Este año inició con una nueva amenaza de desalojo para las 20 familias de la finca Santa Elena, ubicada en el distrito de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad Este. Sin llegar a acuerdos con la comunidad, la empresa Inversiones Cayalá El Salvador, S.A. de C.V. inició obras de terracería de la segunda etapa del megaproyecto Kalamanda.
La maquinaria pesada ha dejado a las viviendas en medio de las obras, mientras que las familias piden ayuda de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. En 2017, Sol gobernó en Nuevo Cuscatlán. Como alcaldesa dio los primeros pasos para que esas tierras dejaran de estar protegidas y pasaran a ser urbanizables.
En 2022, el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán frenó el desalojo que Inversiones Cayalá, S.A. de C.V. impulsaba en estas tierras que compró de manera opaca.
Ahora, los colonos piden a la empresa que reconozca el valor de la tierra en la que muchos han nacido, pues solo les han ofrecido $400 para el pago de transporte. En una reunión realizada en 2016 en la finca, Inversiones Cayalá El Salvador, S.A. de C.V. se comprometió con reubicarles dentro de Nuevo Cuscatlán, pero la empresa no ha cumplido.
Inversiones Cayalá El Salvador es parte del cártel inmobiliario de Nuevo Cuscatlán, que MalaYerba reveló en 2022.
Conoce aquí la historia: primera entrega y segunda entrega.
