Bonnie, el MARN y EE.UU.

Mientras Centroamérica sufre con las lluvias de la tormenta tropical Bonnie, la Corte Suprema de EE.UU. dio un revés al cambio climático, limitando los controles sobre el sector energético, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y causante de la crisis climática mundial.


La gobernanza climática está en crisis en el mundo. Lo vemos con Bolsonaro y la explotación de la Amazonía, con Andrés Manuel López Obrador y su obsesión con la construcción del Tren Maya sobre la selva mexicana. Lo vemos con Bukele y su piñata de permisos ambientales en El Salvador. Y ahora Estados Unidos da la estocada con una resolución de la Corte Suprema que le quita poder a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para controlar a la industria del carbón. La EPA regula las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Estados Unidos, uno de los causantes de la crisis climática mundial.

Lo que ocurre en Estados Unidos es lo mismo que ocurre en El Salvador: los intereses económicos han cooptado al Estado con el fin único de generar ganancias a partir de la contaminación ambiental. Más carbón, más energía, más desarrollo. La resolución de la corte conservadora estadounidense frena el margen de acción que tiene la EPA para penalizar a la industria del carbón. Para eso, ahora, la agencia federal deberá esperar el aval de las cámaras legislativas. Haciendo más lenta la lucha contra el cambio climático en el segundo país más contaminador del mundo. 

En el pandémico 2020, la administración Trump abortó al Acuerdo de París —la convención marco de las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático, a la que EE.UU. retornó a inicios de 2022 con el actual presidente Biden—. En 2020, Estados Unidos emitió 4.457 millones de toneladas de CO2, lo que significó el 13.8 % de las emisiones mundiales. Convirtiéndolo en el segundo país que más gases de efecto invernadero emite, después de China. Ahora, si se preguntan ¿por qué es importante hablar de esto, mientras el techo del Rosales se cae? La respuesta es simple: lo que hace Estados Unidos es un desprecio total a la humanidad. En particular, a la región centroamericana que es una de las más afectadas con fenómenos extremos como huracanes y sequías, cuyos consecuencias son los desplazados y refugiados climáticos.

Eventos como Bonnie sacan a la luz lo vulnerable que somos, y la corrupción ambiental que nos deja más indefensos. A su paso por El Salvador, Bonnie dejó daños en infraestructura pública con 30 derrumbes, inundación en la red hospitalaria, incluyendo los hospitales: Rosales, Saldaña, Hospital General del ISSS y Medicina Legal. Las lluvias también afectaron zonas residenciales como la colonia Santa Lucía, de Soyapango, la zona baja de la cuenca Acelhuate y el sur de San Salvador, con la urbanización Loma Linda, centros comerciales del bulevar Los Próceres, colonia San Benito, entre otros lugares. 

Constructores de vulnerabilidad 

La eficiente garduña de permisos ambientales realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es un problema que solo ha cambiado de rostro, pero que se ha hecho desde 1998 cuando se creó ese ministerio. 

La mala gestión de los permisos ha profundizado el desorden territorial y colapsado la obsoleta red de drenaje. En 24 horas de lluvia, Bonnie acumuló 101.6 milímetros (mm), un rango bajo si tomamos en cuenta el histórico. Por ejemplo, en 24 horas con la tormenta Amanda-Cristóbal, en junio de 2021, se acumularon 352.8 mm; en 2010, la tormenta tropical E12 dejó un promedio diario de 433 mm; el huracán Ida en 2009 dejó 355 mm. Es decir, no ha llovido tanto como en otros años.

Lo que ha incrementado es la impermeabilización de los suelos en la capital. Gracias a la visión netamente extractivista y economicista de la gestión Bukele. El discurso público de sus funcionarios y de diputados del oficialismo es que “el desarrollo no puede pararse”, pero en realidad, nunca han puesto freno a la avaricia de la empresa privada, y ahora estas élites económicas y políticas se han vuelto una sola.

Y eso se evidencia en el caso de la Residencial Quintas Doradas, en Panchimalco. La construcción fue desarrollada por Inmuebles, S.A. de C.V., una empresa familiar de Carlos Guerrero, quien fue ministro de Medio Ambiente entre 2007 y 2009, en la gestión del expresidente preso, Elías Antonio Saca.

Las obras se realizaron en 2006, a pesar de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró que la construcción se ubicaba en un lugar de pueblos indígenas, protegido bajo la capa de la Cordillera del Bálsamo, y donde bajaba una quebrada de invierno. En 2022, 16 años después, los habitantes de Quintas Doradas ruegan a diario, vía Twitter, al Ejecutivo para que resuelva el problema de deslaves que sufren con cada tormenta. 

Y se preguntarán ¿Cómo es posible que el exministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, salga impune en medio de este desastre? Pues gracias a la inoperancia de la Fiscalía General de la República que no persigue los delitos ambientales. También, la impunidad ambiental viene de las leyes que han sido pensadas en beneficio de empresa privada y no en la protección del medio ambiente. Otro de los factores que influyen es la carencia de educación ambiental en todos los estratos sociales. Todo eso se mezcla en un ciclo interminable de vulnerabilidad que se reinicia con la llegada de las lluvias. 

Quintas Doradas es un ejemplo de cómo se ha construido en San Salvador. Y responde el por qué nos inundamos con una pequeña tormenta.

El sísifo estatal

Pero el gobierno de Bukele no solo repite los ciclos de corrupción e impunidad ambiental de sus predecesores. También está haciendo un sísifo, dado a lo absurdo e inútil que resulta estar limpiando quebradas y ríos cada vez que viene la tormenta. 

Las jornadas de limpieza sin una política integral, resultan en un ciclo interminable de recolección de basura. En lugar de frenar de raíz la generación de plásticos de un solo uso, de crear un sistema eficiente de recolección de desechos en todo el país. En lugar de asumir que el problema aquí somos todos, no solo el consumidor final como lo hace ver en sus campañas de “educación ambiental”. En lugar de eliminar la importación de plásticos de Estados Unidos, y regular los procesos de la empresa privada local. 

También, aumentando el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, respentando las zonificaciones ambientales, ampliando la cobertura boscosa.

Mientras eso no pase, seguiremos inundándonos, llenándonos de basura y viviendo en vulnerabilidad.