“Les presento la construcción del: Centro de Confinamiento del Terrorismo”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter la noche del 21 de junio. El mismo día que la Asamblea Legislativa, liderada por el oficialismo, aprobó por tercera vez consecutiva el régimen de excepción.
En tres meses el Estado ha capturado a más de 40 mil personas y la crisis de detenciones arbitrarias ya registra a 30 reos muertos solo en el centro penal de Izalco. Durante el régimen de excepción, también, una serie de organizaciones nacionales e internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, Bukele dice en el tuit que “aún falta camino por recorrer”, y en un video con un paneo de cinco minutos muestra la construcción de un “gigantesco” centro penal de máxima seguridad.
El terreno estatal es de “236 manzanas”, de las cuales solo “231, 073 metros cuadrados” están en construcción, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, en una entrevista televisiva. Según ese cálculo, la primera etapa de la megaconstrucción se hará en un espacio similar a cuatro veces el Hospital Nacional Rosales. El terreno total, podría albergar 29 veces ese mismo centro médico.
El megaproyecto carcelario es el cuarto proyecto estatal que se inicia sin contar con el permiso ambiental correspondiente. La solicitud para el “gigantesco centro penal”, como le dice el oficialismo, fue ingresada al sistema de evaluación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el 26 de mayo de 2022. En el sitio web aún no se registra la resolución del permiso.
Los otros tres proyectos que empezaron de forma ilegal son: el hospital veterinario Chivo Pets, la Biblioteca y el Estadio Nacional. En el caso del hospital, el presidente Bukele puso la primera piedra el 1 de noviembre de 2021, pero el permiso ambiental llegó hasta el 22 de enero de 2022.
Mientras que las obras para la Biblioteca Nacional de El Salvador iniciaron el 3 de febrero. Este proyecto, que fue donado por la República Popular China; llegó al ministerio de Medio Ambiente el 26 de abril de 2022 y aún sigue en evaluación. Es decir, el MARN no ha emitido resolución favorable, según consta en el sitio web.
El sitio tampoco registra permiso para demoler la Escuela Militar, donde se ubicará el Estadio Nacional. Para este tipo de actividades de demolición y disposición de ripio se requiere licencia del MARN.
Flexibilización de los permisos
Las construcciones sin permiso ambiental constituyen una infracción según el artículo 86 letra A. Pero el MARN no solo ha permitido el descapote y cambio del uso del suelo, también, ha flexibilizado los permisos para el Ejecutivo: categorizando como “mediano impacto” los tres proyectos que evalúa, es decir, la biblioteca, la megacárcel y el Chivo Pets.
Eso exime al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, de elaboración de un estudio de impacto ambiental y consulta pública.
El artículo 22 del Reglamento de General de Medio Ambiente establece que en la categoría 2 o de “mediano impacto” se incluyen proyectos que generen “daños leves” para los cuales el ministerio emitirá una resolución que exprese que “no requiere estudio de impacto ambiental”.
Pero solo el megaproyecto carcelario tendrá ocho pabellones, cada uno con capacidad para albergar 2,500 reos; un muro perimetral de 2,000 metros de largo; edificio administrativo; dos edificios de descanso para custodios, planta de tratamiento de aguas residuales, entre otra infraestructura.
Los nuevos centros penales están blindados por la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios que se aprobó el 19 de abril y que entró en vigencia el mismo día, luego de ser publicado en el Diario Oficial.
Esa ley otorga al Ministerio de Obras Públicas atribuciones como: compra de terrenos a terceros, elaboración de estudios por cuenta propia o contratando a terceros, la compra de todos los bienes, servicios o suministros para los centros penitenciarios.
La contaminación de los centros penales
La MalaYerba publicó recientemente una investigación sobre las fallas de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona paracentral del país. En la que registró 23 plantas que inspeccionó el Juzgado Ambiental de San Salvador entre 2016 y 2021.
Entre las plantas de tratamiento que contaminan de parte del Estado se encuentra la de la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca. En 2019, el Juzgado Ambiental encontró que el lugar tiene dos plantas de tratamiento de aguas residuales, y que “las aguas de ambos sistemas rebalsan” y terminaban en el río El Espino, de Zacatecoluca, La Paz. Por lo que el juez ordenó a la Dirección de Centros Penales, propietaria del proyecto, a que cumpliera con lo estipulado con el permiso ambiental, para evitar la contaminación.
