Han pasado cinco años desde que iniciaron las primeras obras en el cerro Afate, la última joya ecológica que conecta al volcán de Santa Ana con el lago de Coatepeque, en el occidente de El Salvador. Al pie de ese cerro había un cerco natural de piedras que conformaban el hogar del cangrejo del lago. Ahí, también había árboles de Mora –una especie en amenaza de extinción, según el Ministerio de Medio Ambiente– que fueron talados para dar paso a una calzada peatonal que la empresa Desarrollos Agua Caliente construyó sobre tierras estatales.
Gracias a la urbanización del Afate, ahora también son escasas las aguas termales que brotan en la playa del cerro, y que bautizan la zona con el nombre de “aguas calientes”.
Hoy, la MalaYerba completa un ciclo de seguimiento informativo a una serie de denuncias ambientales que se generaron con el inicio de obras de la residencial Aguas Calientes Lake Villas. Eso debido a que el pasado 20 de febrero, el ministro de Medio Ambiente Fernando López firmó la resolución que legalizó las actividades que la constructora empezó en 2019 sin permiso ambiental y en terrenos estatales.
Esta nueva entrega del lago de Coatepeque muestra la cara de la impunidad ambiental que impera en El Salvador, partiendo del ejemplo del cerro Afate. En donde la empresa siguió el patrón marcado por la mayoría de quintas recreativas, restaurantes, hoteles y otros negocios que rodean al área natural protegida en crisis: prefiero pedir perdón, que pedir permiso.
La ruta de la impunidad
La línea de tiempo de la urbanización del Afate empieza en 2008, cuando gobernaba ARENA. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) era joven y ya era dado a la protección empresarial y no de la naturaleza. El permiso fue otorgado por el entonces ministro Carlos Guerrero, otro empresario de hueso duro que dirigió la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) y ha formado parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Ese permiso ambiental tuvo vigencia de un año. Pero la construcción empezó 11 años después, cuando el FMLN mantenía una veda de construcciones en el lago de Coatepeque desde el 9 de agosto de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, con el fin de ordenar las actividades del lago a través de la creación de directrices de zonificación ambiental que entraron en vigencia el 18 de marzo de 2019.
Fue en la gestión de la exministra Lina Pohl, que el personal técnico del MARN encontró que había una construcción irregular en las faldas del Afate, en un terreno que en el futuro la institución identificó como tierras del Estado. En ese momento, el viceministro Ángel Ibarra, lejos de imponer una penalidad administrativa a la empresa, lo que hizo fue validar el permiso vencido con el pago de una fianza de $31, 012.93.
A inicios de 2019, el Juzgado Ambiental de Santa Ana llevó dos procesos judiciales por el caso Afate: construcción sin autorización, tala de árboles y uso de explosivos sin autorización. Con los procesos judiciales se activaron autoridades locales de la Policía Nacional Civil y la Alcaldía de Santa Ana. Acciones que no llegaron a más, pues el Juzgado Ambiental archivó los expedientes tras los informes flojos que terminaron beneficiando a la empresa.
En 2019 la gestión de Fernando López entró en el conflicto del cerro Afate, resolviendo los requerimientos del Juzgado Ambiental de Santa Ana y atendiendo la nueva solicitud de modificación del permiso por parte de Desarrollos Agua Caliente.
El 28 de octubre de ese año, el ministro López firmó la resolución que rechazó todas las actividades que la empresa pretendía construir en el cerro: una planta de tratamiento, ampliación de lotes con la incorporación de un edificio, cambio de la compensación y al programa de manejo ambiental. El argumento principal del ministerio era la Zonificación Ambiental del Lago de Coatepeque que prohíbe todo por ser un lugar de máxima protección ambiental.
La zonificación sirvió, también, para que la Alcaldía de Santa Ana negara cuatro veces el permiso de parcelación y construcción, que son los que habilitan a la empresa para arrancar con las obras. La alcaldía santaneca era dirigida por la arenera Milena de Escalón, quien mantuvo su postura de rechazo a los permisos hasta su salida de la comuna en 2021.
