Esta publicación corresponde a una alianza de republicación con el medio Criterio.hn.
Tegucigalpa. – Thiago, Mateo y Ciro Messi, hijos del aclamado futbolista argentino fichado recientemente por el Inter Miami CF, Lionel Messi, tienen 10, 7 y 5 años, respectivamente, pero desde ya sus vidas están conectadas a la soberanía de Honduras.
No, no se trata de una inesperada visita de los Messi a las paradisíacas playas del Caribe hondureño y tampoco tiene que ver con la compra de una propiedad por parte del futbolista en las costas de este país centroamericano, uno de los más pobres del continente, pero que ofrece uno de los mejores atractivos del mundo a través de los arrecifes coralinos de la isla de Roatán.
El nombre del futbolista y sus “descendientes legítimos” fueron usados como una salvedad en una cláusula que es parte del acuerdo de incorporación a la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Honduras Próspera, un controvertido proyecto que ha vulnerado la soberanía y el territorio de Honduras.
Esta cláusula fue utilizada para incorporar siete terrenos a favor de la ZEDE Próspera en la isla de Roatán y el Puerto de Satuyé, en La Ceiba, costa norte de Honduras en la que se establece que el proyecto continuaría vigente 21 años después de la muerte del último descendiente directo de Lionel Messi, vivos al momento de la firma del convenio, u 80 años después de la fecha de vigencia.
Los cerebros de este proyecto, la mayoría inversionistas de origen europeo y estadounidense, fueron sagaces al blindar su permanencia en el tiempo, utilizando para ello el derecho anglosajón en un acuerdo que, podría ampliar su vigencia, previendo a toda costa cualquier fallo nacional o internacional que dé al traste con el ambicioso proyecto que fue derogado en abril del año pasado, pero que aún sigue intacto porque requiere de una ratificación en el Congreso Nacional.
“[L]as disposiciones en cuestión deberán continuar y perdurar sólo hasta lo último de (i) la expiración de un período de veintiún (21) años después de la muerte del último en sobrevivir de la clase de personas que consiste en todos los descendientes legítimos, que viven a partir de la Fecha de Vigencia de esta Declaración, de Lionel Andrés Messi; o [u] (ii) ochenta (80) años después de la Fecha de Vigencia”, leen los siete documentos promulgados por ZEDE Próspera.
La cláusula fue aplicada a partir de las incorporaciones de los territorios del puerto de Satuyé en La Ceiba, Atlántida, el 23 de marzo de 2021. No así en las primeras cuatro propiedades anexadas al régimen ZEDE en la aldea de Crawfish Rock el 20 de junio de 2019.
A la incorporación de Satuyé, siguieron las de Port Royal en José Santos Guardiola el 4 de noviembre de 2021. Así como las de Pristine Bay, Dixon Cove – Brick Bay y First Bight, estas últimas ubicadas en el municipio de Roatán, que fueron anexadas el 18 de noviembre de 2021, diez días antes del proceso electoral general del 28 de noviembre de ese mismo año y en el cual fue electa la presidenta Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Todas estas incorporaciones con la misma cláusula que involucra a los Messi.
La oficina en Washington y los múltiples buzones privados
Estas acciones fueron planificadas, entre otros lugares, desde una oficina ubicada en Washington D.C., —con diferentes direcciones de buzones de mensaje privado—, donde una serie de empresas registradas en Delaware, Wyoming, Texas y en algún momento hasta en Islas Caimán, promueven el ambicioso proyecto artífice de esta cláusula.
Nos referimos a Honduras Próspera Inc., en sus diferentes iteraciones, y su corporación matriz NeWAY Capital LLC, las cuales amparadas en la ahora derogada —pendiente de ratificación— Ley Orgánica de las ZEDE, impulsan el proyecto de ciudad privada y autogobernanza conocido como ZEDE Próspera en la isla de Roatán, ubicada en el departamento insular de Islas de la Bahía.
Pese al rechazo generalizado de la población que exige un alto al proyecto —que de acuerdo a sus opositores cercena la soberanía de Honduras y evade el fisco— Próspera se ha anclado en la isla incorporando silenciosamente el tres por ciento de su territorio.
