Los habitantes del cantón Arenal y de la finca Argentina, en Ciudad Delgado, desconocían acerca de un proyecto habitacional llamado Ciudad Formosa, porque la alcaldía mantuvo en secreto las gestiones para esta construcción y la consulta pública transparente que exige la legislación ambiental salvadoreña. Los vecinos, la mayoría agricultores, podrían quedarse sin tierras para cultivar y sin casas.
La zona donde se planea construir Ciudad Formosa es parte de Valle El Ángel, la recarga hídrica que abastece San Salvador y que en los últimos años está siendo intervenida por otros proyectos urbanísticos a cargo de las familias Dueñas y Poma.
En el caso de Ciudad Formosa, el titular del proyecto es Li Fu Liu, un taiwanés que ha tenido vínculos laborales con el actual presidente de la Federación Salvadoreña de Volleyball, Shean-Jyh Liou, mejor conocido en el mundo deportivo como “Fito Liu”.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Registro de Comercio, el 16 de julio de 2009, Shean-Jyh fue nombrado administrador único propietario del Parque Industrial Sam Li S.A. de C.V., ubicado en San Juan Opico, La Libertad; y Li Fu Liu, su administrador suplente. Además, Li Fu Liu es representante legal de la sociedad Hermano Textil S.A. de C.V., de acuerdo con el Diario Oficial, tomo N°435, publicado el 28 de junio de 2022.
Hermano Textil fue la maquila de San Marcos tomada por las empleadas, a causa del incumplimiento del pago de sus salarios durante la emergencia del COVID-19, en 2020. Y en 2022, la empresa maquilera fue acusada por la Coordinadora Sindical Salvadoreña de no pagar la incapacidad de seis meses a una empleada que tenía licencia de maternidad, además de amenazar con despedirla.
Mientras que en el cantón El Arenal y la finca Argentina, la población asegura que: «nosotros no sabíamos nada. Sabíamos que estas tierras eran de un banco. Un compañero que siempre está pendiente me dijo: “Estos terrenos se los van a vender a unos chinos”», cuenta Diego Martínez, un agricultor del cantón Arenal.
El cantón Arenal está ubicado a un lado del cerro del mismo nombre, donde se construirá parte del proyecto habitacional. En este lugar vive gente que ha trabajado toda su vida en el campo, pero a ninguno la alcaldía de Ciudad Delgado le comunicó oficialmente sobre las construcciones que, aparte de dejarlos sin tierras, los dejarán sin casa, incluyendo a un grupo de vecinos no videntes.
La consulta pública es un mecanismo que busca la opinión de comunidades para conocer su postura sobre proyectos que podrían afectar su calidad de vida. Este mecanismo, regulado por el Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe implementarse en el país a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y las municipalidades, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Y debe partir de tres principios: debe ser previa, pública e informada.
Nada de esto ocurrió en el cantón Arenal. Los vecinos supieron que se estaba realizando una consulta pública sobre Ciudad Formosa hasta ver una publicación del MARN, entre el 11 y 13 de abril de este año, en La Prensa Gráfica.
La consulta, según el MARN, se hizo entre el 10 y 21 de abril, pero sin avisar formalmente a los habitantes que serán afectados por la construcción.
Una consulta pública autoconvocada
Son las 2:30 de la tarde del domingo 16 de abril. Poco a poco los vecinos llegan a un salón pequeño ubicado a un costado de la iglesia del cantón Arenal hasta hacerse un grupo de 16 personas. La reunión es organizada por el Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador.
El objetivo es informar sobre Ciudad Formosa y hacer la consulta pública que no realizaron las instituciones que, por ley, deben hacerlo.
Este día estaba programada una visita de la Unidad Ambiental de la alcaldía de Ciudad Delgado al cantón Arenal, para realizar la consulta, pero el edil de Nuevas Ideas, Mario Vásquez, ni personal acompañaron el proceso. Todo se ha trabajado en secreto, confirman a la MalaYerba, Carlos García y Edgar Vanegas, del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú.
