“Ahí andan los del CAM y la policía, dicen que ya no podemos vender en Aguas Calientes”, se queja Karla, una de las comerciantes informales que viven de la venta diaria que hacen en el cerro Afate, un lugar donde brotan aguas termales que atraen a turistas al noreste del lago de Coatepeque, en el occidente de El Salvador.
Karla omite su nombre real porque tiene miedo que ya no le renueven el permiso de venta que ha gestionado en la Alcaldía de Santa Ana. La comuna desde hace meses ha puesto dos rótulos que dicen: ¡Zona libre de ventas!
Esta es la segunda entrega de una investigación realizada por la MalaYerba durante el último año. Hoy revelamos cómo Desarrollos Agua Caliente, empresa de Corporación Venecia, usó la legislación salvadoreña y al Órgano Judicial para intimidar, a través de demandas, a la Alcaldía Municipal de Santa Ana que le negó cuatro veces los permisos de parcelación y construcción en tierras con protección desde 2019. Y en donde hoy edifica el proyecto exclusivo Coatepeque Lake Villas, con quintas residenciales que se venden en un rango desde los 584 mil dólares hasta los 900 mil dólares. Esta es la primera entrega.
El problema y la solución
Las cosas se complicaron para el proyecto Coatepeque Lake Villas en marzo de 2019, cuando entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 9 sobre las Directrices para la Zonificación Ambiental y los Usos del Suelo de la Cuenca del Lago de Coatepeque.
En este decreto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) clasificó las tierras del Afate en la categoría de “máxima conservación”, lo que prohíbe, entre otras actividades, la construcción de viviendas y los sistemas de saneamiento de aguas residuales. Allí, básicamente, se permite el ecoturismo y la conservación del suelo.
A raíz de esta nueva zonificación, entre 2019 y 2021, Desarrollos Agua Caliente acumuló denuncias en el Juzgado Ambiental de Santa Ana y la Cámara Ambiental San Salvador por tala de árboles en peligro de extinción, uso de explosivos no autorizados, cambio del uso del suelo y otros delitos ambientales.
La empresa ya tenía el permiso ambiental desde 2002 y mantenía su plan de construir, pese a las denuncias. Es así como en 2020 le pidió cuatro veces el permiso de parcelación a la alcaldía santaneca, a cargo de Milena de Escalón, del partido ARENA. Pero se lo negaron cuatro veces.
La negatoria del permiso hizo que las obras de construcción se detuvieran.
En respuesta, Desarrollos Agua Caliente demandó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana al concejo municipal y a diferentes empleados de la comuna: al supervisor de obras civiles, al jefe del Departamento de Ingeniería y al gerente técnico de Desarrollo Territorial.
La empresa exigía la indemnización bajo dos figuras de daños y perjuicios regulados en el artículo 1427 del Código Civil: daño emergente —entendido en este caso como el daño económico por la suspensión de obras— , por el que pedía $3,141,064.00; y lucro cesante — ganancias que han dejado de percibir por la falta del permiso —, calculado por la empresa en $9,728,348.08. La suma de ambos procesos hace un total de $12, 879, 412.08 millones en concepto de reparación de daños.
Pero el 10 de junio de 2021, cuando Gustavo Acevedo, del partido oficialista Nuevas Ideas, ya era alcalde santaneco. Desarrollos Agua Caliente pidió a la comuna que revisara los cuatro actos procesos que frenaban la construcción de las quintas en el lago de Coatepeque.
En la sesión del 7 de julio de 2021, el nuevo concejo rechazó lo que había decidido la administración anterior, cuatro veces, para evitar la parcelación donde estará Coatepeque Lake Villas. Al tiempo que ordenó al jefe del Departamento de Ingeniería de la alcaldía “conceder” este permiso.
El 20 de agosto, este departamento dio el permiso de parcelación. Y, un mes después, el 20 de septiembre, el permiso de construcción.