¿Por qué se opone la ciudadanía hondureña a un proyecto que inicialmente prometió inversiones por 500 millones de dólares? El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía sostiene que el mismo lesiona la integridad territorial y la soberanía a causa de la pérdida [tal y como lo exponen las promulgaciones de las incorporaciones] del control territorial y los minerales en el subsuelo del mismo, así como la pérdida de potestad de aplicación de justicia, administración y control fiscal sobre ese territorio.
El generalizado rechazo de la población hacia las ZEDE y los gobiernos de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), así como las violaciones a derechos humanos que definieron sus administraciones, marcaron un fuerte empuje en favor de la candidatura de Xiomara Castro, quien, tras su toma de posesión, el 27 de enero de 2022, envió el proyecto de ley de derogación de las ZEDE al Congreso Nacional, abrogándolo oficialmente en abril del mismo año.
Sin embargo, para que surta efecto la derogación se requiere que el Congreso Nacional —integrado por 128 diputados— efectúe una ratificación de este acto para el cual es necesaria la mayoría calificada de los diputados, es decir, 86 votos, lo cual sería difícil lograr para el partido de gobierno.
La presidenta Castro llegó al poder con sólo 50 diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), que se autodefine de izquierda. A esto, se suman conflictos internos que han debilitado el poco poder que tenía el oficialismo en el hemiciclo, más la pérdida de aliados representada en las y los nueve congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Desde su entrada, Castro ha tenido la férrea oposición del Partido Nacional, anterior en el poder durante doce años, y que lideró el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy en espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico. Mientras el Partido Liberal, de derecha, igual que el Partido Nacional mantiene una postura dividida, lo que resta al apoyo en favor de las iniciativas de Castro. Otra limitante es el silencio de la Corte Suprema de Justicia, recién electa en febrero de este año, sin que a la fecha se haya pronunciado con respecto a un recurso de inconstitucionalidad pendiente presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Millonaria demanda de arbitraje
En respuesta a las acciones de la presidenta Xiomara Castro, Honduras Próspera Inc. interpuso una demanda de arbitraje, exigiendo una indemnización por 10,775 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, el 3 de febrero de 2023, argumentando que se pretenden expropiar sus inversiones.
Además de Honduras Próspera Inc., las empresas involucradas en la demanda de arbitraje ante la CIADI son St. John’s Bay Development Company LLC, registrada al igual que la primera en el estado de Delaware, y Próspera Arbitration Center LLC, inscrita en el estado de Texas, según documentación presentada ante la entidad de arbitraje.
La cifra de indemnización que se le exige al Estado de Honduras por estas tres empresas, dos de las cuales comparten direcciones —más no el número de buzones de mensaje privado— es incalculable para la mayoría de los 10 millones de hondureños y hondureñas.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en noviembre de 2021 —y después borrados durante el último año de gobierno de Juan Orlando Hernández—, el 73.6% de los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, de los cuales el 53.7% viven en pobreza extrema.
Con la cláusula de los acuerdos de incorporación que garantiza la permanencia del proyecto en el tiempo a través de los hijos de Messi, más un acuerdo de estabilidad por 50 años firmado por la administración de Juan Orlando Hernández y el gobierno de Kuwait, en el 2014; así como la carta de estabilidad firmada entre el gobierno de Honduras y Honduras Próspera Inc., se buscó blindar este controversial proyecto, incluso, más allá de un fallo nacional e internacional en contra de los inversionistas.
Jurisdicciones especiales otorgadas por la Corte de Rolando Argueta
Volviendo al tema del acuerdo de incorporación mediante el cual se incorporó el puerto de Satuyé y otros a Honduras Próspera Inc., —con una salvedad que involucra la longevidad del último sobreviviente de los tres hijos de Messi, más 21 años después de su fallecimiento— las mismas no son la costumbre y ley en Honduras, fuertemente anclada en el derecho romano.
La referencia más actual de algo similar —y dicho sea de paso a partir de las leyes anglosajonas— fue la disputa pública del gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis contra Walt Disney Co.
