En un período de 26 años, la mina Cerro Blanco ha pasado de mano en mano por cinco empresas mineras, todas canadienses. La próxima venta de la mina, por $74.3 millones de dólares, se consolidará a inicios de 2025, cuando Aura Minerals Inc. adquiera el 100 % de las acciones de Bluestone Resources Inc. La transacción incluye la mina de oro y Mita, el proyecto de energía geotérmica.
La mina Cerro Blanco está ubicada en el municipio fronterizo de Asunción Mita, en Jutiapa, Guatemala; y amenaza con contaminar la cuenca alta del río Lempa, del que dependen 1.5 millones de salvadoreños. Mientras que, Aura Minerals, su nueva dueña, tiene un historial de violación de derechos humanos en Honduras, en donde opera la mina conocida como Minosa.
El 28 de octubre, Rodrigo Barbosa, CEO de Aura Minerals, reconoció, a través de un comunicado, que la mina Cerro Blanco “ha enfrentado obstáculos tanto sociales como institucionales”, pero que con su “enfoque estratégico” harán de Cerro Blanco “otro proyecto emblemático, que ejemplifique el máximo respeto por las responsabilidades sociales y ambientales, al tiempo que ofrezca valor a todos los interesados”, detalló.
El gobierno de Bernardo Arévalo impugnó el permiso ambiental para cambiar el método de explotación oro de subterránea a cielo abierto; también, ha señalado irregularidades del proceso administrativo hecho por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y ha interpuesto denuncias penales sobre la mina Cerro Blanco.
Con ese contexto adverso, la venta de Cerro Blanco “ofrece el mejor resultado para los accionistas de Bluestone”, aseguró en el mismo comunicado Peter Hemstead, presidente, director ejecutivo y presidente del directorio de Bluestone Resources.
En Guatemala, Aura Minerals está adquiriendo un proyecto minero rechazado por la población de Asunción Mita, que en septiembre de 2022 votó en contra de la instalación y operación de proyectos de minería metálica en ese municipio.
Hasta este 16 de diciembre, las autoridades guatemaltecas no han brindado información oficial sobre la nueva compra del proyecto minero, el cual “debió cancelarse en 2012”, informó Julio Gonzalez, del colectivo Madre Selva, organización que impulsó la consulta ciudadana en Asunción Mita contra la minería metálica.
El Observatorio de Industria Extractiva (OIE) advierte que la compra de la mina Cerro Blanco por Aura Minerals podría “replicar en Guatemala los mismos problemas vividos en Honduras”.
El 4 de diciembre, este medio solicitó entrevistas a las mineras Aura Minerals y Bluestone Resources. Al cierre de esta nota no hubo respuesta a las solicitudes.
La violencia minera en Honduras
La próxima dueña de Cerro Blanco es la transnacional canadiense Aura Minerals, que produce oro y cobre en Latinoamérica; propietaria de los proyectos mineros: Aranzazu, en el distrito minero de Concepción del Oro, en Zacatecas, México; Aura Almas, complejo Ernesto/Pau-a-Pique (EPP), Borborema, Matupá y Serra da Estrela, en Brasil; Tolda Fría, en Caldas, Colombia; y la mina San Andrés (conocida como Minosa), que se explota en el territorio indigena Maya Chortí, a corta distancia de la comunidad Azacualpa, en el municipio de La Unión, departamento de Copán, Honduras.
La mina hondureña empezó operaciones en enero de 1983, luego que el Estado otorgara el primer contrato de explotación minera. Pero es hasta 2009 que Aura Minerals adquiere la mina San Andrés. Las operaciones están a cargo de Minerales de Occidente Sociedad Anónima (Minosa), sociedad creada por Guillermo Bueso, ejecutivo de Banco Atlántida.
Actualmente, Minosa está operando con un permiso vencido en enero de 2023, dijo a MalaYerba Pedro Mejía Godoy, abogado del pueblo Maya Chortí y miembro del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), organización que acompaña varios procesos judiciales de esta mina desde 2017.
