Desde lejos, el cerro Tajurán –como lo conocen los habitantes de Chiquimula, en Guatemala– se ve como una herida marrón de pinos ralos y tierra seca. Los caminos improvisados que llegan a él apenas aparecen en el mapa. Y las casas, separadas por potreros y cercas, son pocas y distantes. Pero hay una que quedó al filo de una estructura de tierra rasgada. Es la casa de un hombre al que llamaremos José. Ronda los 50 años, es agricultor y no quiere que lo identifiquen, por miedo.
Él y su familia viven casi suspendidos al lado de un hoyo que dejó en 2021 el proyecto minero El Pato II, que contando apenas con una licencia de exploración, fue perforando el cerro para extraer oro y plata. “Viera cómo temblaba la casa…”, cuenta José mirando el hoyo donde ya crecieron algunos arbustos. “Pasamos quizás unos dos meses oyendo esos retumbos todas las noches…”
Aunque la zona parece abandonada, en el papel no lo está. Casi cinco años después de que las autoridades atendieran el caso como una extracción ilegal de oro a gran escala, la licencia minera El Pato II, LEXR-821 continúa “vigente por derivada”, es decir, el derecho minero no ha sido cancelado a pesar de que en 2021 las autoridades decomisaron cinco camiones llenos de roca que salían del cerro.
Además, un informe de actividades del consultor Guillermo Fernando Alvarez, contratado para prestar servicios técnicos al Ministerio de Energía y Minas, revela que la licencia de El Pato II está lejos de ser un expediente muerto.
Según el documento, entre el 1 y el 30 de junio de 2025, Alvarez sostuvo al menos dos reuniones con “supuestos solicitantes del expediente minero El Pato II”. Estos encuentros fueron para el “reconocimiento de la titularidad de la tramitación de dicho expediente”. Es decir, hay interesados en que el Estado les reconozca como los dueños legales del trámite minero. Sin embargo, el consultor admite en su informe, que durante estas reuniones tuvo que explicar a los interesados la “situación de explotación ilegal del patrimonio del país en ese yacimiento”. Sin dar mayores detalles.
El Pato está ubicado en el municipio de San José La Arada, un territorio mayormente rural donde la subsistencia depende del trabajo agrícola. No es un destino turístico ni un polo industrial. En sus aldeas y caseríos la vida pasa entre casas de lámina, otras de bloque de cemento; animales de patio, milpas de maíz y frijol y algunas quebradas donde los habitantes del caserío llevan a sus vacas.
El municipio pertenece a Chiquimula, un departamento que comparte frontera con Honduras y El Salvador, donde los conflictos por tierra y minería se intensifican porque la zona ha sido señalada durante años como un territorio estratégico para el contrabando.
InSight Crime —organización especializada en crimen organizado en América Latina y el Caribe— señaló en 2021 a Chiquimula como “el punto de entrada más importante de cocaína de contrabando a Guatemala”. Además del narcotráfico, el departamento es conocido por el contrabando de armas, otras mercancías ilícitas y también como paso de migrantes.
Es en ese contexto que, en 2003, la Compañía Minera El Cóndor, S.A. recibió la licencia LEXR-821 para buscar oro y plata en los municipios de San José La Arada, en Chiquimula, y San Luis Jilotepeque, en Jalapa. El Ministerio de Energía y Minas le autorizó inicialmente un polígono de 65 kilómetros cuadrados —una extensión comparable a más de 9,000 canchas de fútbol juntas— pero en 2005 esa área aumentó a 80.5 kilómetros cuadrados porque según justificó la empresa “las vetas de cuarzo con mineralización de oro y plata cruzaban la línea del polígono establecido en la licencia otorgada”.
Sin embargo, cuando la empresa pidió permiso para explorar, el yacimiento de oro no era una hipótesis. En el expediente “Proyecto Minero El Pato II” presentado por la compañía ante el Ministerio de Medio Ambiente, se detallan estudios que indican que en la zona había oro y bastante. Primero se menciona que el Programa de las Naciones Unidas buscaba zinc, cobre y otros minerales en 1966, y terminó encontrando, además, escorodita, un mineral que suele aparecer en zonas donde hay oro.