La empresa del famoso ratón Mickey Mouse invocó una cláusula legal, inusual incluso para el derecho anglosajón, que tiene en el centro a los descendientes del rey Carlos III de Inglaterra para limitar el control de DeSantis en la jurisdicción fiscal especial de Walt Disney World Resort.
La cláusula fue introducida por la compañía al ver amenazado su autogobierno debido a las controversias político-ideológicas en las que se ha involucrado, retando al gobernador republicano de Florida. La salvedad a la cláusula, en caso de ser encontrada no aplicable es “hasta 21 años después de la muerte de los últimos descendientes sobrevivientes del rey Carlos III, rey de Inglaterra”.
La argucia legal causó indignación entre las y los legisladores de Florida, quienes prometieron encontrar una vía legal para derogar o anular el documento, según publicaciones de medios estadounidenses. Sin embargo, a la fecha DeSantis está maniatado y Disney se mantiene victorioso.
Los congresistas estatales de Florida, la mayoría del Partido Republicano, se han mostrado en contra de la estratagema usada por Walt Disney Co. Sin embargo, sus análogos a nivel federal no dudaron en intervenir con respecto a las inversiones de Honduras Próspera Inc. en el Estado hondureño, que incluyen este tipo de cláusulas en los inmuebles incorporados, enviando, hasta el momento, dos cartas al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, en las que le urgieron proteger de la “expropiación” a inversionistas estadounidenses.
Si bien Walt Disney Co. tiene un estilo de autogobernanza, este no se asemeja a las libertades que se les dio a las ZEDE en su ley orgánica y el andamiaje legal que se construyó para sostenerlas.
Ahora, ¿cómo fue posible que una cláusula tan singular incluso para el sistema jurídico anglosajón se filtrara al sistema jurídico de Honduras, fuertemente enraizado en el derecho romano?
Para esto es importante recordar que la derogada Ley Orgánica de las ZEDE —aún en espera de ratificación por parte del Poder Legislativo— otorgó en su artículo 14, a estas zonas, una jurisdicción especial, así como tribunales autónomos e independientes.
Sumado a esto, en las vísperas de la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández —fuertemente ligado en la promoción y promulgación de las ZEDE—, el Poder Judicial a través del Pleno de la Corte Suprema de Justicia publicó, el 15 de junio de 2021 en el Diario Oficial La Gaceta, el Acuerdo No. CSJ-01-2021, mediante el cual dio luz verde al establecimiento de la Jurisdicción Especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
De la hazaña promovida desde el Poder Ejecutivo de Juan Orlando Hernández —pese al fuerte rechazo de la sociedad hondureña— y bajo una Corte presidida por su excompañero de estudios universitarios y coterráneo, Rolando Edgardo Argueta Pérez, sólo se excusó de votar el magistrado Wilfredo Méndez, pero en su ausencia su voto fue sustituido por el magistrado integrante Garín Enoc Urquía Castro.
Una vez explicado y sumando la cláusula, las acciones de la Corte Suprema de Justicia de Rolando Argueta entran en abierta discordancia con la Constitución de la República.
El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, explica que “una concesión de este tipo sobre un territorio violenta la Constitución […] porque significaría la pérdida de soberanía sobre una parte del territorio hondureño”.
Mejía citó el artículo 19 de la Constitución de la República, que establece:
“Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República.
Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible”.
La lucha entre el capital y la soberanía territorial en Crawfish Rock
Todo este estira y encoge que parece incomodar a muy pocos congresistas hondureños —si se toma como métrica la celeridad con la que han actuado para ratificar la derogación de las ZEDE en el Poder Legislativo— es motivo de fuerte preocupación para las y los isleños, especialmente quienes viven en la aldea de Crawfish Rock, donde se instaló inicialmente Próspera y hacia donde busca expandirse, según sus propios modelos de crecimiento.
Oniel Webster es un joven pescador residente de la comunidad de Crawfish Rock, vecino cercano de la ZEDE, quien confió a Criterio.hn que la población se encuentra atemorizada. Aseguró que ya poco creen en las promesas de Próspera, porque inicialmente se establecieron en la zona bajo engaños, sin dejar claro que entraban bajo esta figura legal, mediante la cual los miembros de la aldea, habitada por indígenas negros de habla inglesa, temen ser expropiados de su territorio ancestral.
