Guatemala parece ser el vecino hostil del triángulo norte centroamericano. De ese país salen aguas cargadas de metales pesados, desechos sólidos y miles de plásticos, por ríos que desembocan en tierras hondureñas y salvadoreñas. Frente a los serios daños ambientales, los congresos de los países vecinos han abordado el conflicto con Guatemala de diferentes formas.
En Honduras, por ejemplo, los diputados del Partido Salvador de Honduras han dicho que se “agotó” la vía diplomática y presentaron al Congreso Nacional una propuesta de ley para demandar a Guatemala. Eso después de que el río Motagua, que por más de doce años ha arrastrado contaminación, abarrotara las playas turísticas de Omoa, en el Caribe hondureño.
El río Motagua recorre 80 municipios guatemaltecos y recoge la basura de cinco millones de personas. Con la tormenta tropical Julia, al menos, 20 mil toneladas de desechos dejaron inaccesibles 60 kilómetros de playa.
El instrumento legal propuesto en el congreso servirá para que un equipo técnico integrado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República inicien un litigio ambiental internacional, que obligue a Guatemala a sanear la cuenca Motagua.
Sobre el tema, Guatemala dice que no se agotó la vía diplomática y ha iniciado un nuevo diálogo con el gobierno de Xiomara Castro para resolverlo. Pero, Honduras está desesperada con la contaminación y ha llevado el caso del río Motagua en su agenda a la COP27, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Donde los países firmantes negocian la crisis climática.
En cambio, El Salvador —también suscrito a la COP— no se ha pronunciado oficialmente sobre la mina Cerro Blanco. Un problema que desde hace doce años denuncian movimientos ambientalistas de Guatemala y El Salvador como una amenaza a la seguridad hídrica de tres millones de salvadoreños que dependen del agua del río Lempa. El silencio de la gestión Bukele ha provocado que los ambientalistas peguen afiches por las calles de San Salvador, y otros municipios, con el mensaje: “Presidente, te exigimos acción contra la mina Cerro Blanco”.
El silencio sobre el tema, al menos en la Asamblea Legislativa, se rompió en la sesión plenaria del 8 de noviembre. Cuando el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, respondió con ironía a la oposición que puso en el debate el caso de la mina Cerro Blanco. “¿Ahora qué, estamos legislando para Guatemala también?, para resolver el problema de otro país que claro, nos afecta a nosotros pero, ¿cómo lo vamos a resolver desde la Asamblea Legislativa? ¿Le cambiamos el cauce al río desde un decreto para que ahora la basura vaya para allá y no de allá para acá? Creo que tenemos que ser serios y no vertir opiniones porque se oyen bonitas, o por querer atacar», criticó.
Esa noche, Ayala se llevó los aplausos de su bancada por propiciar las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Medio Ambiente para regular la mala disposición de los desechos sólidos. Con las modificaciones, el partido Nuevas Ideas quiere reducir las inundaciones y convertir a El Salvador en un “país limpio”. Después de quebrar a las municipalidades quitándoles el FODES, reduciendo su capacidad para ofrecer el servicio de tren de aseo.
La contaminación de Güija
Mientras el debate sobre la mina Cerro Blanco sigue sin abordarse de manera formal en la Asamblea Legislativa, El Salvador recibe permanentemente las aguas contaminadas provenientes de Guatemala, a través de los ríos Angue, Ostúa y Cusmapa, según un estudio realizado entre mayo de 2012 y febrero 2021 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El estudio “Evaluación de elementos tóxicos en el lago de Güija y sus afluentes ríos Angue, Ostúa y Cusmapa” expone entre sus hallazgos que los tres ríos arrastran cianuros, cobre, cinc, níquel, mercurio, aluminio, plomo, arsénico y cadmio. Todos esos elementos están “fuera de la norma” y terminan en el lago de Güija.
Pese a que el estudio del MARN registra metales pesados y metaloides en el agua, los lodos y sedimentos del fondo del lago de Güija; el presidente la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, ha negado en entrevistas televisivas que el lago tenga metales pesados.