Ese hallazgo despertó el interés del Ministerio de Energía y Minas que entre 1985 y 1990 hizo su propia exploración en un área de tres kilómetros cuadrados —apenas un 4 % del polígono que luego le concedería a la empresa El Cóndor para explorar—. Según el expediente, en esa zona cada tonelada de roca contenía, en promedio, 11.13 gramos de oro y 11.36 gramos de plata. En total, el estudio calculó más de 634 mil toneladas de material con presencia de estos metales.
El documento también señala que el Fondo Rotatorio de Naciones Unidas para la Exploración de Recursos Naturales estimó que el yacimiento podría contener hasta 2.05 millones de toneladas de material mineralizado, con un promedio de 7 gramos de oro por tonelada. Con esas cifras, el volumen proyectado rondaría las 14 toneladas de oro.
A precios internacionales actuales, una sola tonelada de oro puede valer más de 160 millones de dólares. Lo que significa que, en términos brutos, el volumen de oro en la zona podría valer miles de millones de dólares sin tomar en cuenta los costos de extracción, el procesamiento y otros gastos.
“Cuando un Estado identifica un importante yacimiento de oro, lo primero que debe hacer es tener sus propios estudios técnicos, no depender de lo que le dice la empresa. Esos estudios serían saber cuánta reserva podría haber en la zona y su valor en el mercado. Luego evaluar los impactos ambientales y sociales, pues no todo yacimiento debe explotarse y por último diseñar un plan fiscal rentable no solo para la empresa sino para el Estado”, explicó a La Astilla el ingeniero Jorge Recinos, experto en estudios de impacto ambiental.
En Guatemala, la ley minera establece una regalía obligatoria mínima del 1 %, sobre el valor bruto del mineral extraído. Un ingreso que se reparte entre el Estado y la municipalidad donde se encuentra el yacimiento. Aunque el país ha atraído inversión extranjera en proyectos mineros como la Mina Cerro Blanco o la Mina Marlin, en la realidad la actividad minera ha aportado alrededor del 0.8 % al Producto Interno Bruto Nacional, con minerales como oro, plata y plomo. En contraste con sectores como el café o los textiles.
Un pasado cuestionado
Cuando a la empresa El Cóndor se le terminó el tiempo para explorar y vencieron las dos prórrogas que permite la Ley en Guatemala, solicitó permiso al Ministerio de Energía y Minas para explotar el cerro a cielo abierto. Es decir, ya no se trataba de buscar el oro, sino de sacarlo de las rocas del cerro con explosivos. Pero en ese trámite, la empresa atravesó por una disputa interna en la que terminó cediéndole su derecho minero a El Pato GT, S.A, por un valor de 125,000 dólares. Fue esta empresa la que figuraba como titular cuando se dio la extracción ilegal a gran escala en 2021.
La licencia original —LEXR-821— fue otorgada como exploración para tres años. Según la Ley de Minería de Guatemala estas licencias pueden prorrogarse hasta dos veces por dos años más en cada prórroga. El Pato II usó sus dos prórrogas disponibles entre 2003 y 2010.
Según la ley si una empresa solicita una prórroga debe reducir el área aprobada inicialmente en un 50 %. Es decir, si el Pato II comenzó su licencia con 65 kilómetros cuadrados, y posteriormente amplió su polígono hasta 80.5 kilómetros cuadrados, en su primera prórroga debía reducir el área a 42.7 kilómetros cuadrados. En la segunda debía disminuir nuevamente a la mitad, es decir, 21.3 kilómetros cuadrados. Sin embargo, una solicitud de prórroga presentada en agosto de 2006 por la empresa minera—al que La Astilla tuvo acceso— muestra que la Compañía Minera El Cóndor solicitó una reducción de solo 1 kilómetro cuadrado argumentando que la ley permitía esa excepción “en casos debidamente justificados”. En ese documento, la empresa defendió la necesidad de mantener casi intacto el perímetro de exploración debido a los “descubrimientos potenciales” en el área. El polígono autorizado a explorar bajó de 80.5 kilómetros cuadrados a 79.5 kilómetros cuadrados en siete años.
