante caída de la democracia, falta de transparencia y justicia ambiental en la región centroamericana, nace el proyecto periodístico MalaYerba. Nos especializamos en la cobertura de problemáticas socioambientales en una región que se enfrenta a regímenes antidemocráticos, androcéntricos y capitalistas, que vulneran cada día nuestros derechos y arrasan con la poca naturaleza que nos queda.
En este Día de la Tierra, la MalaYerba confirma su compromiso por contar casos de corrupción, revelar delitos y depredadores ambientales; así como a los cómplices que son parte del saqueo ambiental que enfrentamos como región centroamericana.
Nuestra base es El Salvador, desde acá hemos contado cómo la administración Bukele ha hecho un trabajo articulado para acabar con la última recarga hídrica de Nuevo Cuscatlán, el municipio donde Nayib Bukele inició su carrera política.
Como presidente de El Salvador, Bukele se negó a firmar el Acuerdo de Escazú, que implica la adopción de políticas de transparencia, democracia y justicia ambiental, además de proteger a personas defensoras del medioambiente.
Una de las primeras órdenes de Bukele fue agilizar y flexibilizar los permisos ambientales que el empresario y político ve como obstáculo y no como un procedimiento a mejorar para evitar los impactos negativos de los proyectos. Desde entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dirigido por Fernando López, se ha encargado de dar categorías de impacto leve a proyectos como el hospital veterinario, que incluso fue iniciado sin tener un permiso ambiental. O dar permisos exprés a megaproyectos como Ciudad Valle El Ángel y Ciudad Kalamanda, beneficiando a urbanistas como Grupo Dueñas, Grupo Gramo, Inversiones Cayalá El Salvador, entre otros.
Hay cosas que se deben resaltar del ministerio actual, como el equipamiento de guardabosques y monitoreo de especies con cámaras trampas; aunque dichas acciones quedan minimizadas al considerar que el mismo ministerio irrespeta las zonificaciones ambientales y permite construcciones como ocurre en el cerro Afate del lago de Coatepeque. O diseña zonificaciones acorde a los proyectos estatales, como el Aeropuerto del Pacífico, que se planea en un ecosistema de la lora nuca amarilla, una especie en peligro crítico de extinción.
Para alcanzar sus planes, el gobierno en complicidad de la Corte Suprema de Justicia, se deshizo de las únicas personas que mantenían a flote la justicia ambiental. Entre septiembre de 2021 y enero de 2022, fueron separados del Juzgado Ambiental de San Salvador y de la Cámara Ambiental, los jueces y magistrados: Samuel Lizama, Cesia Romero y Rafael Menéndez. Ambos tribunales corrigieron la plana al gobierno desde su creación en 2017. Pausaron proyectos que afectaban a la naturaleza; obligaban al ministerio a hacer las auditorías ambientales a los permisos otorgados; exigían el cumplimiento de la normativa ambiental. Por eso estorbaban. Por eso los quitaron.
¿Qué nos queda en un país sin justicia ni transparencia ambiental? ¿Qué nos queda cuando el Estado es quien persigue, estigmatiza y judicializa a las personas defensoras? ¿Qué nos queda cuando el gobierno y su aparato propagandístico deslegitiman el trabajo de la prensa independiente? Solo nos queda hacer periodismo ambiental de resistencia.
Así nace la MalaYerba. Brotamos en cada bosque amenazado, en construcciones carentes de sostenibilidad, en cada río contaminado. Porque si de algo estamos seguros es que el periodismo nunca muere.
Como MalaYerba nos solidarizamos con nuestros colegas acosados y perseguidos por el régimen bukelista, que con su ley mordaza censura el trabajo que por años han realizado. Y rechazamos cualquier mecanismo que implique retrocesos a los derechos de información, expresión y prensa.