El pescador de 27 años sostiene que jóvenes y adultos de la comunidad están dispuestos a defender su patrimonio, lo único que tienen, y no permitirán que foráneos lleguen a disponer de sus derechos. A las y los congresistas y políticos en general pidió celeridad en la ratificación de la derogación de las ZEDE y advirtió que, tras los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro, Próspera redoblará esfuerzos.
Oniel no está equivocado en cuanto a que Próspera retomará fuerzas una vez finalicen los cuatro años de gobierno de la presidenta Castro. En entrevista con Criterio.hn, el secretario técnico de la ZEDE Próspera, Jorge Colindres, quien se reconoce aún como funcionario del Estado de Honduras, explicó que, si bien los inversionistas W“difícil etapa” y poder seguir operando.
Colindres insistió durante la entrevista que el Poder Ejecutivo ha dado un giro hacia el comunismo. No obstante, afirmó: «Nuestra esperanza es que haya un cambio democrático y de que venga un gobierno con mayor compromiso de respeto al estado de derecho, a la propiedad privada y a la libertad comercial y que nos permita seguir nuestra misión que es la atracción de inversión, la generación de oportunidades en Honduras para que la gente pueda tener aquí una vida sana y libre en su propio país”
El secretario técnico de la ZEDE Próspera, Jorge Colindres, dice que al gobierno de Xiomara Castro le hace falta voluntad política para alcanzar una solución frente al conflicto con las ZEDE y que cree que esto es parte de una agenda para que el tema sea usado con fines políticos
Un sentimiento compartido por el empresario italiano radicado en Honduras, Massimo Mazzone, quien dice ser el único inversionista en la ZEDE Morazán, ubicada en Choloma y que hasta el momento ha estado principalmente enfocada en el área residencial dirigida a obreros de las maquilas establecidas en la zona, pero que además espera atraer esta industria a su ZEDE.
Mazzone afirmó a Criterio.hn que ZEDE Morazán intentó negociar con el gobierno de Xiomara Castro para traspasar el régimen ZEDE a las Zonas Libres, pero este fue objetado y ahora quieren remover esta figura también, pese a que en un inició fue propuesto por el mismo gobierno central.
Al igual que Colindres, Mazzone no cree que arriben a un acuerdo con el gobierno actual, especialmente con el director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, y la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, a quienes ve como un impedimento para llegar a un acuerdo.
No obstante, está convencido que en el próximo gobierno se podría llegar a un acuerdo, especialmente si se han recibido resultados de la demanda interpuesta por Próspera ante la CIADI.
Ante la interrogante sobre qué ocurriría en caso de que gane nuevamente la presidencia el Partido Libertad y Refundación (Libre), Massone dejó entrever que dentro del partido de gobierno hay diferentes facciones con diversas opiniones sobre las ZEDE, pero “si los que toman las decisiones son los mismos de ahora, que están ahora en el gobierno, si es Rixi Moncada y Marlon Ochoa, creo que no llegaremos a un acuerdo”.
Las ZEDE como fuente de confrontación y fragmentación del Estado
Sobre el por qué las ZEDE son fuertemente cuestionadas en Honduras, el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y exfiscal, Víctor Fernández, respondió a Criterio.hn que las mismas cercenan la integridad del territorio hondureño bajo una sola autoridad, lo que representa, explicó, un “retroceso peligrosísimo”, pues abre las puertas a la atomización del territorio.
“Es abrir el camino a la flexibilización de la soberanía y del territorio hondureño», ahondó el abogado, quien ha litigado casos relacionados a la defensa del territorio, así como la representación legal del caso que involucra el asesinato de Berta Cáceres, que apunta a la élite económica hondureña y en el que se ha dictado condena para los autores materiales y la coautoría de David Castillo, uno de los mandos intermedios en el crimen.
Desde la perspectiva de Fernández el mayor peligro reside en que grupos de personas y espacios con intereses alejados del respeto a las personas, la dignidad humana y los pueblos, se sientan con derecho de aprovechar estas rupturas y configurar pequeños Estados en los que se subyugue a las personas y su dignidad.