Una vez se le acabaron las dos oportunidades de obtener una prórroga, la empresa El Cóndor solicitó en octubre de 2010 la licencia de explotación SEXT-011-10 y presentó un Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN), que fue aprobado en diciembre de 2011, otorgándole una licencia ambiental clasificada en Categoría A, la más alta del sistema guatemalteco.
Es decir, el Estado reconoció que El Pato II —una mina a cielo abierto con uso de explosivos y remoción masiva de suelo— podía alterar de forma profunda el suelo, el agua y la vida de las comunidades cercanas. Aún así, el estudio fue aprobado para un año a pesar de que el mismo plan admitía desconocer hasta donde se extenderían los impactos ambientales.
“Esto es clave porque esa licencia solo fue aprobada para durar entre 2012 y 2013, y un proyecto minero de este calibre debe siempre tener su derecho minero vigente y su licencia ambiental vigente”, agregó Recinos.
Pero hay algo más. Entre 2015 y 2017, el Ministerio de Energía y Minas realizó dos inspecciones técnicas en la mina El Pato II, donde encontraron casas de almacenamiento de muestras, registro de perforaciones y “afloramientos con alto grado de meteorización”. Aunque no aseguraron que El Pato II estuviera haciendo una explotación activa sí confirmaron que el proyecto ya tenía una infraestructura lista para la explotación y había roca expuesta erosionada ya visible.
Según la inspección del 28 de abril de 2017 a la que La Astilla tuvo acceso, los técnicos encontraron, además, campamentos donde se observaron “registros de perforación”. Recinos agrega que aunque no había actividades de extracción visibles, “el proyecto ya estaba listo para la explotación”.
“Prácticamente tenían todo listo. No era minería artesanal. Había inversión y exploración profunda. Ese reporte era suficiente para que el Estado estuviera más cerca de la mina”, dijo.
El plan de explotación que presentó El Cóndor en 2010 no hablaba de pequeños trabajos mineros, sino de minería industrial a gran escala: de tipo a cielo abierto con detonaciones; traslado diario de 614 toneladas de roca estéril y 280 toneladas de roca mineralizada; uso de explosivos; 107 trabajadores en fase de construcción; 65 en operación; y un equipo de seguridad que sería el grupo más numeroso.
Las imágenes satelitales comparadas entre 2018 y 2025 muestran una transformación evidente en el cerro. En 2018, la zona aparece cubierta de vegetación. En 2025, en cambio, se observan dos manchas claras con forma de terrazas o taludes escalonados.
Un caso bajo llave
Cuando la comunidad alertó que la empresa sacaba oro del cerro y lo transportaba en camiones por la madrugada, el Ministerio de Energía y Minas hizo un llamado al Ministerio Público por una posible extracción ilegal de recursos naturales, un caso que no presenta avances públicos, pero sí inconsistencias.
María Mancilla, oficial de comunicaciones del Ministerio Público, aseguró a La Astilla que el expediente existe y que está “activo”, pero que se encuentra bajo reserva. No precisó la razón legal por la que cinco años después se mantiene bajo esa figura.
Sin embargo, el reporte estadístico de denuncias de delitos contra el ambiente, obtenidos por este medio vía información pública, en 2021, año en que el escándalo de El Pato II estalló públicamente, no existe ni una sola denuncia registrada sobre extracción ilegal de recursos naturales en Chiquimula. La única denuncia que aparece es un expediente de 2020, un año antes de que el caso se volviera mediático; y según el estado de ese caso, ya hubo una “sentencia por procedimiento común”.