En el cantón Arenal, muchas personas no saben leer ni escribir, tampoco tienen acceso a Internet. Pero eso, dicen los vecinos, no es ningún impedimento para que las entidades encargadas dialoguen con las comunidades sobre estos proyectos y encuentren las formas en las que todos participen.
En el Convenio 69, que El Salvador ha ratificado, la OIT plantea que, en las consultas públicas, los gobiernos deben ser responsables de asumir una coordinación que proteja y garantice los derechos de los pueblos; y que, en estos procesos, también deben respetarse su integridad y eliminar las brechas socioeconómicas que no permitan una participación efectiva de todos los involucrados.
El Salvador se quedó afuera del Acuerdo de Escazú, que potencia la democracia ambiental a través de la consulta pública. Eso luego que el presidente Nayib Bukele rechazó firmarlo en 2019. El Acuerdo se desprende de la Declaración de Río de la que El Salvador es parte. El Acuerdo obliga a los Estados parte a procurar el acceso a la información, la justicia y democracia ambiental, así como la protección de las personas defensoras ambientales.
Pero en Ciudad Formosa ni siquiera se respetó lo previo, público e informado de la consulta pública. El Sistema de Evaluación Ambiental en línea del MARN, actualizado a finales de 2022, en el que se publican las consultas públicas vigentes, se eliminaron las fechas de inicio y cierre de cada consulta pública.
Solo se conocen las consultas promovidas desde las alcaldías y los tres avisos que las empresas a cargo de los proyectos a ejecutar deben publicar en un medio de comunicación masivo.
El artículo 25 de la Ley del Medio Ambiente indica que, si los resultados del estudio de impacto ambiental de un proyecto como Ciudad Formosa implican afectaciones en la calidad de vida y en el medio ambiente, el MARN, como máximo regulador de la legislación ambiental, debe ordenar una consulta pública para que cualquier persona afectada exprese por escrito, en 10 días hábiles, sus argumentos. El proceso ocurrió, pero sin que las personas afectadas lo supieran de manera oficial.
Ana Gómez, habitante de la finca Argentina y encargada de Comunicaciones de la Asociación de Desarrollo Comunal Finca Argentina, confirmó que la empresa encargada del estudio de impacto ambiental, Proambiente, realizó una encuesta con 199 personas en la zona.
Las encuestas fueron anexadas al estudio del impacto ambiental y, después de revisar este documento, el MARN ordenó la consulta pública del proyecto, pero en esta no participaron las comunidades que serán afectadas por la construcción, sino solo la municipalidad.
Y del inicio y del final de esta consulta pública, el MARN no transparentó la información en sus canales oficiales. Lo único que sí publicó en su sitio web fue el estudio de impacto ambiental realizado por Proambiente e identificado como NFA1766-2022, el pasado 21 de noviembre.
Un proyecto de alto impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental de Ciudad Formosa dice que el proyecto se empezó a diseñar y tramitar hace 24 años y pasó por varios cambios.
El análisis para saber si el lugar y la propuesta de construcción eran adecuados fueron gestionados en 1998. En ese entonces, el terreno era propiedad de Barahona Diversos S.A. de C.V., una empresa que se dedica al rubro de la terracería. Luego el terreno fue adquirido por Li Fu Liu, quien continuó con el desarrollo del proyecto urbanístico y es el actual titular.
La primera vez que se presentó el proyecto Ciudad Formosa en el MARN para su evaluación fue el 10 de junio de 2021. El proyecto inicial contaba con 25 torres de seis niveles y ocho apartamentos por nivel, haciendo un total de 1,200 apartamentos en un terreno equivalente a 40 canchas de fútbol.
La segunda vez que se presentó, para optar por los permisos ambientales y de construcción, fue el 22 de noviembre de 2021. En este caso, la cantidad de torres disminuyó a 17, de nueve niveles y ocho apartamentos por nivel.
En ambas ocasiones, el MARN clasificó el proyecto como N3, es decir, de alto impacto ambiental y que deben analizarse detalladamente por las implicaciones negativas al ejecutarse. Pese a ello, el proyecto pretende realizarse en siete años por la constructora León Sol Arquitectos S.A. de C.V., los mismos diseñadores de Paseo del Prado y Ciudad Valle El Ángel.
