Abogados demandan a Lina Pohl por no frenar la contaminación del Acelhuate

A la exministra la acusan de omisión de sus funciones pues tuvo información técnica sobre las empresas que más contaminan el río Acelhuate, pero no las sancionó.

Foto: Ministerio de Medio Ambiente

El agua purificada del río Acelhuate —el más contaminado de San Salvador— sirvió para que la exministra Lina Pohl y el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad brindaran sonrientes ante los periodistas la mañana del 5 de junio de 2016. Celebraron el Día del Medio Ambiente con el lanzamiento del Plan de Recuperación de Ríos Urbanos. En el evento prometieron limpiar el Acelhuate, una de las mayores promesas de la gestión 2009-2019 del FMLN. Y que la gestión actual del presidente Bukele ha mantenido sin cumplir.

“Ya sabemos qué empresas están contaminando y cuánto contaminan”, repite Lina Polh en una rueda de prensa después del evento. Tres años después de esa afirmación, el 26 de junio de 2019, la firma de abogados ambientales AEPROTERRA inició el segundo litigio en contra de Pohl por la omisión de su deber de proteger el medioambiente cuando fungió como ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) entre 2014 y 2019. 

La Cámara Ambiental aceptó la demanda en contra de la exministra por no abrir procesos administrativos sancionatorios a las empresas que contaminan el río Sumpa, una cuenca de cinco kilómetros de extensión ubicada en la zona industrial y populosa de Soyapango. Al río Sumpa llega el 50 por ciento de la contaminación del río Acelhuate. 

En un informe técnico, del 1 de abril de 2016, el MARN revela que durante aquel brindis con agua limpia del Acelhuate, la exministra Pohl sabía que al Sumpa lo contaminaban cuatro mil empresas. Y que las tres que más contaminan son: Avícola Salvadoreña, reconocida por su marca Pollo Indio; Productos Alimenticios Diana, una empresa de boquitas que fue administrada por el exministro de Medio Ambiente entre 2004 y 2006, Hugo Barrera; y el Rastro de Proydeca S.A. de C.V.

La exministra sabía que estas tres empresas generan el 72 por ciento de los vertidos contaminantes del río Sumpa. Pero en el evento ella anuncia un año de gracia para que las empresas den resultados concretos. “Probablemente no estén construidas sus plantas de tratamiento pero queremos diseño, compromisos, inicios de obras”, dijo la exfuncionaria. 

En ese evento, Lina Pohl sabe que de las tres empresas, la única que tiene planta de tratamiento de aguas residuales es la fábrica de golosinas Diana. Pero que la planta no funciona debido a “fallas estructurales de los equipos y unidades de tratamiento”, según un informe que el ministerio envió a la Cámara Ambiental el 22 de agosto de 2016. En el documento se anexan las bitácoras de las inspecciones ambientales realizadas a las tres empresas, por parte de técnicos del MARN en abril y mayo de ese año.

“Hay programas de televisión en los que ella (Lina Pohl) dice que hay un grave problema ambiental, amenaza a las empresas y no hizo nada”, dice Gerardo Landaverde, abogado de AEPROTERRA. 

Para el abogado, la exministra no puede asumir desconocimiento porque “los mismos estudios que hicieron (en el ministerio) son las pruebas de sus omisiones”. Por eso la firma AEPROTERRA pide que la Cámara Ambiental declare la existencia de daños ambientales en el río Sumpa y la omisión de funciones de la exministra Lina Pohl, además de la responsabilidad del Estado salvadoreño, representado por la Fiscalía General de la República.

El 22 de diciembre de 2021, AEPROTERRA obtuvo la condena de Lina Pohl ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por el caso de tala del cerro El Águila, en el occidental departamento de Sonsonate. Sobre Pohl recae, también, una orden de captura de la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, por un total de 177 mil dólares de las arcas del Estado. Los delitos ocurrieron cuando era viceministra del MARN, en la gestión del expresidente Mauricio Funes entre  2009-2014. 

La firma cree que también puede ganar el caso del río Sumpa, pero lamenta la falta de un equipo acreditado de auditores externos al MARN, que agilicen las inspecciones en el río. En este caso, el ministerio es “juez y parte” por eso no puede hacer el peritaje de los daños ambientales, añade Landaverde. 

Con el lanzamiento del Plan de Recuperación de Ríos Urbanos, en 2016, el MARN inició una campaña comercial promoviendo el saneamiento del Acelhuate a través de dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero en este país centroamericano las plantas de tratamiento se han vuelto un método de saneamiento difícil de supervisar para las autoridades ambientales.