Habitantes de Sitio del Niño denuncian amenazas y negligencia estatal en crisis por contaminación con plomo

Miembros del Comité Ambiental de Sitio del Niño, en San Juan Opico, denunciaron amenazas, persecución, discriminación y atentados contra su vida a razón de su lucha contra la contaminación provocada por la Sociedad de Baterías El Salvador, S.A. de C.V. (BAES), conocida como Baterías Record. Los integrantes del comité señalan que la empresa ha causado graves afectaciones a la salud de la población y al medio ambiente desde su inicio de operaciones en 1996. Uno de los casos es el de Mauricio Cruz Peña, presidente del comité, quien recibió amenazas de muerte el 9 de diciembre de 2015 por parte de grupos al margen de la ley. Según los denunciantes, estos grupos buscan frenar su labor de defensa ambiental. Ante la falta de garantías de protección, Cruz Peña y su familia se desplazaron forzosamente afuera del país. A pesar de que en 2005 se denunciaron los efectos de la contaminación ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), los afectados acusan un retardo injustificado en la investigación y la falta de sanción a los responsables. En 2007, la Procuraduría concluyó que la contaminación por plomo en Sitio del Niño constituía una violación a los derechos humanos. A esto se sumó una serie de estudios realizados en colaboración con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC), que confirmaron niveles no permisibles de plomo en sangre, agua, aire y suelo. Ante la gravedad de los hallazgos, el 24 de septiembre de 2007 el Gobierno de El Salvador ordenó el cierre de la fábrica BAES. Sin embargo, los habitantes aseguran que el daño ambiental persiste y que no han recibido atención médica adecuada. En 2010, el Miniseterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró un estado de emergencia ambiental en un radio de 1,500 metros alrededor de la antigua planta, pero las medidas han sido insuficientes. En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al MARN y al Ministerio de Salud ejecutar acciones de restauración ambiental y garantizar la atención médica para las personas afectadas. A pesar de la prórroga de estas medidas hasta 2024, los denunciantes afirman que el Estado ha incumplido sus compromisos, dejando en la impunidad el caso, libres a los responsables de la contaminación y sin justicia para las víctimas. El caso de contaminación por plomo en Sitio del Niño es emblemático de la impunidad ambiental salvadoreña.