Este 12 de octubre, Santos Eduviges Cruz un agricultor del caserío Condadillo, de La Unión, viajó 186 kilómetros hasta San Salvador para denunciar el acoso que sufren 150 agricultores locales que serán afectados con la construcción del Aeropuerto del Pacífico, una de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele.
“Nos corta la fuente de trabajo que tenemos en esa zona. No nos deja aunque sea una tarea — una tarea es igual a 628.8 metros cuadrados — para sembrar una hortaliza. No nos dejan nada. Nos quitan todo. Totalmente todo”, reclama indignado el agricultor de oriente ante a un grupo de periodistas.
El 4 y 5 de octubre, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) inició reuniones individuales con los agricultores afectados de los caseríos Flor de Mangle y Condadillo, haciendo ofertas diferenciadas por los terrenos. Los precios oscilan entre $6,000 y $8,000 por manzana, explica Ángel Flores, representante de la Red de Comunidades Afectadas de Oriente.
Lejos de escuchar la promesa que se les daría un terreno para vivir, otro para cultivar, además de un “precio justo” por sus terrenos, lo que han recibido son “amenazas” de parte del personal de la autónoma. “Si no firma esta evaluación que se ha hecho dentro de 15 días, si usted no firma, es posible que se quede sin nada”, narra Cruz que le dijo el representante de CEPA en la reunión para negociar sus terrenos. “Lo miran a uno como ignorante”, reclama.
En noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa abrió un nuevo camino para la expropiación de inmuebles considerados de “interés público”, a través de un proceso judicial que anula el derecho de defensa de los propietarios. Con 62 votos, la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, la asamblea aprobó la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales.
Nuevamente con el apoyo de los diputados oficialistas, en abril de este año, la asamblea creó la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto del Pacífico. La normativa faculta a CEPA para expropiar los inmuebles donde se ubicará el aeropuerto, que inicialmente fue rechazado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar planeado en una zona inundable y cerca de un manglar protegido.
El artículo 9 de esa ley ordena al MARN emitir de forma “ágil y expedita” los permisos para el aeropuerto que prometió Nayib Bukele en su campaña hacia la Presidencia de la República. Sin embargo, el permiso ambiental del proyecto sigue en evaluación ambiental, pues el ministerio no puede dar licencia si no hay títulos de propiedad en favor del Estado.
El Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, recomendó a la autónoma cambiar la ubicación de la construcción por sus efectos ambientales, y le ordenó detallar el plan de reubicación de las familias afectadas con el aeropuerto. La autónoma ignoró al MARN y ha mantenido el diseño de la construcción en el mismo lugar. Y en el estudio de impacto ambiental tampoco desarrolló el plan para reubicar a las familias, argumentando que el Centro Nacional de Registros no había concluido el catastro de inmuebles y clasificado a los habitantes según el título de propiedad que tuviesen.
Mientras el MARN emite el permiso ambiental para el Aeropuerto del Pacífico, las 110 familias de agricultores y pescadores de Flor de Mangle y Condadillo siguen pidiendo información oficial sobre la reubicación, pues están seguros que con el dinero ofrecido por el Estado no podrán comprar un terreno ahí mismo ya que “todo ha subido de precio desde que anunciaron el aeropuerto”, lamenta el agricultor de oriente.