La subsidiaria de Aura Minerals posee un historial ďe denuncias y señalamientos por contaminar fuentes de agua con cianuro, de criminalizar a defensores ambientales, de abuso, impunidad, violación a los derechos humanos de los habitantes de Azacualpa y poblaciones indígenas Maya Chortí en el territorio. Así está registrado en múltiples informes, una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), comunicados del gobierno hondureño y reportajes periodísticos que revisó MalaYerba.
Según los registros, entre 2013 y 2015, pobladores de Azacualpa denunciaron los daños que estaba ocasionando el proyecto minero al cementerio ancestral de los Maya Chortí, considerado un patrimonio cultural por sus 200 años de existencia, y la exhumación de al menos 250 cadáveres sin contar con los permisos de los familiares y las autoridades. Es decir: ilegalmente.
Es así como el pueblo Maya Chortí ha interpuesto varias demandas legales para proteger el cementerio ancestral. Entre 2018 y 2019, lograron detener las exhumaciones de los cadáveres a través de las resoluciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula y la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Sin embargo, en octubre de 2021, Minosa, con complicidad de la municipalidad e instituciones del gobierno, obtuvo la autorización de Rafael Rivera Tábora, juez de Letras de Santa Rosa de Copán, para exhumar y trasladar el total de las osamentas, bajo custodia de las fuerzas militares.
La decisión del juez Tábora fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán en 2022. A pesar de eso, Minosa terminó exhumando los cadáveres sin la autorización de los familiares, así lo relató Mejía Godoy.
“Pese a que existía la sentencia de la Sala de lo Constitucional y la autorización anulada, la empresa terminó exhumando y trasladando todo el cementerio Chortí”, aseguró el abogado de BED a MalaYerba.
En este conflicto, que lleva más de una década, se han registrado dos procesos judiciales en contra de pobladores de Azacualpa y miembros de la comunidad Maya Chortí, a quienes el Ministerio Público y Minosa acusan del delito de usurpación, detalló Godoy.
Según el estudio “Transición Ecosocial y Megaproyectos en el Norte de Centroamérica”, publicado en 2024, son 40 las personas criminalizadas y tres organizaciones de la sociedad civil las que han sido afectadas por el accionar de Minosa en el territorio.
Las violaciones a derechos humanos del pueblo indígena también ha sido registrado por el Ministerio de Derechos Humanos de Honduras.
Pese a las denuncias y señalamientos, Minosa continúa operando en la impunidad, frente a la mirada de la presidenta Xiomara Castro. La jefa de Estado anunció, en enero de 2022, que no se iban a dar más permiso de explotación y exploración; incluso, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) presentó como “logro” la suspensión del plantel donde funciona el proyecto de Minosa; algo que el BED desmintió.
En palabras del abogado Godoy, Minosa es una empresa que “el Estado no ha logrado controlar” y siempre ha operado bajo “un relacionamiento con el Estado”, lo cual le ha permitido moverse en la impunidad. “Minosa ha demostrado que cuando quiere criminalizar personas ha tenido al Ministerio Público para que obre en favor de ellos; en tanto las denuncias en contra de ellos no prosperan”, dijo.
Mientras tanto, ambientalistas salvadoreños ven con preocupación que Aura Minerals adquiera Cerro Blanco, debido al historial de violaciones que tienen a través de su subsidiaria en Honduras.
De consolidarse la venta de Cerro Blanco, la situación sería “más adversa”, dijo Pedro Cabezas, de Acafremin, una organización regional que acompaña a las comunidades de ambos países en su lucha contra la mina Cerro Blanco. Eso por los posibles conflictos que pueda generar esta empresa para explotar el proyecto que amenaza con contaminar las aguas de El Salvador. “Nos van a tocar otros 10 o 15 años de lucha para mantener este proyecto cerrado”, comentó a MalaYerba.
Nelly Rivera, ecofeminista de las Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), organización que acompaña a las comunidades en su defensa del Lago Güija, dijo que podría haber un riesgo de desplazamiento forzado de poblaciones de Guatemala, así como sucedió en La Unión, Honduras.