El 25 de febrero de 2026, La Astilla solicitó nuevamente a la funcionaria que aclarara si ese expediente de 2020, que aparece resuelto como “sentencia en procedimiento común”, corresponde al caso de El Pato II y en caso afirmativo, por qué aparece que ya hubo sentencia si, según la propia institución, el expediente continúa activo y bajo reserva. Al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.
Según los datos de los últimos diez años, la mayoría de los casos por explotación ilegal de recursos en Chiquimula ha terminado en “Solicitud de desestimación”.
Para Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien se encuentra en el exilio desde que la fiscal general, Consuelo Porras asumió la dirección de la institución, la ley guatemalteca sí permite declarar una investigación bajo reserva cuando eso abona a una investigación eficaz, pero lo hace bajo condiciones muy estrictas: que la reserva esté debidamente justificada, que no sea automática ni permanente y que su duración no exceda de diez días, prorrogables por otro período igual.
“Mantener un expediente bajo reserva durante años, sin control judicial efectivo, no es la regla ni algo normal. Cuando eso ocurre, la reserva deja de ser una herramienta de investigación y puede convertirse en un mecanismo de opacidad e impunidad”.
El caso también pasó por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de Guatemala que, en 2021, citó a los titulares del Ministerio de Energía y Minas para indagar en lo ocurrido en la extracción ilegal en Chiquimula, sin embargo no hay rastro público o conclusiones de esa fiscalización. Este medio solicitó a la comisión el 25 de febrero, vía correo electrónico, copias de los informes de seguimiento y las actas para verificar las conclusiones de dicho proceso. En la página del Congreso, particularmente de esta comisión, solo hay actas de 2024.
Los nombres detrás
Mientras el Ministerio Público mantiene bajo cerrojo los nombres de los involucrados en el caso de El Pato II, un documento presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida —Caso 21-cv-60462, de febrero de 2022— revela la estructura detrás de la empresa titular de la licencia minera El Pato II y cómo ha sido vinculada al empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
En la investigación contra Machado, la justicia estadounidense nombró a una “receptora” para tomar control de los activos asociados al entramado empresarial de Machado, entre estos se encuentra El Pato GT, S.A. Según el informe, El Pato GT S.A. pasó a ser considerada una empresa “bajo supervisión judicial estadounidense”.
Y es que las sociedades El Pato GT, S.A., Minas del Pueblo, S.A. y Atlas Universal, S.A., además de ser empresas mineras registradas en Guatemala, comparten un nodo central: Romeo Iván Morales, identificado por Estados Unidos como el hombre de confianza de Federico Machado y, además, su socio comercial.
Morales figura como representante legal de Minas del Pueblo y de Atlas Universal, empresa que según constató este medio, le pidió una autorización a la municipalidad de Chiquimula para construir una bodega y un muro en la zona que estaba siendo explotada ilegalmente. La Astilla presentó una solicitud de información pública ante la Municipalidad de Chiquimula para obtener una copia de dicha licencia de construcción, los planos autorizados y el detalle de los impuestos pagados por Atlas Universal entre 2017 y 2021.
El documento judicial estadounidense revela, además, que Morales es uno de los tres acusados en el “Caso Penal El Pato”, junto a Vinicio Pérez y Karin Landaverry.
Aunque El Pato GT fue constituida en 2016 por Fernando Enrique Cobar Olavarrueth, —según constató este medio en registros mercantiles de Guatemala—, el documento de la Corte de Florida revela que la empresa canadiense Goldex Resources Corporation ha reclamado la propiedad de la empresa ante la justicia federal. Goldex sostiene que Machado no era el propietario legítimo de El Pato GT, sino que “actuaba como gestor o representante”.
Mientras en Guatemala el expediente penal por la extracción ilegal permanece bajo reserva y no se han hecho públicas imputaciones formales, en Estados Unidos la titularidad misma de El Pato GT es objeto de revisión judicial dentro del proceso vinculado a una estructura de narcotráfico.
