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Juez frena desalojo de colonos de la finca Santa Elena

El Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán determinó que la solicitud de Inversiones Cayalá, S.A. de C.V. carecía de argumentos para el desalojo de 20 familias de la finca Santa Elena. También, Cayalá inició el trámite para obtener el permiso ambiental en el MARN.


A sus 68 años de edad, Teresa de Jesús Hernández se aferra a lo único que le queda: Dios. “Estamos peleando contra una empresa grande, solo Dios con nosotros”, repite mientras espera sentada a las afueras del Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán, la resolución que definirá si seguirá viviendo en la finca Santa Elena, donde nació hace 68 años. La empresa Inversiones Cayalá, S.A. de C.V. demandó a 20 habitantes de la finca que obstruyen sus planes de urbanizar 23 hectáreas de bosque de café.

Son las 11:50 del mediodía del 20 de julio y los abogados salen a dar la noticia. “Hemos recibido un fallo absolutorio a favor de las familias”, dice Andrés Landaverde, uno de los abogados independientes que asistieron a los habitantes.

El juzgado determinó que no había “presupuestos necesarios atinentes” para el desalojo bajo la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, y cerró el caso. En el proceso judicial participaron abogados de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y del Foro del Agua, quienes acompañaron a las 20 personas demandadas.

“Este es un respiro, porque sabemos que la empresa va a insistir”, explica Dalia González, abogada que acompaña a los colonos de la finca Santa Elena. 

Los habitantes de la finca Santa Elena son diversos: unos llegaron en los últimos años, pero otros, como Teresa Hernández, nacieron en el lugar y trabajaron para la familia Guirola en el beneficio de café. En 1980, con la reforma agraria recibieron las tierras y formaron la Cooperativa Florencia. En 2014, la directiva de la cooperativa vendió, en un proceso opaco, los terrenos de los cooperativistas a Inversiones Cayalá. Y ahora, afuera del juzgado Teresa Hernández asegura que no tiene para dónde irse.

La única opción que ha ofrecido la empresa es la reubicación en el municipio de Rosario de Mora, un lugar que limita entre los departamentos de La Libertad y San Salvador. Para buscar una solución, los habitantes de la finca Santa Elena han solicitado ayuda al Ministerio de Vivienda, pero no han recibido respuesta, explicaron. 

Permiso ambiental

Mientras la solicitud de desalojo se veía en el Juzgado de Paz, el 14 de julio, Inversiones Cayalá ingresó el formulario ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ese es el proceso inicial para obtener el permiso ambiental para la obra.

En la descripción del proyecto, la sociedad señala que construirá viviendas multifamiliares tipo dúplex y edificios de 5 y 6 niveles, en un espacio de 23 hectáreas. También, la urbanización tendrá planta de tratamiento de aguas residuales.

El proyecto de Inversiones Cayalá es parte de la megaconstrución Kalamanda, que abarca las fincas Suiza y Santa Elena. En 2017, tras la intervención de la exalcaldesa y ahora ministra de Vivienda, Michelle Sol, los terrenos cobraron plusvalía al dejar de ser protegidos por la zonificación ambiental del MARN.