Las aguas subterráneas y freáticas al estar en el subsuelo pertenecen al Estado salvadoreño, según la Constitución de la República; sin embargo, los magistrados de Sala de lo Constitucional establecieron que el agua freática “no es de uso público” cuando yace en terrenos privados. Eso argumentan los magistrados en la resolución de improcedencia a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Foro del Agua, en el caso Valle El Ángel.
La demanda en contra del convenio entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la sociedad Dueñas Hermanos Limitada; fue interpuesta en octubre de 2019, como una de las últimas medidas impulsadas por el movimiento ambiental para evitar la sobreexplotación del acuífero de San Salvador, que hará el megaproyecto Ciudad Valle El Ángel, de la familia Dueñas.
Entre los argumentos del Foro del Agua se establecía que ANDA “disfrazó” una concesión y que sus competencias no le permiten concesionar el agua, más bien el proceso debió pasar por la Asamblea Legislativa.
Sobre ese punto, la Sala de lo Constitucional advierte que para la explotación de agua freática en terrenos privados “es válida la concesión administrativa”, es decir, que será ANDA, o en su defecto la nueva Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), las que puedan concesionar el agua, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa, como establece la Constitución de la República en el artículo 120.
Alejandro Henríquez, uno de los abogados del Foro del Agua firmantes de la demanda de inconstitucionalidad, explica que esta resolución de improcedencia abre la puerta para que haya más concesiones de este tipo. “Lo que hace la Sala de lo Constitucional es legalizar lo ilegítimo, que es el uso del agua para fines mercantiles”, crítica.
El abogado lamenta la decisión de la Sala, pues hubiera sido la oportunidad para impugnar más convenios de este tipo como el firmado por ANDA y la sociedad Briko para la Ciudad Kalamanda en Nuevo Cuscatlán, dónde los Dueñas tienen un proyecto habitacional.
Para la abogada firmante de la demanda de inconstitucionalidad, Ariela González, “en este caso, los magistrados impuestos legalizan y entregan lo que queda al mejor postor. Se vienen más convenios”, escribió en su cuenta de twitter.
El convenio ANDA-Dueñas tiene una vigencia de 15 años y vence en febrero de 2031. Fue firmado en la gestión del FMLN, con Marco Fortín a la cabeza de ANDA. El convenio permite la explotación de 400 litros de agua por segundo: 200 destinados para la nueva ciudad y 200 para distribuir entre las comunidades aledañas al desarrollo urbanístico.
Pero, una factibilidad dada en la gestión de Frederick Benítez, el 22 de junio de 2019, aumentó el caudal a 240 litros por segundo para Ciudad Valle El Ángel y 160 litros por segundo para las comunidades aledañas.
El permiso ambiental de ubicación y construcción para el megaproyecto de los Dueñas fue otorgado el 24 de noviembre de 2020, en la gestión actual del ministro de Medio Ambiente, Fernando López.
La Ciudad Valle El Ángel, cuyo nombre comercial ahora es Valle Dulce, se construirá desde la prolongación del bulevar Constitución, en la frontera entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana de Apopa, al norte de San Salvador. En esa misma zona de recarga hídrica, los Heraldos del Evangelio construyen una iglesia. Y la familia Poma levanta otro megaproyecto paralelo llamado Ciudad Los Luceros.