Una licencia dormida
Los habitantes de El Pato solo veían los camiones entrar por las noches y salir por las madrugada cargados de roca. Cuando comenzó el movimiento de tierra nadie avisó. “Viera cómo rugía la tierra por las noches y esto que yo vivo abajo”, contó una mujer que caminaba cerca de la mina cargando un huacal con maíz cocido. “Esas máquinas no dejaban dormir hasta que la gente le dijo al padre Mario y él vino a ver”, agregó sin dar su nombre.
El 26 de enero de 2021, el párroco Mario Canán —quien oficiaba misa una vez al mes en la pequeña iglesia del caserío El Pato— fue retenido, junto a un grupo de campesinos, por el personal de seguridad de la empresa. Un hecho que luego fue registrado por el Observatorio de Industrias Extractivas como una vulneración a los derechos humanos en la zona. El conflicto escaló porque acusaron al padre de “merodear”.
Cuando se descubrieron las operaciones en la zona, la empresa El Pato GT, S.A., titular vinculada al proyecto en ese momento, negó ser la responsable de la extracción ilegal de oro, según consigna el Observatorio de Industrias Extractivas en un informe publicado en 2023. Sin embargo, los testimonios recogidos en la comunidad señalan que era imposible que lo ocurrido en la comunidad se tratara de minería artesanal. “Eso no era minería artesanal. Usaban maquinaria pesada para sacar el oro. Un aficionado no tiene la capacidad de pasar dos meses sacando esa cantidad de roca sin que nadie lo sepa”, explicó a La Astilla un local que conoce de cerca el proyecto minero, pero que pidió anonimato.
Pese a la denuncia, en los registros del Ministerio de Energía y Minas la licencia continúa “vigente por derivada”. Es decir, el derecho minero no ha sido cancelado y legalmente todavía existe, aunque esté suspendido y sin operaciones. Mientras permanezca “Vigente por derivada” nadie puede solicitar otra licencia en ese punto y el Estado tampoco puede adjudicar el área a otro proyecto. El terreno ha quedado, en la práctica, bloqueado. Hasta 2021, Guatemala tenía 12 licencias de exploración, en su mayoría oro, bajo el estatus “vigente por derivada”.
Para organizaciones que acompañan a comunidades afectadas por proyectos extractivos, esa situación es peligrosa. “Desde un inicio se debió cancelar totalmente la licencia por un incumplimiento de la empresa”, señaló una fundación que trabaja en defensa de derechos comunitarios. Debido al clima de tensión que rodea los conflictos mineros en Guatemala, sus integrantes pidieron no ser identificados. “Cuando el pueblo exige sus derechos, la cosa se pone complicada… y los criminalizan”, advirtieron. José, de El Pato, lo resume: “Es mejor no meterse.”
La Astilla le pidió a Mariana Renata Maza una entrevista formal con un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, pero a la fecha no ha sido posible obtenerla. Además, se le enviaron tres preguntas por escrito, aún sin respuesta: ¿Por qué la licencia minera LEXR-821 (El Pato II) figura actualmente como “vigente por derivada” si en 2021 el propio Ministerio presentó una denuncia por presunta extracción ilegal de oro y plata en el área? ¿Qué fundamento técnico y jurídico sustenta que el derecho minero no haya sido cancelado? ¿Qué garantías puede ofrecer hoy el Ministerio de Energía y Minas a las comunidades de San José La Arada sobre que el proyecto no se reactivará después de la extracción ilegal de 2021 si aún se mantienen reuniones al respecto?
Aunque el caserío El Pato ya no retumba por las noches, la licencia minera de El Pato II sigue ahí, “dormida” en los registros del Estado como dicen sus habitantes. Y cuando una licencia no muere, queda la posibilidad de que despierte.
Este trabajo fue realizado por La Astilla para la Red Centroamericana de Periodistas, a través de su programa PARIIS 2026, gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras y la mentoría editorial de Jennifer Ávila.