Para el exfiscal, las ZEDE son confrontativas en varios espacios. Primero porque enfrentan la institucionalidad con la estructura Constitucional del país, segundo debido a que las condiciones socioeconómicas se prestan a crear divisiones mucho más marcadas entre los territorios, lo que a su vez genera confrontaciones sociales entre la población.
“Es entonces, [cuando] hay sectores de la población que se adhieren a estos planteamientos y que terminan confrontando a otras personas que están afianzados al sentido de la patria, a la defensa del territorio y también confrontan o pueden confrontar al mismo Estado”, señaló.
“Crawfish Rock está en peligro de desaparecer”: defensora del territorio
Con respecto a lo que ocurre en Roatán, la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) e integrante de la comunidad garífuna y defensora del territorio, Miriam Miranda, recalcó que “nadie invierte si no va a ganar” y que la voracidad del capital transnacional está a la vista en lo que sucede con Próspera, donde pese al repudio de la población, esta sigue expandiéndose.
La defensora territorial cuestionó las controvertidas operaciones que se desarrollan al interior de Próspera, sin respetar permisos, controles y leyes hondureñas, entre ellas las terapias génicas y construcciones, entre otros. Sumado a esto, señaló las practicas divisionistas del capital transnacional en las comunidades donde se asientan, a través de dádivas. “Crawfish Rock en este momento está en peligro de desaparecer”, advirtió.
La observación de Miriam Miranda no está alejada de la realidad. Las comunidades que sobrevivieron de la pesca artesanal y la agricultura de cultivo están en peligro de ser desplazadas y su territorio transformado en lo que podrían ser opacos centros de negocios y experimentales laboratorios génicos, que no se podrían desarrollar en otros lugares del mundo que cuenten con regulaciones supervisadas por entidades entendidas en estos temas.
Por ejemplo, en Próspera ya funciona un banco clasificación C, la ciudad privada es comercializada como un paraíso para el Bitcoin y otras monedas descentralizadas que carecen de respaldo y cuyo valor fluctúa, así como un refugio para quienes buscan adquirir residencias virtuales.
El banco en cuestión es el Seshat Bank, cuyo fundador y CEO es Sean Pawley, quien aseguró en un documento publicitario que “eligió ubicar la empresa en Próspera debido a la flexibilidad regulatoria, el acceso a nuevas industrias y el acceso a clientes locales y globales”. Seguido de una afirmación en la que Pawley expone que con Próspera tiene una oportunidad de innovar dentro de un régimen regulatorio autónomo.
Miranda avizora que las ZEDE generarán mucha confrontación en el país y declaró que desde ya sus responsables le han declarado la guerra a Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, al interponer una multimillonaria demanda ante la CIADI, una entidad que identificó como protectora de los intereses de los empresarios.
Con el presunto despliegue de tecnología que dicen atraer, así como la supuesta generación de empleo y desarrollo, para los inversionistas de Próspera y sus adeptos es difícil entender el rechazo de un significativo porcentaje de la población contra un proyecto que consideran desarrollará el país.
No obstante, olvidan que la fundación del mismo fue opaca, lesionó la soberanía y fue empujado de la mano de Juan Orlando Hernández, un presidente que hoy enfrenta a la justicia estadounidense por cargos de tráfico de drogas y armas.
De acuerdo, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, JOH –como es popularmente conocido– “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.
ZEDE Próspera alega vigencia más allá de derogación de ley
El secretario técnico de Próspera, Jorge Colindres, afirmó que «se ha seguido la inversión, pero no al ritmo y no con la capacidad a la que teníamos previo a estos ataques por parte del Poder Ejecutivo”.
Los ataques e intentos de expropiación que narró Colindres a Criterio.hn, están relacionados a la suspensión del servicio aduanero, pese a que afirmó que existe un contrato en vigencia con la Administración Aduanera de Honduras. De igual forma señaló el bloqueo de los inversionistas de la ZEDE al sistema financiero nacional, calificando la acción como una práctica discriminatoria, y el no reconocimiento de las compras exentas del Impuesto Sobre la Venta por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Colindres insistió que “esta derogatoria [de la ley y su andamiaje legal] no afecta la vigencia de la ley. La Ley Orgánica de las ZEDE sigue vigente y seguirá vigente por el período de estabilidad jurídica que el Estado de Honduras ha garantizado, que es un periodo mínimo de 50 años”.