La empresa presionó para obtener esos permisos y demandó a la municipalidad por más de 12 millones de dólares. Ese litigio en los tribunales de lo Contencioso Administrativo y la nueva gestión municipal de Gustavo Acevedo hizo que la empresa obtuviera los permisos a cambio de quitar las demandas.
Con los permisos de la alcaldía, la empresa continuó sus obras en el Afate. Hasta que el ministerio llegó nuevamente en abril de 2022 a supervisar las obras. Ahí, los técnicos corroboraron que la construcción de la calzada peatonal se desarrollaba en un terreno estatal, así como las cajas del cableado subterráneo que servirán para iluminar la calzada. Todo eso sin permiso y en linderos afuera del terreno de la empresa, que corresponden a la zona de protección del lago y ahora área natural protegida. También encontraron las bases para una planta de tratamiento que había sido rechazada por el MARN en 2019.
Por la construcción ilegal y la falta de acciones administrativas de parte del MARN, la jueza ambiental de Santa Ana, Norma Lemus de Milla, envió el caso a la Cámara Ambiental de San Salvador para que abriera medidas cautelares en contra del ministro López. En 2023, la Cámara rechazó la imposición de medidas, bajo el argumento que el ministerio trabajaba en la incorporación de las obras en el permiso actual de la empresa.
Esa validación llegó el 20 de febrero de 2024. Cuando finalmente, el ministro López legalizó la calzada peatonal, las cajas de energía subterránea y tres muelles flotantes, todos en terrenos estatales; con el compromiso que Desarrollos Agua Caliente pida permiso a la autoridad correspondiente, es decir, solicitar una concesión a la Asamblea Legislativa.
Desarrollos Agua Caliente es un brazo de Corporación Venecia, una empresa oficialmente representada por Lornee Willian Quintanilla Monroy, pero maniobrada por Marco Antonio Zablah Safie. Al inicio esta residencial de lujo era comerciada por la suegra del presidente Nayib Bukele y la hermana de Zablah Safie. Con el tiempo la empresa amplió su marketing trabajando con otros agentes inmobiliarios.
La MalaYerba asistió a la reciente conferencia de prensa del MARN, donde el ministro López anunció la Emergencia Ambiental en el lago de Coatepeque debido a la muerte masiva de algas que generan una coloración café del agua y mal olor.
Ahí el ministro López respondió a este medio que en el lago ha dado “cientos de permisos” y que no sabe si la construcción del paso peatonal del Afate está en área estatal, “lo puede meter por OIR (Oficina de Información y Respuesta) si gusta”, alentó el funcionario.
El ministro López, además, aclaró que las construcciones no están prohibidas y aprovechó para repetir un mensaje que ha caracterizado a su gestión: “El desarrollo no puede detenerse y nosotros nos mantenemos en esa frase, el desarrollo no puede tenerse. Lo que sí debe hacerse es regular ese desarrollo, que todos los desarrollos cumplan con las leyes, que cumplan con las normas, que cumplan con el tema de vertidos de agua, que cumplan con el tema de disposición final”, agregó el ministro cuyas resoluciones no han sido acatadas por Desarrollos Agua Caliente en la construcción del Afate.
Una de las personas que más tiempo ha invertido en buscar solución a los problemas del lago de Coatepeque es Rubén Sorto, un biólogo afincado en ese ecosistema por más de 10 años. Sorto repite las palabras del ministro “no podemos parar el desarrollo”, las repite y se pregunta “¿desarrollo para quién? ¿progreso para las comunidades? ¿desarrollo de los ecosistemas? Para mí eso es ser cínico, para mí eso es greenwashing y decir que estás cuidando el medio ambiente cuando estás dando permisos para construir”, dice tajantemente.
Para César Artiga, del Equipo Impulsor de Escazú, lo que ocurre en el cerro Afate es parte de “la cultura de privilegios e impunidad en materia ambiental” que está enraizada en el Estado salvadoreño.