Para este reportaje, MalaYerba buscó entrevistas con el alcalde Vásquez, o algún miembro de su consejo municipal, así como con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, pero no hubo respuestas.
Desalojos y desplazamiento de especies en extinción
El 12 de abril, los miembros del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú visitaron la zona de construcción. De acuerdo con Edgar Vanegas, los trabajos de desalojo de algunos residentes dentro de la zona de construcción ya habían iniciado. También registraron que la firma Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., especializada en estudios de suelo, realizaba estudios técnicos en el terreno colindante con la finca.
Los líderes comunales y miembros del Equipo Impulsor de Escazú opinan que el estudio de impacto ambiental debe incluir todos los impactos de los proyectos urbanísticos en la zona, porque todos los ecosistemas están conectados.
Además de ser una recarga hídrica que abastece a la capital salvadoreña, la zona se caracteriza por tener suelo Andisol, propio de lugares montañosos, y que propicio para el crecimiento de hortalizas y otros cultivos
En el cantón Arenal y la finca Argentina, los impactos no se miden solo en que dejará sin tierra y cultivos a los habitantes, sino también porque ahuyentará a especies animales y la tala de árboles disminuirá nacimientos de agua.
En la zona del cantón Arenal, existen dos quebradas y el río Chahuite, que tienen agua sin contaminar. Pero hoy los vecinos y los líderes municipales de Ciudad Delgado temen que estos mantos acuíferos se contaminen con las aguas residuales del proyecto urbanístico, si la empresa no les da el tratamiento adecuado.
“La zona es de alta infiltración o captación de agua, lo que nosotros prevemos que al impermeabilizar esa zona de captación, será un gran problema”, menciona Vanegas. El proyecto se encuentra a solo seis kilómetros del Área Nacional Protegida Santa María.
Según el documento titulado Zonificación Ambiental y Usos del Suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador, de 2019 y modificado en 2021, el área de recarga acuífera de la zona está en las categorías “alta y muy alta”.
Estas áreas de recarga muy alta están en sectores de Ciudad Delgado como San José Cortéz y Plan del Pito. Además de ubicarse en las faldas del volcán de San Salvador, como la zona de recarga hídrica Valle El Ángel, en constante amenaza por la construcción del proyecto inmobiliario a cargo de la familia Dueñas; las próximas etapas de Paseo del Prado, de la familia Poma y, últimamente, la construcción del proyecto estatal paso a desnivel Integración.
Vanegas dice que, según investigaciones realizadas por el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, en otros proyectos residenciales se han contaminado algunas quebradas cercanas, porque las empresas dejaron de tratar las aguas residuales o no se les dio el mantenimiento adecuado.
Dentro del terreno de Ciudad Formosa se talarán 30 árboles de 122, entre ellos el Cincho y el Guachipilín, ambas especies clasificadas en peligro de extinción en el Listado oficial de especies de vida silvestre amenazadas o en peligro de extinción.
En el caso de la fauna dentro del área de construcción del proyecto hay siete especies de reptiles, entre ellas, el garrobo, que está en peligro de extinción; una especie de anfibios. También hay 26 especies de aves, como el Chocoyo y la Catalnica.
Mirna, de cantón Arenal, dice que los agricultores que trabajan en los terrenos donde se construirá el proyecto están preocupados, más los ancianos, que cosechaban para consumo propio y para sobrevivir de la venta de estos productos.
“Un encargado que supuestamente anda con la empresa nos dijo que nosotros vamos a ser desalojados nomás empiece el proyecto”, apunta Abraham Palma, otro residente.
Palma dice que, como él, otros vecinos no tienen escrituras de las parcelas y que por ello llegaron a asentarse en este lugar.
“¿Para dónde nos vamos a ir si no tenemos dónde? Si ahí estamos porque no tenemos vivienda, no es porque queramos estar usurpando lo que no es de nosotros”, lamenta.