El Representante de ZEDE Próspera alega que, aunque el proyecto sea extinguido legalmente tendrá una vigencia mínima de 50 años, argumentando la existencia del acuerdo de estabilidad, que nunca ha sido conocido públicamente, pero que se apega al Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Kuwait y el Gobierno de la República de Honduras para la protección reciproca de inversiones que garantiza a los inversionistas extranjeros una estabilidad mínima de 50 años.
Con respecto a Satuyé, en La Ceiba, Atlántida, apuntó que se han realizado inversiones enfocadas en mejorar la infraestructura. No obstante, los inversionistas se han visto limitados porque el gobierno rehúye responder cartas en las que se comprometa a respetar el régimen ZEDE de una empresa de ensamblaje de equipo médico que pretende trasladar sus operaciones de China a Honduras.
“El gobierno de Honduras está bloqueando la inversión de 25 a 30 millones de dólares para La Ceiba que ya está todo listo y lo único que necesitamos es que el gobierno respete la ley, pero no quieren hacer eso. Ahí hay una afectación gigantesca”, dijo Colindres.
Mientras el secretario técnico de la ZEDE Próspera lamenta las pérdidas en inversión ante el limbo legal en el que se encuentran la Ley Orgánica de las ZEDE y todo el andamiaje legal que incluyen reformas constitucionales, a la diputada y abogada constitucionalista, Maribel Espinoza, le preocupa que se juegue con un tema que compromete la soberanía nacional.
Espinoza, quien es diputada del departamento de Yoro por el derechista Partido Salvador de Honduras (PSH), no existe una justificación para que aún no se apruebe la ratificación de la derogación, lo que evidencia “la falta de voluntad política para hacer lo correcto por Honduras”.
La derogatoria de la Ley Orgánica de la ZEDE y otras reformas legales se logró en abril de 2022, con la votación unánime de los 128 diputados y diputadas del Congreso Nacional. Sin embargo, la ratificación sigue estancada y requiere de la votación de 86 congresistas, lo que resulta un tanto extraño porque no se logra entender qué ha pasado con el compromiso inicial que patentizaron todas las bancadas de los seis partidos que integran la Cámara Legislativa.
La abogada constitucionalista apuntó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también comparte responsabilidad con el Poder Legislativo, al no conocer los recursos de inconstitucionalidad que en su día fueron formulados contra las ZEDE.
Espinoza señaló que aun cuando estos sean conocidos hoy, la inacción del Congreso Nacional en ratificar la derogatoria en enero pasado, antes de que Próspera promoviera la demanda de arbitraje ante la CIADI, “puede traernos consecuencias negativas”.
Desde mayo de 2014 a octubre de 2021, la CSJ ha recibido seis recursos de inconstitucionalidad contra las ZEDE y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. De estas una fue declarada “no ha lugar”, dos fueron sobreseídas, dos declaradas inadmisibles y una de ella pendiente de fallo, según conoció Criterio.hn a través de una solicitud de acceso a la información pública.
Sin embargo, destacó que una declaración de inconstitucionalidad, por parte de la CSJ, en relación al recurso pendiente de fallo, dejando establecido que es “totalmente ineficaz la reforma constitucional y las leyes en que se funden en esas reformas”, resultaría en un escenario en el cual “los inversionistas de las ZEDE no tendrían alternativa conforme al derecho interno porque no tienen ningún derecho”.
Con relación a la posición en que se encontrarían los territorios anexados al régimen territorial, a través de la cláusula establecida en el acuerdo de incorporación a la ZEDE Próspera, la abogada fue categórica y respondió: “al declararse inconstitucional la reforma constitucional, cualquier ley secundaria o cualquier contrato que preserve derechos quedan igualmente ineficaces”.
Créditos:
Por: Marcia Perdomo
Colaboración especial: Katerin Galo y Joan Suazo
Edición: Emy Padilla
Fotografías: Horacio Lorca
Portada: Reynaldo Raudales
Recurso Visual: Guillermo Burgos
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
