El Movimiento Vecinal de La Florida reportó el 1 de junio la detención de las obras del proyecto habitacional “La Florida”, de la sociedad Algasa, S.A. de C.V., que se construye en una zona de máxima protección ambiental en Nuevo Cuscatlán con la venia del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López. El paro de las construcciones ocurre dos meses después de que el Juzgado Ambiental de San Salvador decretara la suspensión inmediata de las mismas.
Los vecinos de la zona, organizados en la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) La Florida y el Movimiento Vecinal La Florida, llevaron el caso ante el Juzgado en 2022. Pero fue hasta marzo de este año que este tribunal ordenó, como medida cautelar, que Algasa suspendiera cualquier obra de construcción en la zona. Según la resolución del 20 de marzo, el Juzgado Ambiental lo hizo “ante las múltiples denuncias que se han recibido”, aún y cuando aseguró que la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil y el MARN “han manifestado que la zona intervenida está autorizada”.
El ministro Fernando López firmó, en marzo de este año, una modificación al permiso ambiental del proyecto para que la constructora invada una zona de máxima protección ambiental para construir viviendas. La ADESCO y el Movimiento de Vecinos denuncia la depredación de esta zona y una posible escasez de agua a raíz de la construcción de más viviendas.
A pesar de la imposición de marzo, el Juzgado recibió un escrito el 23 de mayo firmado por el abogado Gerardo Landaverde en el que se denunciaba el incumplimiento de la medida cautelar. De acuerdo con el documento, para el 23 de mayo, Algasa, S.A. de C.V. continuaba con la construcción como si nada.
Por esto, el denunciante solicitaba a la jueza Nidia Oneyda Cáceres de Jiménez la imposición de medidas adicionales para detener la construcción y que se liberara de oficio a la PNC para intervenir en la zona y detener así las obras. También solicitaba la imposición de multas en contra de Algasa, S.A. de C.V. por incumplimiento de órdenes del juzgado y que la Fiscalía General de la República (FGR) interviniera por el delito de desacato a la orden judicial.
Pero el 31 de mayo, la jueza Cáceres dictaminó que “no es procedente, por ahora, decretar otras medidas” ya que “se adoptó la medida cautelar que se consideró idónea” y, además, la sociedad Algasa sigue esperando los resultados de una Auditoría de Evaluación Ambiental del MARN. Ese día, el Juzgado Ambiental de San Salvador volvió a darle la espalda a la depredación ambiental en Nuevo Cuscatlán.
Sin autoridad
Para el abogado Gerardo Landaverde, Algasa, S.A. de C.V. se encuentra en una clara posición de “terminar con el proyecto a como dé lugar y luego hacerse cargo de la responsabilidad”. Esta, de acuerdo con Landaverde, es una conducta propia de empresas destructoras del medio ambiente: “terminar el proyecto, pagar el daño, y lucrarse después ellos mismos”.
El 31 de mayo, la jueza Cáceres alegó no tener facultad de imponer multas e instruir un proceso administrativo en contra de la sociedad. Y, a pesar de que el Movimiento Vecinal La Florida denuncia que la construcción continuaba hasta el 19 de mayo como si nada, el Juzgado dictaminó que “no se ha acreditado hasta ahora que la referida sociedad ha incumplido la medida cautelar impuesta”.
Landaverde explica que una de las opciones de justicia ambiental de las que disponía la jueza Cáceres, tal y como expuso en el escrito del 23 de mayo, es girar de oficio a la FGR por el incumplimiento de la medida judicial interpuesta hace dos meses. La jueza Cáceres resolvió denegar esta solicitud.
Además, la jueza Cáceres volvió a insistir en que si el movimiento vecinal quiere denunciar la ilegalidad de permisos, debe “dirigirse a la instancia pertinente”, es decir, a los tribunales de lo Contencioso Administrativo. Y recomendó que se asistan de un abogado.
De acuerdo con el escrito, “un grupo importante de vecinos” de Florida Sky y Altema, colindantes con el proyecto de Algasa, constataron que el 17 de mayo la sociedad fue notificada por el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán y que, a partir de esto, tenían 24 horas para parar las construcciones. Sin embargo, estas continuaban para el 19 de mayo.
El 24 de mayo, entonces, agentes de la PNC y del CAM de Nuevo Cuscatlán se presentaron a la zona luego de que los vecinos presentaran una denuncia y una copia del expediente de medidas cautelares. De acuerdo con el escrito, los agentes no pudieron ingresar al lugar de la construcción en cuestión: personal de Algasa los redireccionó a las oficinas de la sociedad y mencionaron que los proyectos “tienen permiso ambiental”. Posterior a esto, los agentes se retiraron. Los vecinos, de acuerdo con el escrito, están “sorprendidos”: “la PNC no debía verificar si tenían permisos o no, sino que debían hacer valer la orden del juez ambiental”.
En la resolución del 31 de mayo, el Juzgado solicitó a la PNC la presencia, nuevamente, en el lugar de las obras en el término de 24 horas a partir de recibido el oficio para verificar si se han suspendido las obras. Y a pesar del cese de las obras, la ADESCO y el Movimiento de Vecinos no reportan, hasta el cierre de esta nota, presencia policial en la zona.
La fauna de Nuevo Cuscatlán está en constante desplazamiento debido una serie de construcciones, entre ellas, el megaproyecto Kalamanda y La Florida.