El caso llegó hasta la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana y la Cámara se declararon incompetentes. Es así como el 21 de diciembre de 2021, la Corte Plena resolvió que la Cámara de lo Contencioso Administrativo era la instancia judicial encargada de ver el proceso en contra de la alcaldía.
Pero ya con los dos permisos emitidos en la gestión de Nuevas Ideas, el 29 de septiembre de 2021, Desarrollos Agua Caliente pidió a la Cámara anular la denuncia contra la comuna y también retirar las demandas por más de 12 millones de dólares. La Cámara, en enero de 2022, anula y archiva el caso.
Es así como Corporación Venecia, a través de Desarrollos Agua Caliente, consigue los permisos municipales para la construcción Coatepeque Lake Villas, un proyecto de 39 quintas de lujo con piscinas de aguas termales incluidas; que también vende en bitcoin y promueve como eco amigable. Pero la construcción se ubica en una zona de “máxima conservación”, y en medio de dos áreas naturales protegidas recién nombradas: el espejo de agua del lago de Coatepeque y el cerro Pacho.
“Politización” del judicial
“Utilizaron al órgano judicial para amedrentar a los funcionarios, hasta que cambió de manos el poder político en esta comuna”, resume el caso el abogado administrativista, Jonathan Sisco, de la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal.
Al analizar la demanda millonaria para la construcción en el cerro Afate, Sisco identifica dos fenómenos detrás en la utilización de herramientas legales: la judicialización de la política y la politización del judicial.
“Cuando el órgano judicial se presta a favorecer fines políticos, estamos hablando de un órgano que ya no es técnico, sino que ha sido colonizado por el poder político. Y precisamente va a beneficiar a poderes políticos, intereses personales, intereses financieros, intereses económicos”, agrega el abogado de Cristosal.
La nueva Asamblea Legislativa, en la administración de Bukele, eligió al Fiscal General y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin respetar los procedimientos legales. También ha nombrado nuevos jueces, destituyendo, en 2021, a los mayores de 60 años.
Desarrollos Agua Caliente S.A. de C.V. ha sido señalada por la obtención irregular de permisos de construcción para el desarrollo del proyecto urbanístico “Agua Caliente Lake Villas”, sobre todo porque se trata de empresarios cercanos al círculo familiar del actual presidente de la República, Nayib Bukele, incluyendo a Arena Perezalonso de Rodríguez, su suegra. Y al empresario Marco Zablah Safie, hermano del exdiputado Francisco Zablah, del partido que llevó al poder a Bukele: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Hasta diciembre de 2022, el proyecto urbanístico era publicitado en las redes sociales de Corsesa de El Salvador, la empresa de la suegra del presidente Bukele. Ella y la hermana de Marco Zablah, Claudia Zablah de Bukele, fueron inicialmente las asesoras de venta de las quintas exclusivas.
En contextos como el salvadoreño, la falta de independencia judicial está profundizando problemas socioambientales y dificultando el acceso a la justicia ambiental, explica el abogado de Cristosal.
El presidente Bukele rechazó firmar el Acuerdo de Escazú, que se desprende de la Declaración de Río de la que El Salvador es parte. El Acuerdo obliga a los Estados parte a procurar el acceso a la información, la justicia y democracia ambiental, así como la protección de las personas defensoras ambientales.
Las irregularidades en el permiso del cerro Afate se remontan a la gestión de ARENA en 2002. El entonces ministro de Medio Ambiente, Walter Jokishc, familiar de los propietarios del proyecto, avaló el permiso cuando la consulta pública, herramienta de la democracia ambiental, se anunció entre el 1 y 3 de mayo, en un feriado por el Día del Trabajo.
Para esta investigación, la MalaYerba solicitó entrevistas con la Corporación Venecia, la empresa detrás de Desarrollos Agua Caliente, la Alcaldía Municipal de Santa Ana y Ministerio de Medio Ambiente, ninguna de las fuentes respondió. La única en contestar fue Arena Perezalonzo de Rodríguez, quien reiteró que no tiene nada qué ver con el proyecto.