“En los alrededores de Cerro Blanco hay muchas comunidades en Asunción Mita. Allí está Trapiche Vargas, San Rafael, Las Ánimas, entre otras, que definitivamente si esta mina llega a explotarla, las personas tendrán que salir de sus lugares”, comentó Rivera.
Tanto las organizaciones de El Salvador y Guatemala han exigido a sus gobiernos entablar un diálogo para solventar la problemática, pero estos no han sido muy significativos o contundentes, aseguró Cabezas.
En el contexto de las elecciones presidenciales salvadoreñas del 4 de febrero de 2024, MalaYerba preguntó a la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, sobre las acciones que estaba haciendo el gobierno de Nayib Bukele con la mina Cerro Blanco. En ese momento, Tinoco dijo que estaban siguiendo las decisiones del gobierno de Arévalo y que harían visitas, sin definir fecha, con el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala para conciliar la situación.
Cerro Blanco y las mineras canadienses
En 1998, la minera Mar-West inició operaciones en Cerro Blanco; luego, en el 2000 fue adquirida por Glamis Gold, con sede en Vancouver. Para 2006, la propiedad pasó a manos de Goldcorp, que, a través de su filial guatemalteca Entre Mares, recibió una licencia para la exploración de yacimientos de oro y plata.
Debido a la complejidad del terreno, el proyecto minero no pasó a la fase de explotación. Y la minera se quedó bombeando aguas termales por casi una década, y explorando las excavaciones de los túneles. En 2017, Bluestone Resources compró el proyecto con la intención de convertirla en una mina a cielo abierto, así lo dejó establecido en su solicitud de modificación del permiso ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en noviembre de 2021.
El permiso fue aprobado por el MARN el 9 de enero de 2024, seis días antes que el expresidente Alejandro Giammiattei entregara el poder a Bernardo Arévalo. Sin embargo, el 21 de junio, el nuevo gobierno revirtió la decisión y ordenó a Bluestone Resources hacer una nueva solicitud ambiental para la explotación a cielo abierto. Además, el Ministerio de Medio Ambiente interpuso denuncias penales contra el proyecto Cerro Blanco en el Ministerio Público por múltiples irregularidades en la licencia ambiental: firmas falsificadas, extravío de 939 folios, entre otras irregularidades.
Desde hace más de una década, el proyecto despertó las alarmas de los habitantes de Asunción Mita, científicos, organizaciones sociales, no solo de Guatemala, también de su vecino El Salvador, que se encuentra a 14 kilómetros de distancia de Cerro Blanco.
La mina se ha convertido en una amenaza de contaminación con arsénico para el río Ostúa, en Guatemala. Este río es tributario del lago de Güija, que se encuentra en la cuenca alta del río Lempa, fuente de abastecimiento para 1.5 millones de salvadoreños.
“Estamos hablando de una mina que utilizará ocho toneladas de cianuro al día y 180 millones de toneladas de desechos tóxicos y que van a quedar en la frontera de El Salvador, un lugar que es vulnerable” afirmó Cabezas.
Además, investigadores y expertos en minería revisaron el estudio de impacto ambiental de Cerro Blanco. Por ejemplo, la doctora Dina Larios señaló que el informe de Bluestone Resources “no consideraba las afectaciones de los gases, las aguas térmicas y la temperatura en los trabajadores de la mina”. El estudio tampoco mencionó sobre la contaminación de arsénico y otras sustancias tóxicas; así como el drenaje de estos mismo posterior al cierre de la mina, critica Larios.
En el estudio Evaluación de la Instalación de Almacenamiento de Relaves Filtrados en la Mina de Oro y Plata propuesta Cerro Blanco, Sur de Guatemala, el investigador minero, Steven H. Emerman, afirmó que los desechos mineros de Cerro Blanco “contaminaría las aguas salvadoreñas”, y que el proyecto minero es un riesgo para la comunidad de Trapiche Vargas, ubicada a pocos metros de la mina.