“Realmente lo que veo es un patrón de negligencia histórico, que nos lleva a que reine la impunidad. Es decir, son los actores privados los que deciden dónde urbanizar y no es el estado ordenando el territorio para salvaguardar y proteger los bienes comunes naturales”, agrega Artiga.
Julio Rodríguez, doctorando en antropología social de la Universidad de Carolina del Norte y especialista en temas de economía y medioambiente, considera que “es muy difícil parar una obra una vez el daño está hecho. Y eso se ha visto una y otra vez con el sector inmobiliario: pasó en Nuevo Cuscatlán con el proyecto La Florida, pasó también con el proyecto Kuaukali del IPSFA. Y lo que eso te dice es que los empresarios están dispuestos a asumir el costo de que el Estado intervenga, que se les ponga una denuncia, que haya un proceso judicial”, explica.
En 2023, la Cámara Ambiental registraba que el MARN había iniciado 14 medidas preventivas en el lago de Coatepeque, pero en ninguna se registraron sanciones impuestas. El ministro López dijo en la conferencia del 8 de abril que han enviado avisos a la Fiscalía General de la República para que intervengan en varios casos del lago, sin entrar en detalle de cuántos casos ni nombres de empresas.
Al analizar a la industria inmobiliaria y los riesgos que toman al romper las reglas y entrar en estos procesos judiciales, hay un aspecto sobre el valor de la tierra que no hay que dejar de ver, dice Rodríguez. Y es que “para cuando la empresa venga a terminar las obras ese suelo en el lago de Coatepeque será tan caro que los costos (judiciales) que haya implicado el caso, no representarán un impedimento para su ganancia. En ese sentido, el problema tiene que ver más con la mercantilización de la tierra y su conversión en un activo de inversión especulativa” agrega.
El biólogo Sorto, por su parte, hace la conexión entre la impunidad ambiental y la crisis actual del lago, asegurando que “tratan de acusar a la demás gente cuando ellos no hicieron su trabajo. Y ocupan de chivo expiatorio un problema tan complejo como la muerte excesiva de algas por calentamiento global, para venir a amedrentar a la gente más necesitada, imagínense que no dejan trabajar a los pescadores que viven del lago”, critica.
El caso del cerro Afate se ha vuelto emblemático para representar el “sello del bukelismo, que es la imposición de proyectos, megaproyectos e iniciativas públicas y privadas que no respetan el ambiente ni a las comunidades. Y lo que buscan es imponer precisamente un modelo de desarrollo basado en el saqueo y explotación de los pueblos y de la naturaleza”, analiza Artiga.
Una nueva realidad climática
Las constantes olas de calor registradas en El Salvador entre marzo y abril han impactado a ecosistemas como el lago de Coatepeque, cuyas aguas se han tornado color pardo y tienen olor a pescadería.
Sobre el fenómeno hay dos versiones: la oficial es que hay una proliferación de cianobacterias del género Limnoraphis, ocasionada por las “altas temperaturas y el aumento de fósforo y nitrógeno, vinculados a actividades humanas como la agricultura y el riego”, detalla el Decreto Ejecutivo 12 con el que MARN estableció Estado de Emergencia Ambiental.
El biólogo Sorto es el único que contradice esta versión, asegurando que no se trata de una proliferación de algas, sino la muerte masiva de cianobacterias. Estos organismos no resisten el aumento de temperatura que genera el cambio climático y el fenómeno de El Niño que han tenido un pico en el primer trimestre de año.
“El problema es entender primero la dinámica de las poblaciones del lago y aceptar esta nueva realidad climática que estamos viviendo. Entender que todo lo que haga alrededor de la cuenca va a afectar la zona núcleo que es el agua”, agrega el biólogo.
El ministro, sin embargo, aclaró que las construcciones no están prohibidas, pero sí la pesca y actividades turísticas.
Ahí propone el biólogo que para ayudar a que el lago resista los cambios de clima se debe procurar “sembrar árboles y cuidar la naturaleza que tenemos, pero estamos haciendo todo lo contrario, porque como dijo el señor ministro no podemos frenar el desarrollo”, concluye Sorto.
